Proponen que nueva medida del Gobierno limite el pago en efectivo en peajes, taxis y transporte público: qué se necesita para que se cumpla

El gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa una medida que impactaría a todos los colombianos. Se trata del denominado Estatuto Antiterrorista, que contempla restricciones al uso del efectivo en transacciones de alto valor. El presidente De la Espriella anunció el proyecto en una alocución el lunes 12 de octubre de 2026, con el objetivo de fortalecer las herramientas del Estado contra el terrorismo y sus fuentes de financiación, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal.

La iniciativa deberá surtir su trámite en el Congreso de la República por medio del Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara. Según lo que trascendió, la norma plantea limitar el dinero físico en operaciones de alto valor, como la compra de vehículos, inmuebles y otros activos costosos.

Además, un registro de organizaciones terroristas, el congelamiento de sus bienes, restricciones para contratar con el Estado y sanciones por ataques con drones contra civiles o integrantes de la fuerza pública.

Respaldo de los bancos

Al respecto, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, considera que las compraventas de apartamentos, vehículos y lotes deben contar con mecanismos que permitan rastrear el origen de los recursos. La discusión, por tanto, se concentra en operaciones que suelen involucrar montos elevados y que pasarían a canales con mayor trazabilidad.

Propuesta de las fintech al Estatuto Antiterrorista

Ante lo que se conoció, Colombia Fintech propuso extender los pagos digitales obligatorios a servicios cotidianos como peajes, taxis y transporte público. El presidente del gremio, Gabriel Santos, expresó su apoyo a los artículos dirigidos a reducir el uso de efectivo e incorporarlos en la ley.

“Desde Colombia Fintech queremos respaldar los artículos orientados hacia la reducción del efectivo”, afirmó.

Santos vinculó esa limitación con el combate a las redes ilegales que dependen del dinero físico para mover recursos. “La limitación del acceso de las economías ilícitas al uso del efectivo favorece la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, dijo. También planteó que Colombia tome como referencia las medidas aplicadas en México para restringir el uso de efectivo en sectores con alta circulación de dinero físico.

Señaló que la iniciativa tendría efectos sobre la inclusión financiera: una menor dependencia de los billetes ampliaría la información disponible sobre las operaciones de los usuarios y facilitaría el acceso a productos y servicios del sistema financiero. Colombia Fintech acompañará el trámite legislativo para impulsar la inclusión de esas disposiciones en el proyecto.

“Vamos a trabajar para que estos artículos, que le dificultan la vida a los criminales y le mejoran la vida a los colombianos, sobre todo a quien está en condiciones de vulnerabilidad, queden incluidos en esta ley”, agregó el dirigente gremial.

Peajes, taxis y trámites en la agenda de pagos digitales

La agenda del gremio incluye topes al efectivo para adquirir vehículos, inmuebles y activos de alta gama, con el fin de que las operaciones se canalicen por el sistema digital. Colombia Fintech propone también declarar obligatoria la adopción de pagos digitales en los peajes nacionales y en los trámites del Estado, y eliminar el recaudo físico en las ventanillas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y de otras entidades públicas.

A la vez, el gremio busca extender los códigos y las llaves de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos, al transporte público masivo, los taxis y los micronegocios, con incentivos para que los pequeños establecimientos no asuman sobrecostos. Santos hizo énfasis en la evolución de Bre-B como muestra de la transición que el gremio espera profundizar.

“Hemos visto cómo a través de Bre-B se ha reducido el uso del efectivo en un año, llevándolo del 79% al 63% en 12 meses”, indicó.

Cifras del dinero en efectivo en Colombia

Las cifras de Colombia Fintech muestran que el efectivo perdió espacio como medio de pago predominante, aunque mantiene una presencia amplia:

• En 2014 era el medio principal para el 89% de la población; en 2022 esa proporción bajó al 78,4% y en 2025 llegó al 66%.
• Por valor transado, el efectivo pasó de concentrar el 91% de las operaciones en 2014 al 65% en 2025.
• El dinero físico en circulación creció 6,6% en términos reales en 2025, hasta $170,2 billones, equivalentes al 8,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
• Los billetes de $50.000 y $100.000 concentraban el 92% del circulante, y el 87,5% de las personas con ingresos inferiores a un salario mínimo utiliza exclusivamente efectivo, una dependencia que también se observa en pequeños comercios.
• Más del 75% de los cobros en transporte público, peajes y taxis se realiza solo con dinero físico. En contraste, las billeteras digitales alcanzaron al 69,5% de los adultos en 2025, por encima del 55,4% que usaba cuentas de ahorro, mientras los retiros bajaron del 46,3% de las operaciones de billeteras en 2020 al 18,9%.
• La demanda transaccional de efectivo también descendió de cerca del 23% en el segundo trimestre de 2025 a alrededor del 17% en el cuarto trimestre, periodo en el que llegó Bre-B.

Como antecedente, Colombia Fintech recordó un piloto del Programa Mundial de Alimentos en el que el 91% de los beneficiarios prefirió recibir recursos en una billetera digital y el 31% mantuvo el dinero dentro de la aplicación.

Controles antilavado e incertidumbre sobre los topes

El fundador de Touché Asesores S.A.S., Jeisson Ramírez, advirtió que las compraventas de vehículos, lotes y apartamentos son vulnerables al lavado de activos, la corrupción y la financiación del terrorismo. De acuerdo con él, restringir el efectivo en esos negocios facilitaría el seguimiento del origen y destino de los recursos.

“A nivel de empresas y cierto tipo de entidades, controles relacionados con las cantidades de efectivo ya se vienen fortaleciendo mediante los programas antilavado y anticorrupción existentes en Colombia (por ejemplo, Sagrilaft, Sarlaft, Siplaft). Sin embargo, este Estatuto Antiterrorista sería una medida de mayor jerarquía y generalizada que buscaría de manera directa la limitación o prohibición de los montos de efectivo para este tipo de transacciones”, afirmó Ramírez.

Destacó que los controles vigentes no sustituyen el alcance general que podría tener una norma de este tipo. “Aunque no se tiene certeza todavía de los montos a partir de los cuales aplicaría, sin duda sería un gran avance en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, que claramente tendrá que ir de la mano junto con otros controles que permitan detectar si el origen y destinación de los recursos corresponden a actividades lícitas o no”, agregó.