La periodista cubana Camila Acosta denunció este martes que ella y su esposo, el escritor Ángel Santiesteban-Prats, fueron citados para comparecer el jueves 19 de noviembre, a las 10:00, en la estación policial de Zapata y C, en La Habana, bajo una denuncia por presunto “atentado”, un delito que puede acarrear penas de entre dos y cinco años de prisión en Cuba.
Según una publicación de Acosta en Facebook, recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como coronel Márquez, jefe de esa unidad policial. Durante la comunicación, el funcionario le informó que tanto ella como su pareja enfrentan una denuncia y que el capitán Pileta les daría detalles cuando se presentaran en la estación.
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La comunicadora afirmó que la citación podría tener como objetivo informarles sobre posibles cargos. “Desconocemos los motivos de esta nueva acción represiva en nuestra contra”, escribió Acosta, quien trabaja para el medio independiente CubaNet Noticias.
La acusación por “atentado” contempla penas de hasta cinco años de prisión
Acosta explicó que el artículo 182 del Código Penal cubano establece penas de prisión de dos a cinco años por el delito de atentado. La norma contempla sanciones contra quienes empleen violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público o sus agentes.
Aparte de esto, incluye la protección de testigos, víctimas y familiares. Para que se configure el delito, la agresión o la amenaza debe tener el propósito de impedir un acto oficial, obligar a una autoridad a ejecutarlo o castigarla por el cumplimiento de sus funciones.
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Acosta rechazó haber cometido algún delito y vinculó la denuncia con su trabajo periodístico y con las denuncias públicas sobre la situación de los derechos humanos en la isla. “Nuestra única ‘infracción’ se basa en ejercer la libertad de expresión y denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba”, sostuvo.
“El régimen cubano ha iniciado una ola represiva al estilo ‘cacería de brujas’ contra todas las voces disidentes dentro de la isla. Con ello, pretenden silenciarnos, llevarnos a prisión o forzarnos al exilio”, indicó Acosta
De acuerdo con CubaNet, Acosta fue detenida el 3 de noviembre y salió con un acta de advertencia. Mientras que Santiesteban-Prats, fue sancionado el 5 de noviembre a dos años de limitación de libertad, en un proceso que él atribuye a presiones de la Seguridad del Estado.
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El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) recordó que informar no constituye un delito. La organización exigió que las autoridades aclaren de inmediato los motivos de la acusación, garanticen que ambos puedan comparecer con asistencia legal y eviten el uso de procesos penales para presionar a periodistas y activistas por su labor.
Activistas cubanos denunciaron nuevas citaciones e interrogatorios de la Seguridad del Estado
El caso se suma a otros episodios denunciados esta semana por sectores críticos al régimen cubano. En Pinar del Río, el integrante del Centro de Estudios Convivencia (CEC), Yoandy Izquierdo Toledo, fue citado por la Seguridad del Estado los días 16 y 17 de noviembre.
De acuerdo con la información difundida por el CEC, Izquierdo Toledo permaneció durante varias horas en dependencias de ese organismo. Las autoridades investigan una supuesta denuncia relacionada con su lugar de trabajo, aunque no se precisaron los hechos ni una posible figura penal.
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El activista forma parte de una organización dedicada a promover propuestas de participación cívica y análisis sobre la realidad cubana. La citación coincidió con otros llamados a interrogatorios de periodistas, opositores y defensores de derechos humanos.
También el 17 de noviembre, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, compareció ante una instructora en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana. Según la denuncia, fue interrogada por una protesta realizada el 7 de noviembre en los alrededores de la sede de la organización.
La manifestación estuvo relacionada con la falta de agua en la zona.
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