El Gobierno de Costa Rica, liderado por Rodrigo Chaves, anunció la presentación de un nuevo concurso público para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión en un plazo de tres meses, tras la anulación, por parte de la Sala Constitucional, del proceso anterior que había sido declarado inconstitucional por no garantizar el pluralismo en los medios.
La resolución de la Sala IV, emitida el viernes 27 de febrero, descalificó el mecanismo impulsado por el Ejecutivo y ejecutado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) al determinar que el proceso no atendió el imperativo democrático del pluralismo, al privilegiar el componente económico y establecer precios base elevados que restringieron la participación. Para la ministra Paula Bogantes Zamora, el fallo subrayó que “la vía legal para otorgar frecuencias es el concurso público” y descartó las renovaciones automáticas como un camino autorizado.
El fallo obliga a concurso público y prohíbe prórrogas automáticas
La sentencia estableció que el pluralismo debe regir la adjudicación del espectro radioeléctrico, un bien público bajo administración estatal. En el “por tanto” de la resolución, elaborada por el magistrado Paul Rueda Leal, la Sala admitió por unanimidad las coadyuvancias y, por mayoría, declaró con lugar el recurso de amparo, lo que anuló de inmediato los procedimientos licitatorios 2025LY-000001-SUTEL (radio AM), 2025LY-000002-SUTEL (radio FM) y 2025LY-000003-SUTEL (televisión abierta gratuita).
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El recurso que originó el fallo fue presentado por el ciudadano Giovanni Delgado. Argumentó que el modelo actual privilegiaba el pago económico, lo que dificultaba la participación de nuevos actores y ponía en riesgo la diversidad de voces y contenidos.
Cuestionamientos al proceso y a los criterios de adjudicación
Las licitaciones previas, suspendidas a finales de noviembre de 2023 por mandato judicial, ya habían recibido críticas de concesionarios potenciales, cámaras empresariales y defensores de la libertad de expresión. Entre las objeciones principales figuraba el diseño de la subasta, que limitaba la participación de medios regionales y comprometía la pluralidad en el inicio de un ciclo electoral.
El impacto económico resultó un factor determinante: los altos precios base impidieron que la mayoría de las empresas interesadas formularan ofertas, lo que disminuyó la demanda en la licitación. La ministra Paula Bogantes señaló que cerca de 100 solicitudes de prórroga por 20 años fueron tramitadas por empresas del sector, y que más de 80 ya fueron rechazadas por el Tribunal Contencioso Administrativo. Subrayó: “Ninguna empresa ha presentado estados financieros que demuestren cuánto generan por el uso del espectro radioeléctrico.”
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Cobertura deficiente y objetivo de ampliar acceso
El Gobierno argumenta que uno de los principales motivos para reordenar el espectro es la escasa cobertura regional de la televisión abierta. Según Bogantes, en la región Huetar Norte la cobertura de televisión abierta no supera el 1%, y en Brunca y Huetar Caribe se mantiene por debajo del 8%. La ministra subrayó que el nuevo concurso buscará mejorar la cobertura y calidad de servicio en regiones alejadas del Valle Central, para evitar que la población dependa únicamente de servicios de cable o señales extranjeras.
Reacción del Ejecutivo: aceptación legal sin respeto al fallo
El presidente Rodrigo Chaves expresó su desacuerdo con la decisión judicial, calificando la resolución como “desastrosa y repudiable”. Durante la conferencia semanal, aseveró: “Tenemos que obedecer a la Sala IV, pero respetarla no. Este fallo yo no lo respeto. No vamos a tomar medidas de fuerza, vamos a hacer lo que las leyes mandan, despreciando este fallo.”
Chaves calificó de “hipocresía” la actitud de quienes manifestaron respeto a este tipo de decisiones en el pasado presidencial. Explicó que el Gobierno cumplirá con el marco legal y publicará el nuevo concurso dentro del plazo estipulado, aunque no comparta el criterio de los magistrados.
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El nuevo camino: solo concurso público y más diversidad
El Ejecutivo avanza en una propuesta normativa para el nuevo concurso, ajustada a los parámetros de la Sala Constitucional, y dispone de tres meses para su publicación oficial, mientras evalúa recursos adicionales y se prepara para ampliar la pluralidad en el acceso al espectro radioeléctrico.