La Comisión de Asuntos Agropecuarios celebró este miércoles una sesión dedicada al análisis del expediente 25.635, que propone una reforma a la Ley para Fortalecer las Asociaciones y Organizaciones de Bienestar Social con el fin de crear una fuente fija de financiamiento estatal para el rescate, atención y protección de animales domésticos de compañía. La iniciativa, discutida por legisladores y autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, plantea que el 2,3% del presupuesto ordinario anual del Servicio Nacional de Salud Animal se destine de manera obligatoria a programas desarrollados por asociaciones y organizaciones enfocadas en el bienestar animal.
Durante la exposición ante la comisión, el viceministro de Agricultura, Julián Arias, remarcó que la propuesta fija como origen de los fondos la asignación presupuestaria ordinaria, lo que permite definir con anticipación los recursos disponibles.
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“Lo que establece de forma sustantiva son dos cosas. Lo primero es establecer que ese dos coma tres por ciento será de la asignación presupuestaria ordinaria anual. Eso nos permite saber desde el año anterior con cuántos recursos vamos a contar para esto”, afirmó Arias durante la sesión transmitida por Infobae. El funcionario recalcó que el financiamiento estable evitaría variaciones derivadas de las aprobaciones de presupuestos extraordinarios en el plenario legislativo, lo que otorga previsibilidad a las asociaciones que ejecutan programas de rescate y protección animal.
La diputada María Isabel Camareno, representante de la fracción Pueblo Soberano, intervino para subrayar el potencial de la reforma en cuanto al fortalecimiento de las capacidades del Servicio Nacional de Salud Animal. Para Camareno, “ampliar las herramientas de financiamiento y cooperación disponibles para el SENASA permitiría pasar de una atención principalmente reactiva de las necesidades del bienestar animal a una estrategia más preventiva, coordinada y de mayor alcance nacional”. La legisladora destacó que el cambio podría mejorar la coordinación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, así como impulsar iniciativas de prevención y educación ciudadana.
Alcance de los fondos para bienestar animal
En su respuesta, Arias confirmó que los fondos provenientes de la reforma podrían emplearse en campañas de castración, capacitación y concientización. El funcionario señaló que el Servicio Nacional de Salud Animal recibe entre 4.000 y 6.000 denuncias de bienestar animal al año, de las cuales más del 70% corresponden a casos de tenencia irresponsable. “Todas esas acciones, que pueden ir también enfocadas en campañas de capacitación y concientización, van a ayudar”, indicó el viceministro, poniendo énfasis en la importancia de una estrategia preventiva para reducir este tipo de incidentes.
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El diputado Álvaro Ramírez, integrante de la fracción Liberación Nacional, solicitó precisiones sobre la ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Salud Animal y la justificación para la asignación de recursos. Según Arias, el monto contemplado en el expediente 25.635 provendría del presupuesto ordinario anual y no guarda relación con los recursos ejecutados o subejecutados en años previos. El viceministro puntualizó que, en el caso del SENASA, el 76% del presupuesto para 2026 se destina a planilla, mientras que el restante 24% cubre otros gastos operativos, con un total aproximado de tres mil millones de colones para ese año.
Otro expediente dictaminado por la comisión
Además del debate sobre bienestar animal, la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminó el expediente 25.647, una reforma al artículo 17 bis de la Ley Orgánica de Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar. Esta modificación busca fortalecer a los pequeños y medianos productores del sector, ampliando sus oportunidades y capacidades productivas.
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