La Fiscalía inspeccionó la Dirección de Bomberos por posible corrupción en contratos de $62.000 millones para atender la emergencia por lluvias

En la tarde del jueves 15 de octubre de 2026, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron una inspección judicial en la sede de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (Dnbc), en Bogotá, con el propósito de recopilar evidencia relacionada con posibles irregularidades en la contratación de equipos para los organismos de socorro.

Las diligencias se producen después de las denuncias presentadas por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien puso en conocimiento de los organismos de control los resultados de una auditoría forense sobre cuatro contratos suscritos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El 10 de octubre, el Ministerio del Interior trasladó la documentación a la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Según la información contenida en el informe, los procesos contractuales sumaron $62.256 millones después de varias adiciones presupuestales y habrían presentado inconsistencias en la entrega de suministros, los registros de recepción y los soportes de supervisión.

La revisión se centra en contratos celebrados para adquirir materiales y equipos destinados a los cuerpos de bomberos, luego de las emergencias provocadas por un frente frío que afectó a ocho departamentos del país en febrero de 2026. En ese momento, el gobierno de Petro declaró una emergencia por 30 días que permitió adelantar contrataciones mediante la figura de urgencia manifiesta, sin recurrir a una licitación pública.

Los cuatro contratos bajo revisión

De acuerdo con la información divulgada por la revista Semana, los procesos examinados corresponden a cuatro empresas proveedoras de la Dirección Nacional de Bomberos. El contrato de mayor cuantía fue suscrito con Multisolutions America S.A.S. el 30 de marzo de 2026, por $25.698.161.730.

El segundo corresponde a Makei Soluciones y Asesorías S.A.S., por $24.063.598.700. También figuran Representaciones Fonina S.A.S., con un contrato de $3.940.442.098, y Representaciones Químicas de Colombia RQC S.A.S., por $1.263.602.344.

Los documentos examinados señalan que los procesos comenzaron con un valor conjunto de $41.992 millones y que, tras las adiciones, alcanzaron los $62.256 millones. De ese total, se habrían pagado $54.966 millones a los contratistas.

Otro aspecto incluido en las observaciones tiene que ver con la destinación de los recursos. Según la auditoría, únicamente $313,6 millones se habrían asignado a atender inundaciones, pese a que estas estuvieron entre las principales consecuencias del frente frío. La mayor parte de los recursos se concentró en equipos para la atención de incendios.

La documentación también plantea interrogantes sobre las fechas de celebración de algunos contratos, debido a que habrían sido suscritos después del periodo de 30 días establecido en la declaratoria de emergencia. Además, las facturas de mayor cuantía se emitieron el 22 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta presidencial.

La denuncia del ministro Lara y la respuesta de una de las empresas

El ministro Rodrigo Lara Restrepo difundió un video en el que cuestionó las inconsistencias que, según su denuncia, aparecen en los registros de recepción de los materiales. “Un funcionario de la Dirección Nacional de Bomberos acredita que recibe los cascos y los materiales, pero a la vez acredita que los deja en la bodega del vendedor”, señaló.

El jefe de la cartera también defendió el trabajo de auditoría presentado ante los organismos de control. En una publicación en la red social X, escribió: “Esta denuncia está soportada en una auditoría forense extremadamente precisa. El equipo de auditoría forense del Ministerio del Interior es, sin lugar a dudas, uno de los mejores del país. Puedo afirmar que a los órganos de control les estamos entregando el trabajo hecho. Con pruebas en mano. Necesitamos resultados y que nos digan a qué manos llegó ese dinero robado”.

Por su parte, Ángela Infante, gerente y representante legal de Makei, negó que la compañía hubiera incumplido la entrega de los suministros. En declaraciones a la revista en mención, afirmó: “No es cierto que no se hayan entregado los kits para los bomberos”, y sostuvo que la empresa distribuyó elementos entre distintos cuerpos de bomberos al final del gobierno anterior.

Sobre la decisión de aceptar el contrato, Infante explicó que la compañía verificó las existencias disponibles antes de asumir el compromiso: “Tenemos firmados contratos internacionales, que están siendo vigilados. Hacemos el contrato, reviso el inventario que tenemos tanto en Zona Franca como en las bodegas y lo aceptamos”.

La inspección judicial de la Fiscalía busca recopilar elementos relacionados con los contratos cuestionados. Las posibles responsabilidades penales y las circunstancias de la ejecución contractual deberán establecerse dentro de las actuaciones correspondientes.