El atroz crimen de Junieysis Adely Merlo Espinoza, la joven nicaragüense cuyo cuerpo fue hallado en una fosa en Santa Ana, Costa Rica, ha dado paso a una compleja pero prioritaria batalla legal y humanitaria: el futuro de sus dos hijas. En un esfuerzo por mitigar el impacto del trauma, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Costa Rica ha confirmado que la prioridad absoluta del Estado será la unificación familiar bajo la tutela materna.
Según informó la oficina de prensa del PANI, la entidad ha activado de forma rigurosa su Protocolo de Atención en Casos de Femicidio. Este lineamiento establece que, ante la ausencia de la madre por un acto de violencia de género, se debe analizar con prioridad el recurso familiar materno. El objetivo es garantizar que los menores crezcan en un entorno que no solo sea seguro, sino que mantenga los lazos afectivos con la línea de parentesco de la víctima.
Esta medida surge en un momento crítico, dado que una hermana del principal sospechoso su expareja, un hombre de apellido Ramírez Calvo, y de 57 años, quien actualmente cumple prisión preventiva, también había solicitado la custodia de las gemelas de cuatro años.
PUBLICIDAD
No obstante, el enfoque del PANI busca proteger a las niñas de cualquier entorno vinculado al presunto agresor, priorizando el bienestar psicológico de las menores y su derecho a crecer lejos del círculo de quien les arrebató a su madre.
Coordinación binacional: PANI y Ministerio “Mi Familia”
Debido a que la red de apoyo de Junieysis reside principalmente en Nicaragua, el caso ha trascendido fronteras. El PANI confirmó que ya existe una comunicación formal y constante con su homólogo nicaragüense, el Ministerio de la Familia (Mi Familia).
“El objetivo es apoyar y priorizar la valoración de recursos familiares maternos en Nicaragua, asegurando que cualquier decisión se tome bajo el principio del interés superior del niño”, señalaron las autoridades ticas.
PUBLICIDAD
Esta articulación es fundamental, pues no solo involucra a las gemelas que se encuentran bajo custodia del Estado en Costa Rica, sino también a un tercer hijo de Junieysis, un niño de 10 años que ya reside en Nicaragua. La intención de las autoridades de ambos países es realizar una valoración integral que permita, idealmente, que los tres hermanos puedan permanecer juntos en un entorno familiar adecuado en su país de origen.
Para la familia Merlo Espinoza, esta noticia representa un alivio necesario tras semanas de angustia que comenzaron con la desaparición de la joven y terminaron con el hallazgo de sus restos en una vivienda en Santa Ana. Ariel Merlo, hermano de la víctima, calificó la disposición del PANI como “un rayo de esperanza” dentro del dolor que ha embargado a la familia y a la comunidad de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz.
Mientras la burocracia internacional avanza, la justicia costarricense también sigue su curso. Ramírez Calvo deberá cumplir un año de prisión preventiva. Las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dirigidas por Michael Soto, apuntan a que el sospechoso utilizó maquinaria pesada bajo engaños para cavar la fosa de dos metros donde ocultó el cuerpo, intentando borrar el rastro del crimen.
PUBLICIDAD
El último adiós y el clamor de justicia
El pasado fin de semana, el pueblo de San Juan de Río Coco se volcó a las calles en una emotiva caravana para recibir las cenizas de Junieysis. Cientos de personas, que conocían a la joven, se unieron al clamor de justicia.
El caso de Merlo no solo deja una herida abierta en la sociedad civil nicaragüense y costarricense, sino que pone a prueba los mecanismos de protección transfronteriza.
Por ahora, el destino de tres niños que han perdido a su madre de la forma más violenta depende de la agilidad y sensibilidad con la que las instituciones de ambos países logren concretar su retorno al seno de su familia materna.
PUBLICIDAD