La Empresa Agroindustrial de Jobabo acumuló en 2026 una deuda superior a 2,7 millones de pesos con el fisco cubano, luego de retener impuestos de sus trabajadores sin transferirlos al Estado y de incumplir otras obligaciones tributarias. La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) le aplicó además un recargo por mora cercano a 200,000 pesos y una multa de casi medio millón, informó CubaNet.
El incumplimiento tributario se suma a problemas productivos, una deuda salarial no cuantificada con sus empleados y el deterioro o pérdida de buena parte de la infraestructura de la entidad estatal. Radio Cabaniguán no precisó desde cuándo se mantiene el adeudo con los trabajadores.
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Impuestos retenidos y ventas sin declarar
Los inspectores detectaron que la empresa descontaba de las nóminas la Contribución Especial a la Seguridad Social y el Impuesto sobre los Ingresos Personales, pero no ingresaba esos fondos al presupuesto estatal. Por ambos conceptos, la deuda supera los 188.000 pesos y se acerca a 42,000 pesos, respectivamente.
La mayor omisión correspondió al Impuesto sobre las Ventas: la compañía dejó de declarar y pagar 1.041.499 pesos por las operaciones realizadas en La Punta, un punto de venta de su mercado agropecuario. Esa suma no fue contabilizada por separado ni tributó como correspondía.
La contribución a la seguridad social que debe pagar la propia entidad generó otro adeudo de 465.184,35 pesos. La empresa excluyó de la base de cálculo parte de los salarios que la legislación obliga a considerar.
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La ONAT también reclamó más de 98.000 pesos por el impuesto sobre la utilización de la fuerza de trabajo. El organismo consideró que áreas como la dirección, Losa Sanitaria, Aseguramiento Técnico Material, el personal de servicio, Maquinado, El Ranchón y la Unidad de Servicio no realizan tareas agrícolas, por lo que sus plantillas están sujetas a ese tributo.
La contribución territorial para el desarrollo local, destinada al municipio, acumuló una deuda cercana a un cuarto de millón de pesos. La compañía efectuó un aporte reducido en febrero y no volvió a pagar durante el resto del año.
Registros incompletos y antecedentes de deterioro
La falta de liquidez no justificó los incumplimientos, de acuerdo con la inspección. Los especialistas atribuyeron las deudas a registros contables incompletos y al manejo descuidado de las obligaciones tributarias por parte de la administración.
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El control interno recibió la calificación de Deficiente. La entidad tampoco contaba con documentación ni sistemas que respaldaran sus operaciones, ni con cruces de información que permitieran detectar errores, mientras que la sanción fue agravada por incumplimientos anteriores en la disciplina de pago.
La actual empresa surgió de la antigua Unidad Empresarial de Base Integral Agropecuaria, que debía pasar a subordinación municipal. El 3 de mayo de 2023, directivos del sector explicaron a Radio Cabaniguán que la nueva estructura heredaría una deuda millonaria de la desaparecida empresa provincial y que aspiraban a devolverle el lugar de segundo mayor aportador al presupuesto de Jobabo.
Un año después, el director de la unidad, Ángel Expósito Suárez, afirmó que solo faltaba un trámite bancario para completar la transformación institucional. También reconoció que la producción estatal atravesaba cinco años de deterioro, que el sector no entregaba leche desde 2018 y que el rebaño había caído por debajo de 400 animales.
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La situación contrasta con las sanciones anunciadas para contribuyentes privados en el municipio. En mayo, la directora provincial de la ONAT, Yusdanis Ojeda Osoria, dijo al periódico 26 que Jobabo y el municipio de Las Tunas registraban más de 1,000 incumplidores cada uno en la declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025, principalmente trabajadores por cuenta propia y algunos usufructuarios.
Para esos contribuyentes se anunciaron multas de entre 2.000 y 40.000 pesos, aunque ninguna sería inferior a 14.000 pesos. Entre los lectores de Radio Cabaniguán, Osvaldo Ramírez pidió revisar al resto de las empresas estatales y privadas, mientras Maribel Mendoza Milián consideró “bochornoso que una empresa estatal que debiera dar la ejemplaridad suceda ese problema y lo que trae detrás”.
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