Una menor de 16 años murió durante el bombardeo contra las disidencias de ‘Calarcá’ en el Catatumbo: esto fue lo que dijo el ministro de Defensa

Una operación de las Fuerzas Militares de Colombia contra el Frente 33, una estructura armada residual vinculada a la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, dejó cuatro integrantes de ese grupo muertos en Catatumbo, entre ellos, una menor de edad de 16 años.

Así lo señaló la cartera bajo el liderazgo del general (r) Jorge Mora, y precisó además que, durante las acciones terrestres, tres soldados resultaron heridos tras la activación de un campo minado.

El Ministerio de Defensa informó a través de un video que se difundió desde su cuenta oficial de X que la intervención comenzó a las 10:00 p. m. del sábado 10 de octubre en una zona rural de la región de Catatumbo, en Norte de Santander.

Según el comunicado oficial, las labores previas de inteligencia permitieron ubicar tres campamentos, un búnker y sectores preparados con artefactos explosivos improvisados.

Esa información llevó a las Fuerzas Militares a emplear un componente aéreo antes de la entrada de unidades terrestres para asegurar y registrar el área.

Las autoridades señalaron que los objetivos fueron identificados y delimitados antes de la operación.

El Ministerio de Defensa indicó que el planeamiento incluyó medidas para proteger a la población civil, bajo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario.

Una adolescente de 16 años murió durante la operación

De acuerdo con la información oficial, en el desarrollo de la ofensiva murieron tres hombres y una mujer que hacían parte del Frente 33.

El Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que la mujer era una adolescente de 16 años.

Desde el Gobierno nacional, el ministro Mora detalló que la menor se encontraba en función continua de combate al momento de la operación. Asimismo, el líder de la cartera rechazó el reclutamiento y uso de menores de edad por parte de grupos armados ilegales.

“Las Fuerzas Militares condenan, una vez más, el reclutamiento e instrumentalización de menores por los grupos armados, práctica que los expone a las hostilidades de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario”, señaló el funcionario en el comunicado.

Los tres militares heridos fueron afectados durante el ingreso al sector, luego de la explosión de un campo minado situado en zonas cercanas a uno de los campamentos.

La operación, de carácter conjunto, coordinado e interinstitucional, estuvo dirigida contra campamentos y otras instalaciones atribuidas al Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) Frente 33.

Incautaron diez fusiles y más de 3.860 cartuchos

Durante el registro de la zona, los uniformados incautaron diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver y 57 proveedores.

También se hallaron 3.867 cartuchos de distintos calibres, dos miras ópticas, material de intendencia y tres celulares.

La operación permitió localizar tres campamentos con capacidad aproximada para 36 integrantes de la estructura armada. Las autoridades además reportaron tres áreas acondicionadas con artefactos explosivos improvisados y un búnker.

Entre los hallazgos también figuran cinco brazaletes alusivos a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La operación buscaba proteger a las comunidades rurales de Tibú

El Ministerio de Defensa sostuvo que la intervención tuvo como propósito reforzar la protección de las comunidades rurales de Tibú, afectadas por la presencia y confrontaciones del Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según la versión oficial, los enfrentamientos entre ambos grupos han provocado daños en viviendas mediante ataques con drones cargados con explosivos.

A su vez, desde el Gobierno nacional también se indicó que en la zona persisten campos minados que representan un riesgo para la población civil y para los integrantes de la fuerza pública.

Las autoridades indicaron que los daños en viviendas fueron documentados antes de la ejecución de la operación del 10 de octubre, y desde el Gobierno de Abelardo de la Espriella se reiteró que se mantendrá acciones contra las estructuras armadas dentro del marco de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario, en pro de seguir impactando a los grupos armados ilegales que hacen de las suyas, y dejando en medio de las confrontaciones a la población civil.