El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denuncia un acumulado de 3,051 acciones represivas en Cuba durante los primeros nueve meses de 2026, tras documentar al menos 344 abusos estatales en el mes de septiembre.
Según el informe difundido por la organización independiente, el registro del noveno mes incluyó 17 detenciones arbitrarias y 327 violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales, caracterizadas por la persecución a periodistas independientes, el asedio a activistas en sus hogares y el maltrato contra prisioneros políticos.
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El desglose estadístico del organismo revela una constante presión institucional contra la ciudadanía. Durante septiembre, los abusos afectaron a 189 hombres y 155 mujeres, en una dinámica que mantiene la tendencia observada a lo largo del año.
En los meses de abril y agosto se registraron los picos más elevados del periodo, con 395 y 402 actos de hostigamiento, respectivamente, lo que confirma una estrategia gubernamental orientada a neutralizar cualquier manifestación de disidencia.
“Ha sido un mes nefasto para la libertad de expresión y el periodismo independiente. El régimen, en medio de su impopularidad, quiere imponer la ley del silencio y lamentablemente creemos que pueden ir a peor”, afirmó Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH.
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El representante subrayó que la postura oficial de no negociar asuntos políticos internos busca preservar las normas y mecanismos legales que amparan la persecución ciudadana.
Los arrestos arbitrarios de septiembre incluyeron violencia e interrogatorios a comunicadores y activistas
Las 17 detenciones sin orden judicial ocurrieron en su mayoría en La Habana, aunque también se reportaron casos en las provincias de Holguín, Camagüey y Matanzas.
Las fuerzas de seguridad dirigieron estos procedimientos contra opositores, líderes religiosas, intelectuales y ciudadanos sin filiación política. Varias de las intervenciones incluyeron:
- Agresiones físicas
- Confiscación de bienes
- Intimidaciones de procesamiento penal.
Entre las víctimas figura el periodista independiente Henry Constantin, a quien arrestaron el 16 de septiembre y trasladaron a un régimen de prisión preventiva. De igual modo, las autoridades aprehendieron a la docente Alina Bárbara López Hernández cuando intentaba manifestarse pacíficamente para exigir la excarcelación de los prisioneros de conciencia.
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La represión alcanzó asimismo a extranjeros, como ocurrió con el creador de contenido salvadoreño Óscar Sandoval, retenido e interrogado en el aeropuerto antes de abordar su vuelo internacional.
Las fuerzas policiales impusieron 151 cercos domiciliarios a la sociedad civil y a líderes religiosas
El sitiado de viviendas alcanzó 151 casos en septiembre y se consolidó como la táctica de control social predominantemente empleada por los órganos de inteligencia.
Los operativos se concentraron en fechas de significación religiosa para impedir la asistencia a servicios dominicales de integrantes de las Damas de Blanco. Las activistas Berta Soler, Ángel Moya y María Cristina Labrada permanecieron bajo cerco policial durante cuatro domingos consecutivos y durante las festividades de la Virgen de Regla, la Virgen de la Caridad del Cobre y la Virgen de las Mercedes.
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La vigilancia se intensificó el 18 de septiembre para evitar la presencia de disidentes en un encuentro diplomático convocado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Agentes de la policía mantuvieron retenidos en sus hogares a los periodistas Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar y Camila Acosta, además del activista Óscar Elías Biscet. A finales de mes, Camila Acosta e Ángel Santiesteban-Prats sufrieron nuevas restricciones de movimiento para evitar su asistencia a un juicio penal.
En el ámbito judicial, se confirmaron ocho sentencias contra opositores en la provincia de Las Tunas por el delito de propaganda contra el orden constitucional. La resolución dictada por el Tribunal Provincial Popular impuso una pena de ocho años de privación de libertad.
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Paralelamente, continúan los procesos penales contra realizadores audiovisuales e influenciadores digitales. El creador del espacio satírico Despingovery Channel, Eduardo Ceballos Pérez, cumplió 100 días en prisión provisional en la cárcel Combinado del Este acusado del delito de presunto espionaje.
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