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Costa Rica registró un aumento de 176.6% en especies amenazadas entre 2011 y 2025

La tala, el cambio de uso del suelo y la fragmentación de los bosques figuran entre los factores que afectan la conservación de especies vegetales y animales.

Costa Rica contabilizó 805 especies amenazadas en el Informe Estado de la Nación, una cifra que superó en 176,6% el registro de 2011. (EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo)

Son 805 especies amenazadas con presencia en Costa Rica que contabilizó el Informe Estado de la Nación 2025-2026 en su capítulo Armonía con la naturaleza: 486 corresponden a flora y 319 a fauna.

El total representa un aumento de 176.6% frente a las cerca de 291 especies amenazadas reportadas en 2011. El documento indica que la variación puede responder, en parte, a más evaluaciones y a actualizaciones en las clasificaciones, aunque también se asocia con presiones ambientales acumuladas.

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La clasificación se basa en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Las categorías de vulnerable, en peligro y en peligro crítico agrupan a las especies con distintos niveles de riesgo de desaparición en estado silvestre.

Las 486 especies vegetales amenazadas equivalen al 15.1% del total de flora evaluada en Costa Rica. La proporción es mayor que la registrada para la fauna, donde las especies en riesgo representan el 7.5% de las evaluadas.

La conservación de las plantas se relaciona con la protección del suelo, la infiltración de agua, la captura de carbono y la disponibilidad de alimento y refugio para otras especies. La reducción o fragmentación de la cobertura vegetal puede afectar esas funciones.

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El informe señala la tala, el cambio de uso del suelo, la construcción de caminos, la expansión urbana y ciertas actividades agrícolas entre las presiones que alcanzan a los ecosistemas forestales.

Durante 2025, cerca de cuatro de cada diez denuncias tramitadas por el Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales estuvieron relacionadas con tala o aprovechamiento forestal.

La importación de agroquímicos aumentó 44.2% respecto de 2024. El informe vincula el uso intensivo de estos productos con posibles impactos sobre los suelos, la vegetación, los ríos, las nacientes y los acuíferos.

Las denuncias por tala y aprovechamiento forestal representaron cerca de cuatro de cada diez casos tramitados en materia ambiental durante 2025. (Foto: cortesía)

Cerros de Escazú figura entre las zonas con presión inmobiliaria

La Zona Protectora Cerros de Escazú aparece como uno de los casos donde la expansión inmobiliaria puede generar presión sobre el bosque, los suelos, las nacientes y la conectividad ecológica.

El texto menciona movimientos de tierra, construcciones, apertura de accesos y fraccionamiento de propiedades. Estas acciones ocurren en un área urbana y periurbana con alto valor económico.

El informe señala que los impactos ambientales no dependen únicamente de obras de gran tamaño. Las intervenciones dispersas y repetidas también pueden modificar gradualmente las condiciones de un territorio.

La fragmentación de los bosques puede producirse por carreteras, cultivos, urbanizaciones y construcciones. Esa división limita la conexión entre parches naturales y puede dificultar la reproducción y dispersión de especies vegetales.

El almendro amarillo es citado como un ejemplo de la relación entre flora y fauna. Su aprovechamiento está restringido en Costa Rica porque ofrece hábitat y alimento para la lapa verde.

La fauna amenazada incluye especies terrestres y marinas

El registro de 319 especies de fauna amenazada comprende mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, invertebrados y especies marinas y costeras.

La pérdida o degradación de bosques, humedales, manglares, ríos y áreas costeras reduce los espacios disponibles para alimentación, refugio y reproducción. El informe también plantea que las alteraciones de los corredores ecológicos pueden afectar la movilidad de los animales.

Entre los territorios mencionados figuran los humedales de Térraba-Sierpe, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, el Parque Nacional La Amistad, el Área de Conservación Guanacaste y los ecosistemas del Golfo de Nicoya.

La contaminación del agua constituye otro factor señalado. Los plaguicidas, las aguas residuales, los residuos sólidos y los metales pesados pueden modificar las condiciones de ríos, humedales y acuíferos.

La Zona Protectora Cerros de Escazú afronta presiones sobre sus bosques debido a movimientos de tierra y fraccionamiento de terrenos. (EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo)

En la Zona Norte y en Oreamuno de Cartago se detectaron contaminantes asociados con agroquímicos en fuentes de agua. La situación provocó el cierre de pozos y nacientes, según el documento.

Los decomisos de animales silvestres aumentaron entre 2023 y 2025

El Organismo de Investigación Judicial reportó 285 animales silvestres decomisados en 2025. El registro había sido de 77 individuos en 2023.

La diferencia equivale a un incremento de 270%. El informe indica que este resultado puede reflejar una mayor acción de control y, al mismo tiempo, la continuidad del tráfico, la tenencia ilegal y otras presiones sobre la fauna.

La pesca ilegal también aparece entre las actividades atendidas por el Servicio Nacional de Guardacostas. Las acciones de seguridad se orientan a la protección de recursos marino-costeros.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) expresó preocupación por la participación de Costa Rica en el comercio internacional del tiburón sedoso, Carcharhinus falciformis.

El planteamiento se relaciona con la necesidad de revisar si la extracción y comercialización de la especie cumplen criterios de sostenibilidad y las disposiciones de protección internacional.

Las áreas protegidas requieren capacidad de vigilancia y monitoreo

Costa Rica cuenta con más de 1.3 millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas y más de 16.5 millones de hectáreas de áreas marinas protegidas.

El informe sostiene que la existencia de estas figuras legales no asegura por sí sola una conservación efectiva. La vigilancia, el monitoreo, el personal disponible y los recursos financieros forman parte de las condiciones necesarias para proteger esos espacios.

Las más de 1.3 millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas enfrentan limitaciones de presupuesto y personal para su monitoreo efectivo. (Foto: cortesía)

El documento menciona limitaciones relacionadas con el presupuesto, la capacidad institucional, los conflictos por propiedad privada, la presión urbana y turística, y la coordinación entre entidades públicas.

Los humedales de Gandoca-Manzanillo, Térraba-Sierpe y Salamá, en Osa, concentran algunas de las preocupaciones reseñadas. Las intervenciones humanas, la contaminación, los proyectos de infraestructura y los cambios en delimitaciones pueden alterar sus condiciones ecológicas.

Estos ecosistemas están vinculados con la regulación de inundaciones, la calidad del agua, la pesca y el almacenamiento de carbono. También sirven como hábitat para diversas especies.

El informe identifica desafíos en la gestión ambiental

El reporte asocia la situación de la biodiversidad con una aplicación fragmentada y desigual de las normas ambientales. También cita la falta de ordenamiento territorial en distintos cantones y las dificultades para prevenir cambios de uso del suelo en zonas sensibles.

La gestión de residuos y aguas residuales es otro de los aspectos considerados. La dependencia de rellenos sanitarios y de tanques sépticos mantiene riesgos de contaminación para suelos y acuíferos.

Las comunidades, asociaciones y organizaciones ambientales participan mediante denuncias y acciones de defensa de los ecosistemas. El documento considera que esa participación es relevante, aunque no sustituye las tareas de fiscalización y protección a cargo de las instituciones públicas.

La situación de la flora y la fauna se vincula con servicios como el abastecimiento de agua, la estabilidad de los suelos, la polinización, la pesca, el turismo y la regulación climática. El informe plantea que las alteraciones en esos sistemas pueden tener efectos sobre comunidades rurales, productores, pescadores, hogares y gobiernos locales.

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