Gobierno cerrará la zona temporal de los Comandos de Frontera en Putumayo pese a fallo judicial: “No tengo plata”

Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y comisionado de paz encargado, anunció que el Gobierno cerrará en dos meses la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo (sur de Colombia), pese al fallo judicial que suspendió por seis meses el desmonte de este espacio. Allí permanecen 58 excombatientes de los Comandos de la Frontera, vinculados a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), en proceso de tránsito a la vida civil.

En medio de una sesión de la Comisión Legal de Paz del Congreso, realizada el miércoles 14 de octubre, el funcionario sostuvo que la continuidad de la ZUT no es viable por falta de recursos.

“Es que yo no tengo la zona de ubicación temporal o no la quiero tener, no porque no la quiera tener, es porque no tengo el presupuesto para tenerla (...) ¿Cómo yo voy a cumplir esa tutela si no tengo plata para poderlo hacer? No la tengo”, dijo al sostener que el juez le pidió una prórroga y una adición de recursos que, según aseguró, no están disponibles.

El funcionario también cuestionó las acciones judiciales promovidas por los excombatientes. “Nos vamos a dar los dos meses no más (...) con todo el respeto que merece el Poder Judicial, nosotros no podemos permitir que los jueces los instrumentalicen para estos efectos”, señaló.

Por su parte, el ministro de Justicia Iván Cancino, planteó que los excombatientes de la ZUT serían “una primera muestra de la política de sometimiento” del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La declaración se produjo mientras Cancino y el ministro del Interior Rodrigo Lara, radicaron el proyecto de ley sobre esa política.

Fallo que suspende el desmonte de la ZUT en Putumayo

La decisión judicial provino del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, que resolvió una tutela presentada por 62 excombatientes contra la Presidencia. El fallo dejó suspendida por seis meses la resolución que ordenaba desmontar la ZUT y fijó ese periodo para que las instituciones preparen un cierre con garantías.

La tutela se originó después de que el Gobierno dispusiera que la zona terminara el 30 de septiembre. Antes de emitir el fallo de fondo, el juzgado ya había decretado una medida cautelar que frenaba provisionalmente la salida de los ocupantes. Sin embargo, una comisión humanitaria recibió la instrucción de coordinar su salida entre el 1 y el 2 de octubre, situación que llevó a los demandantes a promover un incidente de desacato.

Después, el Dapre expidió una nueva resolución que trasladó el cierre al 3 de diciembre de 2026 y estableció que la salida de todas las personas debía concretarse, a más tardar, el 30 de noviembre. Esa extensión de dos meses fue adoptada antes de la decisión de tutela, por lo que el expediente corresponde a una sola acción judicial y un incidente de desacato, no a varias tutelas distintas.

El juzgado concluyó que el plan de salida presentado por la Presidencia requería mayor coordinación y definición. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Migración Colombia, los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección deben intervenir en el proceso.

Varias de esas entidades indicaron que no participaron en el diseño del plan. La Fiscalía advirtió que faltaba documentación sobre las condiciones jurídicas, logísticas, operativas y de seguridad para sus actuaciones. La Defensoría del Pueblo, por su parte, alertó sobre riesgos de seguridad, dificultades en la atención médica, falta de medidas de protección para los traslados y posibles represalias contra los excombatientes y sus familias.

La sentencia amparó los derechos a la seguridad e integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a la reincorporación y al tránsito a la vida civil. Durante los seis meses, la Fiscalía deberá avanzar en la definición de las situaciones jurídicas y las órdenes de captura, mientras la Presidencia deberá consolidar y socializar un plan institucional de cierre. El Gobierno puede impugnar la decisión ante el Tribunal Superior de Mocoa.

Los excombatientes piden permanecer en la ZUT

La ZUT fue creada tras la llegada de 99 integrantes de los Comandos de la Frontera a mediados de 2026. El grupo entregó las armas en el marco de los diálogos de paz que se adelantaban entonces con el Estado.

La posterior terminación de esa mesa dejó sin una ruta definida a quienes permanecen en el lugar. Los excombatientes han manifestado que no quieren abandonar la zona sin que se resuelvan sus condiciones de seguridad y su situación jurídica.

En la tutela, los demandantes sostuvieron que la ZUT fue el resultado de un proceso de negociación, compromisos y garantías adoptadas por el Estado. También advirtieron que un cierre sin condiciones claras podría exponerlos a amenazas, estigmatización, reclutamiento por otros grupos armados o represalias.

El fallo recogió esa preocupación y señaló que quienes dejaron las armas buscan una vida “libre de zozobra, miedo, estigmatizaciones, amenazas y violencia”. La orden judicial plantea que el cierre debe permitir la continuidad de las rutas de reincorporación y preservar el principio de confianza legítima de las personas que optaron por permanecer en la legalidad.