El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, advirtió ante las comisiones económicas del Congreso de la República que las finanzas públicas del país cerrarán el 2026 con un déficit primario del 3,3% y un déficit fiscal total del 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en caso de no aprobarse las medidas incluidas en el proyecto de ley de rescate económico del gobierno de Abelardo de la Espriella.
Durante la sustentación legislativa de la iniciativa financiera impulsada por el Gobierno nacional, el jefe de la cartera explicó que el desbalance entre los ingresos y los gastos del Estado persiste a pesar de los recortes presupuestales ejecutados durante la vigencia actual.
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Al presentar las proyecciones técnicas ante los congresistas, Gómez sostuvo que las cifras reflejan el estado real de las cuentas nacionales: “¿Qué pasa si no hacemos nada? Pues si no hacemos nada, las cifras de la perspectiva fiscal para el año 2026 les muestran a ustedes que tendríamos un déficit primario de 3,3% y un déficit total del 7,2% del producto interno bruto”.
“Eso no lo está inventando el Ministerio de Hacienda. Eso no es un cuento chino del ministro. Esas son la realidad de la situación fiscal”, dijo el jefe de cartera.
El funcionario detalló que este escenario de estrechez financiera se mantiene incluso después de haberse aplicado ajustes en el gasto público nacional y anunció que el Ejecutivo evalúa nuevas reducciones antes de finalizar 2026.
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Sobre los recortes realizados hasta la fecha, el ministro precisó en el recinto parlamentario: “Estos resultados que ven ustedes aquí se registran a pesar de que durante este año se hizo un recorte de $13,8 billones y estamos considerando la posibilidad, antes de terminar el año, de hacer un recorte adicional”.
“Entonces, a pesar de que recortamos casi $14 billones del Presupuesto General de la Nación, nuestro desequilibrio es todavía muy alto y todavía es creciente”, dijo el ministro Gómez.
En paralelo a las explicaciones fiscales, el Ministerio de Hacienda ratificó durante el debate que el articulado de la ley de rescate económico o reforma tributaria no aplicará incrementos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos de la canasta familiar, los agroinsumos ni los seguros de salud, acogiendo la directriz anunciada previamente por la Presidencia de la República frente a los reparos expresados por distintos sectores legislativos.
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La deuda pública y el rescate económico, en el centro del debate
De acuerdo con los reportes técnicos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda, el desequilibrio de las cuentas estatales responde al aumento del gasto de funcionamiento y a la aprobación de presupuestos con ingresos contingentes que no se recaudaron, situación que habría dejado un desfase acumulado de $91,3 billones entre enero y agosto de 2026, periodo en el que los gastos sumaron $314,8 billones frente a ingresos por $223,5 billones.
Asimismo, los informes fiscales indican que la deuda neta del Estado pasó del 58,6% del PIB en 2025 a una proyección de cierre para 2026 ubicada entre el 59,7% estimado por la cartera hacendaria y el 60,2% calculado por el organismo técnico asesor, tras haberse activado en el periodo anterior la cláusula de escape que suspendió temporalmente los límites de endeudamiento de la Regla Fiscal para el lapso 2025-2027.
Por su parte, voceros de la administración saliente de Gustavo Petro señalaron en su balance de gestión que una proporción del esfuerzo de caja registrado entre 2022 y agosto de 2026 se destinó al pago de cerca de 70 billones de pesos para sanear el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), en medio de un contexto internacional marcado por el encarecimiento de las tasas de interés.
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En cuanto al desempeño de la actividad productiva reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la economía colombiana registró un crecimiento del 2,6% en 2025 y alcanzó una expansión trimestral anualizada del 3,5% en el segundo trimestre de 2026, impulsada por la administración pública, la educación y la salud, antes de desacelerarse al 0,5% en el tercer trimestre del año debido al descenso en el sector agropecuario y el impacto del sismo ocurrido en agosto.
Ante este panorama macroeconómico, tanto el Ministerio de Hacienda como el Carf coincidieron en señalar la necesidad de adoptar medidas de ajuste fiscal cercanas a los $30 billones anuales para garantizar la liquidez de las arcas públicas y estabilizar la trayectoria de la deuda nacional a partir de la vigencia 2027.
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