El magistrado de la Sala Constitucional de Costa Rica, Fernando Cruz, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos le revocó la visa para ingresar a ese país. La notificación llegó pocos días antes de que el juez viajara a Illinois para recibir el premio Jurista Global 2026, un reconocimiento otorgado por la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern en atención a su trayectoria y su papel en la defensa de los derechos humanos y la democracia.
Según explicó Cruz a medios costarricenses, la decisión estadounidense se produjo el 10 de marzo, aunque el magistrado se percató de la notificación varios días después, tras la publicación inicial de la noticia en el medio Trivisión y su posterior confirmación por la oficina de comunicación del juez y otros medios locales.
El galardón que la universidad estadounidense concedió a Cruz reconoce su labor en la sentencia de la Sala Constitucional que condenó al Estado costarricense por vulnerar los derechos de más de 200 migrantes asiáticos indocumentados, deportados desde Estados Unidos y retenidos contra su voluntad en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) en la zona sur de Costa Rica.
En voto independiente, Cruz cuestionó duramente el procedimiento bilateral que permitió ese traslado y denunció: “Se trató a los seres humanos que enviaron desde USA hacia Costa Rica, como si fueran objetos. Al final de mi función como juez, con tristeza compruebo que en este trasiego de seres humanos se aplica un procedimiento entre dos gobiernos, que trata a un grupo de seres humanos, como si fueran cosas”, según consta en su fallo divulgado por medios locales.
Cruz, con más de cincuenta y cuatro años de carrera judicial, enfatizó en la resolución que resultaba inadmisible calificar la recepción de los migrantes como un acto humanitario. Argumentó que el derecho internacional fue ignorado por el gobierno estadounidense, que tomó una decisión unilateral, y por Costa Rica, al aceptar la medida: “Me parece un eufemismo decir que esa recepción era un: ‘acto humanitario’. Claro, frente al poderoso, no es posible rechazar sus ‘peticiones’, aunque sean contrarias a la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales”, agregó el magistrado en sus fundamentos judiciales.
Cruz afirmó que desconoce las razones formales de la decisión, aunque presume una relación con sus valoraciones críticas hacia la política migratoria y exterior de Estados Unidos. Declaró: “No me quita el sueño que un gobierno como el de Trump, que nos irrespeta a los latinoamericanos, que desprecia a los hermanos que van a trabajar a Estados Unidos, que no conoce límites en las reglas internacionales, pues la verdad, que me revoquen la visa, pues lo pueden hacer y me siento honrado”.
El magistrado asoció este tipo de medidas a la política de Trump en relación con funcionarios incómodos para la administración estadounidense. Había manifestado críticas públicas a comentarios del exmandatario, especialmente sobre la negativa a aprender español, y calificó la decisión como una “bofetada a la independencia del Poder Judicial”. El magistrado remarcó la trascendencia simbólica de la revocatoria: “El efecto de un acto discrecional como quitar una visa es una bofetada a la independencia judicial”.
Lista de afectados y contexto político
Además de Cruz,, distintos actores políticos y administrativos del país han sido objeto de medidas similares: Paul Rueda, magistrado; Óscar Arias, expresidente y premio Nobel de la Paz; Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa; Johanna Obando y Cynthia Córdoba, diputadas independientes; Ana Sofía Machuca, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); José Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN); y Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Cruz explicó que la mayoría de estos casos corresponde a autoridades o diputados que se oponen a la gestión del presidente costarricense Rodrigo Chaves. Aunque no pudo afirmar que exista coordinación entre el gobierno nacional y la política de Estados Unidos, observó similitudes entre quienes reciben la sanción migratoria y quienes participan en votaciones contrarias a los intereses de ambos países.