El periodista Austin Llerandi, salió de Cuba el 29 de septiembre rumbo a Brasil junto a su esposa embarazada, después de que agentes de la Seguridad del Estado le advirtieran que podría enfrentar una causa penal si continuaba con la distribución de su boletín impreso, según denunció este miércoles el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
La organización definió el caso como un exilio forzoso y sostuvo que el periodista fue colocado ante una elección entre abandonar el país o ir a prisión. Llerandi dirigía Amanecer Habanero, una publicación comunitaria destinada a informar a vecinos de La Habana sobre asuntos locales.
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El ICLEP señaló que la salida se produjo antes de que venciera un plazo de dos meses que, según su denuncia, un funcionario del régimen le habría planteado en agosto como alternativa a un eventual proceso judicial. La entidad afirmó que las amenazas incluyeron referencias al embarazo de la esposa del periodista y a la hija que espera la pareja.
La presión comenzó con una visita a la casa de su padre
De acuerdo con la cronología difundida por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), dependiente del ICLEP, el 13 de julio un agente que se identificó como Rodrigo se presentó en la vivienda de Lázaro Llerandi Capote, padre del comunicador, para buscarlo.
Según el relato de la organización, el agente afirmó que conocían el domicilio de Llerandi y las visitas de la pareja al hospital por el embarazo. Ese mismo día, el periodista recibió una citación para acudir a la estación policial de Marianao, en La Habana.
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Al día siguiente, fue interrogado durante más de una hora. El ICLEP indicó que un agente le mostró un expediente de instrucción penal por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado y una edición de Amanecer Habanero almacenada en su teléfono. Durante ese encuentro, siempre según la denuncia, le comunicaron que podía terminar en prisión si persistía con la distribución del boletín.
La segunda citación ocurrió el 20 de agosto. Un hombre que, según el testimonio recogido por el OCLE, se negó a identificarse entregó una orden para que el periodista se presentara al día siguiente. Llerandi rechazó firmar el documento porque no conocía la identidad de quien se lo entregaba.
El ICLEP afirmó que fue detenido durante cinco horas en Marianao
El 21 de agosto, Llerandi acudió a la citación y quedó detenido durante cinco horas en la estación de Marianao, conocida como “La Sexta”, según el comunicado. La organización sostuvo que estuvo encerrado bajo llave e incomunicado durante tres horas.
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Un oficial que se identificó como capitán Miguel le habría mostrado un expediente con el inicio de una acusación bajo el Decreto-Ley 370 y un acta de advertencia. El ICLEP aseguró que el funcionario le indicó que una nueva citación podría derivar en cargos por desacato.
La entidad afirmó que, durante esa detención, las autoridades le ofrecieron la posibilidad de no procesarlo si abandonaba Cuba en un plazo de dos meses. La propuesta, según el ICLEP, estuvo acompañada por referencias al embarazo de su esposa y a la futura hija de ambos.
El periodista abandonó el país el 29 de septiembre, apenas cinco semanas después de ese episodio, acompañado por su pareja. El comunicado no precisó si Llerandi planea permanecer en Brasil ni cuáles serán sus pasos posteriores.
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La organización presentó pedidos ante la CIDH y las Naciones Unidas
El ICLEP informó que había solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 26 de agosto, con referencia MC-1624-26. El 5 de septiembre envió información adicional a pedido de la secretaria ejecutiva adjunta del organismo, María Claudia Pulido.
La entidad también comunicó que presentó una denuncia urgente ante mecanismos especiales de las Naciones Unidas el 24 de agosto. El escrito fue dirigido a la relatora especial sobre libertad de opinión y expresión, Irene Khan; a la relatora sobre defensores de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas; y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
Normando Hernández, director general del ICLEP, sostuvo que Llerandi fue perseguido por ejercer su labor periodística. “Austin Llerandi no cometió ningún delito. Repartió un boletín que cuenta lo que ocurre en su comunidad”, afirmó en la declaración difundida por la organización.
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El ICLEP pidió a la CIDH que acelere el análisis de la medida cautelar y solicitó a los mecanismos de Naciones Unidas que incorporen la salida del periodista a la comunicación ya presentada. También reclamó al Gobierno de Brasil que otorgue protección a Llerandi y su familia.
La organización vinculó el caso con la situación de los medios independientes en Cuba y sostuvo que la salida de periodistas del país reduce las posibilidades de cobertura local en comunidades que no cuentan con prensa estatal independiente.
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