A la cárcel tres acusados por explotación sexual en la frontera entre Colombia y Venezuela: una de las víctimas era menor de edad

La Fiscalía General de la Nación imputó por trata de personas agravada a los hermanos venezolanos Carlos Alberto Colina Herrera y Carlos José Colina Herrera, y a la madre de una adolescente de 16 años, por la presunta explotación de dos víctimas en un estudio clandestino de transmisiones sexuales en vivo que operó entre agosto y octubre de 2025 en Villa del Rosario, Norte de Santander.

La acusación sostiene que los procesados imponían horarios, exigían atender solicitudes de usuarios y aplicaban multas para aumentar los ingresos obtenidos en plataformas digitales.

La Fiscalía Seccional de Norte de Santander formuló cargos por la participación individual que atribuye a cada acusado y señaló que también se les investiga por facilitar medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años. La trata de personas en modalidad agravada puede acarrear penas superiores a 23 años de prisión cuando la víctima es menor de edad.

Los tres imputados rechazaron los cargos durante la audiencia judicial. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento intramural para los procesados.

Según la investigación, una mujer de 19 años y la adolescente debían cumplir jornadas estrictas dentro del inmueble y responder a todas las peticiones de los usuarios durante las sesiones en vivo. Los hermanos supervisaban esas actividades y recibían pagos en dólares de las plataformas.

La Fiscalía describió multas y porcentajes como parte de la captación

Durante la audiencia, la fiscal asignada al expediente relató las circunstancias en las que la mujer de 19 años llegó a Cúcuta el 10 de agosto de 2025. La funcionaria indicó: “Fue contactada a través de una plataforma y recibió ofrecimientos para trabajar en una página web, con pagos monetarios por porcentajes según la actividad sexual realizada en las plataformas virtuales”.

De acuerdo con la fiscal, el acuerdo incluía condiciones económicas que afectaban a la mujer una vez ingresaba al lugar. “A cambio debía pagar algunas multas”, sostuvo al explicar el mecanismo que, según la acusación, se aplicaba dentro del estudio.

La investigación atribuye a Carlos Alberto Colina Herrera tareas de administración, supervisión y control de las mujeres. Al exponer su presunto papel, la fiscal afirmó: “Acogió y recibió a las mujeres que realizaban las transmisiones, facilitó su explotación y participó en la administración y supervisión del establecimiento”.

La funcionaria agregó que el acusado suministraba elementos para el funcionamiento del inmueble, entre ellos útiles de aseo, y que las víctimas lo identificaban como una de las personas que dirigían el estudio. La Fiscalía considera que su intervención fue necesaria para sostener la operación investigada.

Según la imputación, esas labores incluían el control sobre las mujeres que participaban en las transmisiones sexuales. La acusación vincula ese control con las exigencias de horarios y las reglas internas que regían en el lugar.

La madre de la adolescente habría permanecido en el estudio

El ente acusatorio sostuvo que la madre de la adolescente conocía la actividad que se desarrollaba en el inmueble y permitió la asistencia de su hija. La mujer habría facilitado la permanencia de la menor en el entorno donde se producían los contenidos sexuales para plataformas digitales.

Al referirse a su conducta, la fiscal señaló: “Facilitó y permitió la permanencia de la adolescente en dicho entorno, favoreciendo la continuidad de la explotación sexual a la que era sometida a diario”.

La investigación también estableció que la madre permanecía en el lugar donde se realizaban las transmisiones. “Tenía conocimiento de las condiciones en que su hija realizaba el contenido sexual”, afirmó la funcionaria durante la audiencia.

Tras ello, los tres imputados no aceptaron los cargos durante la audiencia judicial, por lo que el juez ordenó medida de aseguramiento intramural para los procesados.