Gobierno oficializó el nombramiento de la exmagistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia de la Presidencia

El Gobierno nacional oficializó la llegada de Cristina Eugenia Lombana Velásquez a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), mediante un acto administrativo que establece su nombramiento en el cargo. La funcionaria se incorporará al Ejecutivo después de desarrollar su trayectoria profesional en diferentes instancias judiciales, la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares.

La designación se conoció una semana antes de que concluyera su periodo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, donde integró la Sala Especial de Instrucción, encargada de investigar en primera instancia a los congresistas. Con su llegada al Gobierno, estará al frente de una dependencia que tiene entre sus funciones articular acciones institucionales relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

El Decreto 1538 de 2026 establece el nombramiento ordinario de Lombana y ordenó comunicar la decisión a Nicolás Gómez Arenas, quien, según el texto, desempeñaba el empleo en encargo. El acto administrativo también contempla que el decreto entra en vigor a partir de su expedición.

El nombramiento se produce en cumplimiento del anuncio que hizo el mandatario el 29 de septiembre, cuando informó que Lombana asumiría la Secretaría de Transparencia una vez terminara su periodo en la alta corte, el 8 de octubre.

De la Espriella señaló que una de las principales responsabilidades de Lombana será estructurar una estrategia institucional contra la corrupción, con la participación coordinada de las entidades estatales encargadas de investigar las afectaciones a los recursos públicos.

Al anunciar su designación, el mandatario explicó que la iniciativa buscará articular las capacidades de las instituciones para perseguir a quienes hayan participado en el saqueo de recursos públicos o pretendan hacerlo. “Con la Magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”, manifestó De la Espriella.

El jefe de Estado también se refirió al alcance de la política anticorrupción que impulsará su administración y sostuvo que la protección de los recursos públicos será una prioridad del Gobierno. “Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad”, enfatizó.

En esa misma declaración, el mandatario reiteró su posición sobre el manejo de los recursos estatales: “Los recursos públicos son sagrados y se respetan”.

La trayectoria de Cristina Lombana

Antes de su llegada al Ejecutivo, Lombana desarrolló una carrera que incluyó labores en la Fiscalía, el sector público y la Justicia Penal Militar. Entre 1995 y 1996 se desempeñó como secretaria privada del entonces fiscal general Alfonso Valdivieso. Posteriormente, trabajó en la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) y se incorporó al Ejército Nacional, donde alcanzó el grado de mayor y ejerció como juez de Instrucción Penal Militar en Medellín.

En 2018 fue elegida integrante de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, instancia encargada de investigar en primera instancia a los congresistas. Su nombramiento marcó un precedente, al convertirse en la primera integrante de la fuerza pública en llegar como magistrada a ese alto tribunal.

Su trayectoria judicial también estuvo acompañada de controversias. En 2019 se conoció que había trabajado durante algunos meses, en 1997, en la oficina del abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe. Ese vínculo no aparecía inicialmente en su hoja de vida presentada para la elección como magistrada. Lombana explicó que no había incluido ese periodo porque no contaba con una certificación laboral. Posteriormente, fue apartada del proceso relacionado con Uribe por manipulación de testigos.

En años posteriores, su actuación también estuvo relacionada con investigaciones que involucraron al exministro Armando Benedetti y el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En 2025 lideró un allanamiento a la vivienda de Benedetti y, en 2026, fue apartada por decisión mayoritaria de la Sala de Instrucción de los procesos que llevaba contra él. Asimismo, ordenó la captura de la senadora Martha Peralta en el marco de la investigación por la Ungrd, una decisión que generó cuestionamientos internos y solicitudes de investigación ante la Comisión de Acusación y la Procuraduría.

En cuanto a su formación académica, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad Panthéon-Assas de París, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y Contratación Estatal en la Universidad Externado de Colombia. También cursó estudios de Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA), obtuvo una maestría en Derecho Penal de la Eafit y adelantó formación en Derecho Penal Internacional.