
El abogado Luis Eduardo de la Hoz López, que encabeza la defensa de varios dirigentes y excongresistas del partido Comunes, entre ellos Luis Alberto Albán, conocido durante el proceso de paz como Marcos Calarcá, pidió que las denuncias públicas de María Claudia Tarazona sobre el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay se sometan a verificación judicial antes de que se atribuyan responsabilidades.
El apoderado de la firma DLH Legal Group S.A.S sostuvo en declaraciones a Blu Radio que sus representados respetan el derecho de la viuda del senador a reclamar justicia y a que se esclarezcan los hechos. Sin embargo, advirtió que las acusaciones sin una determinación de las autoridades pueden afectar el debido proceso.
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La defensa pide diferenciar entre denunciar y establecer responsabilidades
Luis Eduardo de la Hoz López afirmó que la investigación de cualquier hipótesis debe continuar, pero señaló que una denuncia no equivale a una condena anticipada. Según expuso, la responsabilidad penal en Colombia es individual y debe establecerse con pruebas obtenidas legalmente y una decisión de la autoridad judicial competente.
“Una cosa es investigar una denuncia y otra muy distinta es convertirla anticipadamente en una condena pública”, declaró el jurista al medio referenciado. También expresó respeto por la memoria de Miguel Uribe Turbay y por el derecho de sus familiares a conocer la verdad.
Solicitan a la Fiscalía acceso a los elementos mencionados públicamente

La representación legal informó que solicitó a la Fiscalía General de la Nación el traslado formal de los chats y otros elementos probatorios a los que se refirió Tarazona, con el fin de examinarlos dentro del proceso correspondiente.
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El apoderado cuestionó que se señale a sus representados antes de que esos materiales sean incorporados y valorados por el ente acusador. “Señalar sin las pruebas que estén dentro de la Fiscalía y acusar a nuestro grupo de protegidos” resulta irresponsable, sostuvo a la cadena radial.
La firma indicó que presentó los poderes ante el despacho fiscal y manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento de la investigación. Además, pidió conocer la valoración judicial de los elementos que Tarazona ha mencionado en sus intervenciones públicas.
Consultado por la situación de Luis Alberto Albán, el abogado negó que el excongresista tuviera relación con el asesinato del senador. “Él no tiene nada que ver con ese magnicidio”, afirmó.
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El jurista añadió que Albán permanece en el país y atiende los compromisos derivados del Acuerdo de Paz ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Él está cumpliendo con el acuerdo de paz en el proceso de la JEP”, señaló.
Acciones legales contra María Claudia Tarazona tras acusaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe

Los excongresistas del partido Comunes preparan acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación tras los señalamientos de la viuda de Miguel Uribe Turbay que los relacionan con la presunta planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial.
La defensa busca que se esclarezca la información entregada por María Claudia Tarazona, viuda del político, quien afirmó haber recibido mensajes sobre los posibles responsables del hecho.
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El buffet de abogados rechazó que sus representados sean vinculados con actividades delictivas a partir de coincidencias de nombres, antiguos alias, asociaciones políticas o contenidos cuya autenticidad no haya sido verificada. El pronunciamiento fue suscrito por el abogado Luis Eduardo de la Hoz López, apoderado de los seis excongresistas.

La defensa sostuvo que la presunción de inocencia impide atribuir responsabilidades penales colectivas o declarar culpabilidades a partir de afirmaciones difundidas públicamente. La firma citó el artículo 29 de la Constitución Política de 1991: “Toda persona se presume inocente mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad”.
El comunicado cuestionó el valor probatorio de los materiales que, según Tarazona, contenían nombres y fotografías de personas supuestamente relacionadas con la organización del atentado. DLH Legal Group S:A.S afirmó: “Una fotografía, una conversación atribuida a terceros o la mención de un nombre no constituye, por sí sola, prueba de autoría, determinación o participación en un homicidio”.
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La Fiscalía adelanta labores de policía judicial para determinar el origen y la autenticidad de un correo electrónico que Tarazona remitió al organismo el 3 de septiembre de 2026. El mensaje contenía información vinculada con la presunta planificación del magnicidio.
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