Gobierno prorrogó la intervención de Capresoca EPS hasta octubre de 2027: persisten riesgos financieros y operativos

El Gobierno nacional autorizó por un año más la intervención forzosa administrativa para administrar la Caja de Previsión Social del Casanare (Capresoca EPS), medida que se mantiene desde octubre de 2024.

La decisión quedó establecida en la Resolución Ejecutiva 455 de 2026, expedida el 6 de octubre, mediante la cual se amplió la intervención desde el 8 de octubre de 2026 hasta el 7 de octubre de 2027.

La medida incluye la continuidad de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la EPS. De acuerdo con el acto administrativo, la prórroga busca avanzar en las acciones dirigidas a la estabilidad financiera y administrativa de la entidad y en la prestación continua, oportuna y eficiente de los servicios de salud para sus afiliados.

La intervención fue ordenada inicialmente por la Superintendencia Nacional de Salud mediante una resolución del 7 de octubre de 2024, por un periodo de un año. Posteriormente, mediante una resolución expedida el 7 de octubre de 2025, la medida fue extendida hasta el 7 de octubre de 2026. La nueva decisión del Gobierno permite que el proceso continúe durante un tercer año.

Conceptos respaldaron la continuidad de la intervención

La decisión del Ejecutivo estuvo precedida por diferentes conceptos y evaluaciones elaborados durante agosto y septiembre de 2026. Entre ellos se encuentra el presentado por la actual agente interventora, Olga Lucía Vásquez Barrios, que remitió a la Superintendencia Nacional de Salud un concepto de viabilidad sobre la continuidad de la intervención. En ese documento se planteó que los hallazgos relacionados con gestión y control, el fortalecimiento de la auditoría y del control del gasto, la depuración de provisiones y costos y la ejecución de una estrategia de recuperación constituían elementos para mantener la medida y evaluar la evolución de la entidad.

La agente interventora también señaló que la evaluación realizada estaba sustentada en la información disponible y que no implicaba anticipar decisiones sobre hallazgos que permanecían en proceso de verificación. Además, advirtió sobre los riesgos operativos que podría generar una eventual interrupción del aseguramiento a cargo de Capresoca EPS.

Por su parte, Baker Tilly Colombia Ltda., firma encargada de la contraloría y del seguimiento de la medida, presentó el 3 de septiembre de 2026 su concepto de viabilidad. En este documento indicó que la EPS “se mantiene en un escenario de riesgo” y que persisten condiciones que justifican la continuidad de las medidas especiales de seguimiento, control y gestión por parte de las autoridades.

El concepto de la firma se fundamentó en las evaluaciones realizadas sobre la ejecución del plan de trabajo de la EPS y los resultados de los indicadores registrados en la plataforma Fénix. Según el documento citado en la resolución, “persisten riesgos significativos que afectan la capacidad de la EPS para garantizar una gestión integral, efectiva y sostenible”.

A estos conceptos se sumó la recomendación de la Dirección de Medidas Especiales para Entidades Promotoras de Salud y entidades adaptadas y de la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud. El Comité de Medidas Especiales de la Supersalud analizó la recomendación en su sesión del 8 de septiembre de 2026 y sus integrantes votaron por unanimidad a favor de extender la intervención por un año.

Ministerio de Salud consideró viable un año adicional

El Ministerio de Salud y Protección Social también emitió un concepto técnico sobre la prórroga. La Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones consideró que el periodo adicional de un año era razonable para evaluar la evolución de las condiciones de operación de Capresoca EPS y verificar los resultados de las acciones implementadas durante la intervención.

El concepto de la cartera señaló que ese plazo permitiría verificar la incidencia de las medidas sobre “la continuidad, oportunidad y calidad del aseguramiento de la población afiliada”. También consideró que la permanencia de la intervención permite mantener mecanismos institucionales de seguimiento y mitigar los riesgos relacionados con una eventual interrupción del aseguramiento.

La resolución recuerda que la normativa permite extender una toma de posesión cuando, cumplido el periodo inicial, aún no se han superado las dificultades que dieron origen a la medida. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece un término inicial de un año, prorrogable por otro igual, y contempla que el Gobierno pueda autorizar una prórroga mayor mediante resolución ejecutiva cuando las características de la entidad así lo requieran.

La Resolución Ejecutiva 455 mantiene a Olga Lucía Vásquez Barrios como agente interventora y a Baker Tilly Colombia Ltda. como contralora de la medida. La resolución dispone que ambas figuras sean notificadas del contenido del acto administrativo, junto con la Superintendente Nacional de Salud, el Superintendente Delegado para Entidades de Aseguramiento en Salud y las entidades territoriales donde opere el aseguramiento de Capresoca.

El Gobierno estableció que la prórroga tendrá vigencia hasta el 7 de octubre de 2027, aunque la Superintendencia Nacional de Salud podrá disponer el levantamiento de la intervención antes de esa fecha.