El Ministerio de Salud de Costa Rica oficializó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035, una hoja de ruta que orientará durante la próxima década las políticas públicas destinadas a garantizar que todas las personas puedan acceder a una alimentación saludable, suficiente, inocua y sostenible.
La iniciativa se complementa con un Plan de Acción 2026-2030, que establece las primeras medidas concretas para avanzar en los objetivos trazados y fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad alimentaria y nutricional en el país.
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El proceso fue liderado por el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y pretende articular acciones dirigidas tanto a la producción y disponibilidad de alimentos como a la nutrición, la educación y la creación de condiciones que faciliten elecciones saludables.
Uno de los datos que sustenta la necesidad de la estrategia es que el 16.4% de los hogares costarricenses enfrenta dificultades para acceder a una alimentación saludable y suficiente, según la información divulgada con la presentación del plan.
Para las autoridades, esta situación evidencia la necesidad de mantener una política nacional que permita coordinar esfuerzos para reducir las desigualdades, proteger la salud y garantizar el derecho a una alimentación adecuada.
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Una estrategia que abarcará la próxima década
El nuevo plan establece una ruta de trabajo interinstitucional que busca fortalecer varios componentes del sistema alimentario del país.
Entre ellos figuran la disponibilidad de alimentos, la producción sostenible, la educación alimentaria y nutricional y la mejora de los entornos donde las personas compran y consumen alimentos.
La estrategia pretende, además, desarrollar condiciones que permitan que la población tenga mayores posibilidades de adoptar hábitos saludables sin que esas decisiones dependan únicamente de factores individuales.
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En ese sentido, el plan parte de una visión integral de la seguridad alimentaria, entendida no solamente como la existencia de productos disponibles en el mercado, sino también como la capacidad de las familias de acceder a ellos y consumirlos bajo condiciones que favorezcan su bienestar.
El Ministerio de Salud destacó que la iniciativa se enmarca dentro del compromiso gubernamental de fortalecer las políticas públicas relacionadas con salud y nutrición, además de promover sistemas alimentarios más resistentes ante cambios económicos, ambientales o sociales.
Más apoyo a productores y comercialización local
Entre las principales acciones contempladas aparece el fortalecimiento de la comercialización inclusiva de alimentos, una medida dirigida a facilitar el vínculo entre quienes producen y quienes consumen.
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El plan también impulsa los denominados circuitos cortos de comercialización, que buscan reducir intermediarios y generar relaciones más directas entre productores y consumidores.
Este enfoque pretende fortalecer las economías locales, mejorar las oportunidades de comercialización para los productores y facilitar el acceso de las comunidades a productos alimenticios.
Otra de las líneas de trabajo será el uso sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento de las capacidades productivas en los diferentes territorios del país.
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Con ello, las autoridades buscan que el crecimiento de la producción alimentaria pueda mantenerse en el tiempo y responda tanto a las necesidades de la población como a criterios de sostenibilidad ambiental.
La propuesta reconoce además que los desafíos relacionados con la alimentación presentan características diferentes según la región, por lo que plantea una participación activa de los territorios y las comunidades.
Educación nutricional y entornos más saludables
El plan incorpora también medidas dirigidas a mejorar la educación alimentaria y nutricional de la población.
El objetivo es proporcionar herramientas que permitan adoptar decisiones informadas sobre el consumo de alimentos y, al mismo tiempo, intervenir en los entornos donde las personas realizan esas elecciones.
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Por esa razón, una de las prioridades será mejorar los espacios donde los ciudadanos adquieren y consumen alimentos, con el propósito de favorecer opciones saludables y accesibles.
La estrategia también promueve una mayor participación comunitaria en las decisiones relacionadas con seguridad alimentaria, de manera que las políticas puedan responder a las necesidades y condiciones específicas de las poblaciones.
El documento reconoce el derecho humano a una alimentación adecuada como uno de los ejes centrales de la política pública en esta materia.
Trabajo entre Estado, productores y comunidades
La implementación del plan requerirá la participación de múltiples actores.
Además del Ministerio de Salud y el MAG, la estrategia plantea la intervención de otras instituciones del Estado, gobiernos locales, sector productivo, academia, organizaciones sociales y ciudadanía.
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La intención es que la seguridad alimentaria no dependa exclusivamente de una institución, sino que sea abordada mediante una coordinación entre quienes participan en las distintas etapas de producción, comercialización, regulación y consumo de alimentos.
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 busca así convertirse en el marco de referencia para las acciones que el país desarrollará durante los próximos diez años.
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