Sneyder Pinilla seguirá en La Picota: Corte Suprema de Justicia desestimó petición del implicado, clave en el escándalo de corrupción de la Ungrd

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, respondió a una solicitud de Sneyder Pinilla para revocar su traslado a un centro penitenciario y precisó que la presidencia del alto tribunal no puede intervenir en su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá. El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) buscaba revertir la medida por razones de seguridad.

Lenis Gómez indicó que la petición presentada el 9 de octubre de 2026 debe ser atendida por el juez de ejecución de penas o por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). También le informó que puede acudir a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, según documento divulgado por Semana.

La Corte remitió la solicitud a las autoridades competentes

El magistrado sostuvo que la Presidencia de la Corte carece de atribuciones para intervenir en actuaciones judiciales o en asuntos administrativos vinculados a ellas. Por ello, señaló, las peticiones deben tramitarse ante el funcionario que conoce el proceso.

“Las solicitudes en el marco de tales actuaciones deben realizarse dentro del correspondiente proceso ante el funcionario de conocimiento”, indicó Lenis Gómez en la comunicación dirigida a Pinilla.

La respuesta supone un nuevo obstáculo para el exfuncionario en su intento de modificar el lugar donde cumple la pena. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Pinilla acudirá a otros recursos judiciales.

Pinilla permaneció en una guarnición militar desde agosto de 2024

El exsubdirector de la Ungrd estuvo recluido en una guarnición militar desde agosto de 2024, tras una decisión del Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá. El despacho ordenó esa medida al considerar necesario proteger su vida e integridad.

Para entonces, Sneyder Pinilla había expresado su intención de colaborar con la justicia mediante la entrega de información sobre el presunto direccionamiento de contratos en la entidad. Sus declaraciones también se referían al supuesto pago de sobornos a congresistas para impulsar reformas del Gobierno en la Cámara de Representantes y el Senado.

Después de suscribir un preacuerdo, el exfuncionario aceptó responsabilidad por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. La sentencia fijó una pena de cinco años y ocho meses de prisión.

La defensa pidió garantías de seguridad en La Picota

Luego de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenara el traslado de Pinilla a la cárcel La Picota en Bogotá para continuar el cumplimiento de la condena, el exsubdirector remitió una carta al presidente de la Corte Suprema. Allí solicitó garantías para su seguridad e integridad.

“Mi compromiso de colaborar con la justicia continúa vigente; por ello, solicito que el Estado garantice las condiciones necesarias para cumplir y proteja oportunamente mi vida”, afirmó Pinilla en la comunicación.

La defensa sostiene que existe una orden para mantenerlos en una guarnición militar

El abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, señaló el martes 6 de octubre de 2026 que existe una decisión judicial vigente que dispone la permanencia de su cliente en un centro de reclusión militar. “Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, afirmó.

La defensa se refiere a una decisión de septiembre de 2024. En ese momento, un juez de control de garantías acogió una solicitud de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia y ordenó el traslado de Olmedo López y Pinilla a una guarnición militar.

El abogado José Luis Moreno, defensor de López, cuestionó el traslado ordenado por el Inpec para su cliente y para Sneyder Pinilla, dos de los principales involucrados en el caso de corrupción de la Ungrd.

El jurista aseguró a través de un video que compartió el mismo martes 6 de octubre de 2026 desde su perfil de Instagram (día en que se conocieron las imágenes de ambos exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro encadenados de manos y pies) que la decisión de mover a López desde el Centro de Reclusión Militar Caldas hacia la cárcel La Picota de Bogotá desconoce una orden judicial previa y las advertencias de la Fiscalía General de la Nación sobre los riesgos que enfrenta el exdirector de la Ungrd por su colaboración con la justicia.