El Poder Judicial de Costa Rica respondió públicamente a los cuestionamientos lanzados en conferencia de prensa por el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández, en los que se criticó el accionar de la institución en medio de la creciente preocupación por la inseguridad en el país.
A través de un pronunciamiento firmado por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, el Poder Judicial defendió su rol como un actor clave en la lucha contra la criminalidad y aseguró que su labor se realiza de forma constante y bajo los principios del Estado de Derecho.
“El Poder Judicial es un actor clave en la lucha contra la criminalidad”, señala el documento, en el que se destaca el trabajo diario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con el Ministerio Público y con la autorización de jueces, para ejecutar operativos, allanamientos y detenciones en todo el país.
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La reacción institucional se da luego de que, tanto el mandatario como la presidenta electa, emitieran críticas en conferencia de prensa sobre el desempeño del sistema judicial, en un contexto marcado por el aumento de la violencia y la presión pública por resultados en materia de seguridad.
Defensa del trabajo judicial
En su respuesta, el jerarca judicial subrayó que todos los días se producen detenciones, sentencias condenatorias y desarticulación de estructuras criminales, lo que, según indicó, demuestra que existe un trabajo sostenido que no puede ser desconocido.
Asimismo, recalcó que el compromiso de la institución no solo es combatir la delincuencia, sino hacerlo respetando las garantías fundamentales.
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“El compromiso es construir un país más seguro, pero también hacerlo de la manera correcta: con apego a la ley, respeto al debido proceso y garantía del Estado de Derecho”, afirmó Aguirre.
El magistrado también hizo referencia directa a una carta enviada por la presidenta electa y a sus declaraciones públicas, señalando la importancia de que la ciudadanía cuente con información completa sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
Aclaración sobre nombramientos
Uno de los puntos abordados en el pronunciamiento fue la mención del caso del exmagistrado Celso Gamboa, primer costarricense extraditado a los Estados Unidos, tema que ha sido utilizado en el debate público sobre la institucionalidad judicial.
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Al respecto, el Poder Judicial aclaró que la designación de magistrados en propiedad no es competencia de la Corte Suprema de Justicia, sino de la Asamblea Legislativa.
“La Corte no eligió a Celso Gamboa”, enfatizó Aguirre, al tiempo que recordó que fue el propio Poder Judicial el que solicitó oportunamente su destitución una vez que fue vinculado con actos irregulares.
Medidas contra la corrupción
El comunicado también detalla una serie de acciones implementadas en los últimos años para prevenir la infiltración del crimen organizado dentro de la institución.
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Entre ellas destaca la creación, desde 2017, de la Unidad de Investigación Sociolaboral y Antecedentes, encargada de realizar evaluaciones rigurosas a quienes aspiran a ingresar o ascender dentro del sistema judicial.
Según el documento, este mecanismo ha permitido revisar miles de casos y fortalecer los controles internos, en un esfuerzo por garantizar la idoneidad ética de los funcionarios.
Además, el Poder Judicial señaló que estos avances han sido reconocidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, especialmente en materia de gestión de conflictos de interés e integridad institucional.
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A esto se suma el impulso de una reforma al régimen sancionatorio, aprobada en primer debate en la Asamblea Legislativa, que busca agilizar procesos disciplinarios y establecer sanciones más severas ante conductas indebidas.
Llamado al diálogo institucional
En la parte final del pronunciamiento, el Poder Judicial reiteró su disposición a mantener un diálogo “serio, franco y respetuoso” con otros poderes del Estado, en busca de mejorar la respuesta institucional frente a los desafíos del país.
El magistrado Aguirre advirtió que Costa Rica necesita instituciones capaces de cooperar sin debilitar los equilibrios democráticos, en un momento en que la seguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones nacionales.
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“Costa Rica necesita instituciones capaces de escucharse, comprenderse y cooperar con responsabilidad, sin debilitar los equilibrios que sostienen el Estado de Derecho”, concluye el documento.
La respuesta del Poder Judicial marca un nuevo capítulo en la tensión entre poderes del Estado, en medio de un debate cada vez más intenso sobre cómo enfrentar la criminalidad sin comprometer las garantías constitucionales.