Con al menos 569 cabezas de ganado repartidas en fincas de difícil acceso, algunas dentro del Parque Nacional Tortuguero, la organización de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el criminal más buscado de Costa Rica, montó un esquema de lavado de dinero que, según la acusación de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, operó entre noviembre de 2020 y diciembre de 2023 con cuatro etapas y una red de familiares, testaferros y empresas fachada.
El expediente, conocido como caso Colorado, no investiga de forma directa el narcotráfico ni el sicariato, sino la estructura financiera que convirtió ganancias del tráfico de drogas en patrimonio de apariencia legal.
La causa cobró impulso el 18 de diciembre de 2023, cuando más de 600 agentes del OIJ realizaron allanamientos simultáneos en Limón, Heredia, Alajuela y San José y detuvieron a 29 sospechosos.
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Arias Monge permanecía prófugo desde hacía casi una década y fue capturado el 24 de julio de 2026 en San Bernardino de Horquetas, Sarapiquí, tras un intercambio de disparos.
Cómo entró el dinero al sistema
La acusación describe la colocación como el primer eslabón. Según el Ministerio Público, la estructura introdujo recursos del narcotráfico mediante cuentas, transferencias y movimientos electrónicos diseñados para dificultar el rastreo.
César Quirós figura en el expediente como administrador de préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”. Una de sus cuentas recibió más de ₡157 millones (345,746.03USD) durante el período investigado, principalmente a través de SINPE Móvil, depósitos y otros mecanismos. Los fondos se mezclaban con ingresos de actividades comerciales para borrar su rastro.
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El uso de un restaurante
La segunda etapa consistió en mezclar el dinero ilícito con ingresos de negocios reales. Anyersson Villalobos Ocampo, señalado por la Fiscalía como mando medio de la estructura, administró el restaurante El Ranchito con ese fin.
Según el expediente, Villalobos recibió más de ₡12 millones (26,426.45 USD) en transferencias por plataformas como SINPE y luego hizo cientos de movimientos hacia terceros por más de ₡13.6 millones (29,949.97 USD), acciones que el Ministerio Público atribuye al ocultamiento del origen del dinero.
Empresas y terceros para inscribir bienes
La tercera etapa consistió en registrar bienes a nombre de personas que no eran sus dueñas reales. La acusación detalla que la organización creó empresas y recurrió a familiares y allegados para inscribir activos y proyectar una apariencia de legalidad.
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Esa lógica también se aplicó al ganado. El documento judicial señala que las marcas de los animales y las guías de movilización se registraron a nombre del padre de Arias Monge, Rafael Ángel Arias Azofeifa; de su pareja, Charlyn Pamela Jiménez Villalobos; de su hermana, Gelen Arias Monge; y de otros colaboradores. Los animales eran trasladados a fincas de difícil acceso donde la organización tenía dominio territorial y se mezclaban con semovientes de procedencia lícita para dificultar su rastreo.
Lotería clandestina, ganado y préstamos
La cuarta fase combinó tres actividades fuera del sistema financiero formal. La Fiscalía identificó al menos 18 puntos de venta clandestina de lotería vinculados a la estructura, operados, según la acusación, por Gelen Arias Monge, hermana del líder criminal.
Charlyn Jiménez Villalobos administró un negocio de cría de ganado y producción de lácteos para mezclar dinero del narcotráfico con ingresos de apariencia lícita. La acusación añade que abrió y manejó cuentas en un banco privado y otro estatal, por las que ingresaron más de ₡11.5 millones, y que hizo múltiples transferencias, pagos con tarjeta de débito y operaciones por SINPE para dispersar los recursos.
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La acusación también le atribuye una función de “contaduría empírica”: llevaba registros detallados de ingresos y egresos con pleno conocimiento del origen ilícito del dinero, según el Ministerio Público.
El robo de ganado dentro del esquema
La acusación expone que parte del ganado no fue comprado, sino robado mediante violencia. El 23 de noviembre de 2022, un grupo armado que, según el expediente, actuaba bajo órdenes de Arias Monge irrumpió en la Finca Chu, en Horquetas de Sarapiquí, amordazó y amarró a cinco personas y se llevó 16 cabezas de ganado marcadas, además de ₡280.000 en efectivo.
Casi un año después, el 26 de octubre de 2023, otro ataque en dos fincas contiguas de Aguas Gatas de Guácimo incluyó el secuestro de un cuidador durante casi seis horas y el robo de 13 reses.
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El lote más numeroso identificado en la causa, 122 semovientes, 82 búfalos y 40 reses, estaba a nombre de Yerlin Sánchez Guzmán y fue ubicado dentro de una finca de más de 1,3 millones de metros cuadrados inscrita a nombre de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en zona del Parque Nacional Tortuguero.
Cuentas puente y bienes detectados
Los peritos financieros incorporados al expediente detectaron un patrón recurrente: el dinero ingresaba a las cuentas y salía casi de inmediato, sin acumular saldos relevantes. Para la Fiscalía, ese comportamiento responde al uso deliberado de “cuentas puente”, productos financieros destinados a recibir, mover y dispersar fondos con rapidez.
Los investigadores también señalaron una incongruencia patrimonial en varios imputados: adquirieron bienes de alto valor sin registrar ingresos ni actividad laboral que lo justificara. Entre los bienes identificados en el caso aparecen fincas, joyas y una flota de 13 vehículos blindados.
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Ocho personas permanecen en prisión preventiva por el caso Colorado: Andry Brenes Jácamo, Anyersson Villalobos Ocampo, Jafet Steven Murillo Cano, Yohel Fabián Gutiérrez Cisneros, Jorge Antonio Portuguez Ferreto, oficial de la Fuerza Pública acusado de favorecer a la organización, Marlon Parra Parra, Michael Raúl Jiménez Zúñiga y Yerlin Sánchez Guzmán. El padre, la pareja y la hermana de Arias Monge continúan en libertad, luego de que el Tribunal rechazó ampliar su prisión preventiva por seis meses.