El régimen de Cuba autorizó la apertura de guarderías privadas, bajo la figura de Casas de Cuidado Infantil, y estableció nuevas obligaciones para los propietarios que alquilen inmuebles a particulares, cooperativas o empresas privadas.
Las disposiciones fueron publicadas este miércoles dos de septiembre en la Gaceta Oficial como parte del paquete de transformaciones económicas y sociales aprobado por las autoridades cubanas en junio. La Resolución 30/2026 del Ministerio de Educación habilita el funcionamiento de centros privados de cuidado infantil. Las personas a cargo deberán completar un curso de capacitación previo y ajustarse a requisitos vinculados con la formación de los niños.
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Entre las condiciones fijadas por la norma figura la enseñanza del respeto a los símbolos nacionales y la promoción de valores “acordes a la sociedad”, según el texto difundido por las autoridades. Las Casas de Cuidado Infantil podrán constituirse como una nueva actividad privada dentro de la ampliación del marco legal para el sector no estatal cubano.
La resolución dispone que las cuidadoras tendrán que recibir formación antes de comenzar a trabajar. El Estado mantendrá facultades de supervisión sobre el cumplimiento de las condiciones definidas para este tipo de establecimientos.
Las normas también incluyen cambios para la educación privada fuera del sistema escolar. Los profesores podrán ofrecer clases particulares y repaso, incluso si trabajan en instituciones públicas, siempre que lo hagan fuera de su horario laboral.
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Los docentes no podrán emitir títulos o diplomas, utilizar instalaciones estatales ni emplear libros oficiales. Además, deberán ofrecer clases sin costo a niños vulnerables de las comunidades donde desarrollen su actividad.
Nuevas reglas para los alquileres
El nuevo paquete regulatorio también modifica las reglas para los alquileres. Los propietarios podrán arrendar inmuebles a las nuevas sociedades privadas y a las cooperativas, una posibilidad que amplía el uso comercial de viviendas y locales.
A partir de la entrada en vigor de las medidas, los arrendadores deberán llevar un registro de las personas que pernocten en el inmueble y conservar esa información durante cinco años.
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Cuando el huésped sea un ciudadano cubano residente en el exterior o un extranjero, el propietario deberá comunicar sus datos de manera directa al Ministerio del Interior.
Las disposiciones se integran en las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el régimen cubano. El plan incluye cambios en la actividad privada, el comercio exterior, el sector inmobiliario y la organización de las empresas estatales.
La publicación de las medidas ocurrió un día después de que el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera difundiera declaraciones de su viceministro, Carlos Luis Jorge Méndez, quien afirmó que las reformas “van en serio”.
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El funcionario aseguró que el plan ya está en marcha y que su implementación busca modificar de forma profunda el funcionamiento de la economía nacional en medio de una crisis que afecta a la isla desde hace seis años.
“Las medidas se encuentran entre las 176 reformas económicas aprobadas en junio. Este es un proceso real. Esto va en serio. Estamos realizando transformaciones que están cambiando profundamente el funcionamiento de la economía nacional”, expresó el viceministro.
La aplicación de ese paquete coincide con un escenario que se agravó desde enero, cuando comenzó el bloqueo petrolero de Estados Unidos, y que sumó desde mayo nuevas sanciones consecutivas con el objetivo de forzar cambios políticos y económicos en Cuba.
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El paquete aprobado en junio apunta a descentralizar decisiones económicas, ampliar la autonomía de las empresas estatales, modificar las reglas para el comercio exterior y habilitar una mayor participación privada en distintas actividades, incluida la financiera. Las disposiciones entran en vigor en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba desde hace varios años.
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