El estatuto antiterrorista del Gobierno De la Espriella tendría un “mico”, según profesor de la Universidad de los Andes: “No tiene que ver nada con terrorismo”

El profesor estadounidense Michael Lee Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, cuestionó varios apartados del proyecto de estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

En una publicación en X, el académico alertó que la iniciativa incluiría un aumento de penas para delitos relacionados con drogas que, a su juicio, no exige probar nexos con organizaciones terroristas.

Weintraub señaló que el proyecto contiene medidas que considera útiles, como instrumentos para mejorar la trazabilidad de minerales y disposiciones sobre el uso de drones. A la vez, planteó reparos sobre la redacción de algunas definiciones, los efectos de un registro público y el tratamiento que recibirían habitantes de zonas bajo dominio de grupos armados.

El estatuto hace parte de un paquete de seguridad que el Ejecutivo prevé llevar al Congreso junto con una ley de sometimiento. Esta última fue radicada el 13 de octubre y contempla rebajas de pena para integrantes de estructuras ilegales que entreguen armas, bienes e información, además de aportes a la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento de economías ilícitas.

El aumento de penas por delitos de drogas es el principal reparo del docente

El investigador afirmó que el proyecto incorpora un parágrafo al artículo 376 del Código Penal, que regula el tráfico, la fabricación o el porte de estupefacientes.

Según explicó en el hilo que compartió en su perfil, la sanción aumentaría entre una tercera parte y la mitad cuando la conducta beneficie a una organización incluida en los listados oficiales o cuando ponga en riesgo la vida, la salud o el ambiente.

Para Michael Weintraub, el uso de la conjunción “o” permite que la agravación opere sin demostrar una relación con una estructura terrorista. “Casi cualquier conducta de tráfico o porte puede argumentarse como peligro para la salud”, sostuvo en su publicación.

El docente añadió que la protección de la salud pública ya constituye el bien jurídico tutelado por ese artículo. Por eso, sostuvo que la fórmula podría extenderse incluso a conductas ligadas a cantidades menores de estupefacientes y tendría efectos sobre consumidores. “Efectivamente criminaliza el consumo”, escribió.

El académico indicó que cláusulas similares aparecerían en tipos penales como secuestro simple, trata de personas y contrabando.

En su explicación, el profesor universitario también cuestionó que la exposición de motivos cite la Sentencia T-762 de 2015, relacionada con la necesidad de una política criminal basada en evidencia, mientras el proyecto propone elevar penas por delitos de drogas en un sistema penitenciario que la Corte Constitucional ha declarado en estado de cosas inconstitucional.

Las definiciones de terrorismo y apoyo material concentran otras críticas

Otro de los puntos que planteó Weintraub se relaciona con el alcance de las definiciones. De acuerdo con su lectura, el proyecto definiría el terrorismo como la producción de miedo, pánico o zozobra mediante riesgos, amenazas o violencia.

El texto también incluiría dentro de la categoría de actor terrorista a quienes pertenezcan a “redes de apoyo”, incluidas las de información. Para el director del Cesed, esa redacción podría afectar a personas que viven en territorios sometidos al control de organizaciones armadas.

“En una vereda gobernada por un grupo armado, quien le pasa información bajo amenaza cabe en esa definición”, advirtió. Weintraub agregó que el delito de apoyo material tendría penas de entre 13 y 22 años, sin una exclusión expresa para quienes actúen bajo coacción.

El profesor cuestionó, además, el registro que plantea el proyecto para personas naturales vinculadas a las organizaciones listadas. Según su descripción, esa base de datos permitiría consultas por nombre o número de cédula.

Por este motivo, el académico consideró que la publicación de esos datos puede exponer a represalias a habitantes de municipios con presencia de estructuras armadas.

Sumado a lo anterior, Weintraub mostro reparos frente a la suspensión administrativa de personas jurídicas, pues señaló que la medida podría alcanzar a juntas de acción comunal, consejos comunitarios y cooperativas.

La iniciativa combina un estatuto antiterrorista y una ley de sometimiento

El Gobierno nacional ha presentado el paquete como una estrategia de dos vías. Por un lado, la ley de sometimiento ofrece beneficios condicionados para las estructuras que se acojan a la justicia. Por el otro, el estatuto antiterrorista busca ampliar las herramientas estatales contra organizaciones armadas y criminales que no acepten esas condiciones.

El proyecto de sometimiento contiene 22 artículos y plantea una categoría común de “actores armados ilegales o terroristas”

Esa denominación agruparía tanto a organizaciones con control territorial y capacidad de mando como a redes criminales que participan en economías ilícitas o cometen actos que afectan el orden público y la población civil. El Gobierno de Abelardo de la Espriella radica su proyecto de ley de sometimiento

Las organizaciones interesadas en acogerse al mecanismo deberán presentar su solicitud por medio de un abogado autorizado. Tendrán que informar el número de integrantes, el armamento, los bienes, las economías ilícitas y los datos que posean sobre personas desaparecidas o secuestradas.

La propuesta contempla el desarme, la entrega de activos de origen ilegal y la suspensión de actividades delictivas. Los jueces evaluarán los aportes individuales y colectivos a la verdad, la reparación, la localización de víctimas y el desmantelamiento de redes financieras y de corrupción.

Los integrantes sin roles de mando podrían obtener una rebaja de hasta el 50% de la pena acumulada, mientras que los líderes tendrían una reducción máxima del 30%, siempre que cumplan los requisitos fijados por la norma.

Las condenas podrían ejecutarse en centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas o cárceles productivas. Ley de Sometimiento: así es el estatuto antiterrorismo radicado por el Gobierno

Weintraub cuestionó las restricciones para la base de las organizaciones

El director del Cesed sostuvo que el proyecto prevé mecanismos de colaboración para mandos de las estructuras ilegales, aunque restringiría el principio de oportunidad para toda persona que pertenezca a una organización incluida en los listados del estatuto.

A su juicio, esa prohibición puede dificultar la desvinculación de integrantes de menor rango. “Queremos incentivar que la gente salga de las filas, no lo contrario”, escribió el catedrático.

El investigador diferenció esos reparos de los aspectos que considera positivos y mencionó, entre ellos, los mecanismos de trazabilidad de minerales, con comprobantes digitales por lote, guías electrónicas y cruces entre el volumen declarado y la capacidad de los títulos mineros.

Para Weintraub, esas medidas apuntan a las vías utilizadas para el lavado de oro.