El Gobierno colombiano confirmó la asistencia jurídica a los 17 exmilitares acusados por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse

La Embajada de Colombia en Estados Unidos confirmó que el Gobierno nacional, a través del Consulado en Miami, se encuentra prestando asistencia consular y asesoría jurídica a los 17 exmilitares deportados desde Haití y detenidos en territorio estadounidense por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe.

En un documento divulgado en Washington, D. C., el 15 de octubre de 2026, la representación diplomática explicó que las gestiones responden a las instrucciones impartidas por el presidente Abelardo de la Espriella y se desarrollan en el marco de las competencias establecidas por el derecho internacional, particularmente la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Según el comunicado, el acompañamiento comenzó el 21 de septiembre, fecha en la que los colombianos llegaron a Estados Unidos tras ser deportados desde Haití. Desde entonces, el Consulado estableció contacto con la oficina del fiscal para conocer su estado de salud, identificar sus necesidades inmediatas y procurar que recibieran un trato acorde con los estándares internacionales de derechos humanos.

La embajada precisó que el Consulado en Miami también se comunicó con los familiares de los colombianos detenidos, siguiendo las instrucciones del Gobierno nacional, con el propósito de informarles sobre la situación de sus allegados y las actuaciones adelantadas por las autoridades consulares.

La representación diplomática indicó que obtuvo autorización para realizar una visita consular el 25 de septiembre. Durante ese encuentro, los funcionarios brindaron asesoría jurídica consular y revisaron aspectos relacionados con el respeto de los derechos humanos y las garantías procesales de los detenidos.

De acuerdo con la embajada, este acompañamiento busca supervisar que el procedimiento judicial se adelante con observancia del debido proceso. La asesoría consular, aclaró, se desarrolla ante las autoridades competentes y dentro de las facultades que corresponden al Estado colombiano.

En el comunicado, la entidad sostuvo que las instrucciones presidenciales se han ejecutado conforme a las herramientas jurídicas disponibles para la protección de los ciudadanos colombianos en el exterior. “En síntesis, la instrucción impartida por el señor presidente se ha cumplido plenamente, utilizando todas las herramientas jurídicas que confiere el derecho internacional para la protección de nuestros connacionales”, señaló la Embajada.

Cabe recordar que el 6 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella hizo pública la instrucción dirigida a los ministerios de Defensa y Justicia para que brindaran asistencia jurídica a los colombianos deportados a Estados Unidos. En ese anuncio, el mandatario también mencionó el apoyo económico a las familias de los procesados.

En esa misma comunicación, De la Espriella manifestó que buscaba esclarecer la responsabilidad individual de cada uno de los acusados. “No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”, afirmó.

El mandatario también sostuvo: “No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”.

Por su parte, el abogado Juan J. Michelen, integrante de la firma Stumphauzer Kolaya & Sloman, PLLC., que asumió la defensa de los exmilitares en territorio estadounidense, confirmó que el Gobierno colombiano no aportará recursos para pagar sus honorarios. En una notificación conjunta presentada el 13 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la defensa indicó: “No se solicitó ni se ofreció asistencia financiera para el pago de honorarios legales, y no se proporcionará ninguna”.

El documento también señaló que ninguna persona o entidad se había comprometido a cubrir esos gastos. La presentación respondió a una orden judicial que solicitó información sobre las condiciones de asistencia económica relacionadas con los acusados.