La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Patricia Vargas González, reveló que ocho de cada diez personas consultadas en una evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aseguraron haber resuelto completamente sus conflictos legales mediante los mecanismos de justicia disponibles.
Durante una intervención pública este lunes 16 de noviembre, la magistrada destacó los resultados de un informe publicado a inicios de octubre, en el que se examinó el funcionamiento de los sistemas judiciales y las experiencias de sus usuarios.
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De acuerdo con los datos expuestos por Vargas, siete de cada diez personas consideraron que los procedimientos utilizados para solucionar sus conflictos fueron justos y equitativos, mientras que el 80% afirmó haber alcanzado una resolución completa.
La presidenta del Poder Judicial también aseguró que Costa Rica obtuvo el primer lugar entre los países evaluados de la OCDE en materia de acceso a mecanismos para resolver problemas legales, entre ellos los juzgados, la mediación y el arbitraje.
Estos resultados, según la jerarca, reflejan aspectos positivos del sistema judicial costarricense, particularmente en la disponibilidad de alternativas para que la ciudadanía pueda buscar soluciones a sus conflictos.
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Satisfacción de usuarios alcanza el 73%
Otro de los indicadores mencionados por la magistrada corresponde a las evaluaciones internas realizadas por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, que registraron un 73% de satisfacción general entre las personas usuarias.
Vargas sostuvo que estos resultados permiten reconocer el trabajo desarrollado por las distintas dependencias judiciales y el compromiso de sus funcionarios.
Durante su intervención, agradeció a quienes trabajan diariamente en la administración de justicia y aseguró que los avances responden al esfuerzo colectivo de la institución.
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Sin embargo, insistió en que los indicadores favorables no deben interpretarse como una señal de que todos los problemas del sistema han sido solucionados.
“Este informe favorable no significa que todo esté resuelto”, advirtió la presidenta de la Corte.
Rezago judicial continúa entre los principales desafíos
A pesar de los resultados expuestos, Patricia Vargas reconoció que la acumulación de expedientes y la lentitud de determinados procedimientos siguen representando desafíos importantes para la justicia costarricense.
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La magistrada explicó que una de sus prioridades consiste en impulsar proyectos destinados a agilizar la tramitación de procesos y mejorar la eficiencia de los despachos judiciales.
“Vamos por un buen camino, pero creo que también tenemos mucho trabajo por hacer”, manifestó.
Vargas asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el 26 de octubre de 2026, tras ser elegida por Corte Plena para un período de cuatro años. Entre sus prioridades de gestión figura precisamente la reducción del rezago judicial.
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La jerarca aseguró que la institución trabaja en iniciativas que buscan mejorar los tiempos de respuesta y garantizar soluciones oportunas a quienes acuden a los tribunales.
Cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico
Durante su intervención, Vargas también se refirió a la reunión que sostuvo el viernes 13 de noviembre con la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand.
El encuentro tuvo como objetivo fortalecer las relaciones de cooperación bilateral y dar continuidad a las acciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado.
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La magistrada destacó especialmente la participación del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en los esfuerzos desarrollados junto a las autoridades estadounidenses.
Explicó que esta alianza también debe contribuir a mejorar los servicios judiciales y agilizar los procedimientos institucionales.
Para la presidenta de la Corte, los resultados internacionales y la cooperación con otros países representan oportunidades para fortalecer la administración de justicia, aunque reiteró que todavía existen tareas pendientes.
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El objetivo, señaló, es conseguir que las personas encuentren respuestas “oportunas” y “efectivas” cuando recurran al sistema judicial costarricense.
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