La Fiscalía General de la Nación sigue en su investigación por el entramado de corrupción que se habría apoderado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), después de que confirmara en la mañana del domingo 23 de agosto la condena contra Francisco Javier Estupiñán Bravo.
El Tribunal Superior de Bogotá ajustó la pena a 9 años, 11 meses y 27 días de prisión, tras aceptar el allanamiento de cargos del exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú por delitos relacionados con el direccionamiento y la adjudicación irregular de un contrato multimillonario.
El caso tiene como eje la adjudicación de una orden de proveeduría, por 29.000 millones de pesos, destinada al suministro de 40 carrotanques para comunidades indígenas en La Guajira. La Fiscalía demostró que Estupiñán Bravo entregó certificaciones falsas que acreditaban la disponibilidad inmediata de los vehículos, aunque estos aún no estaban ensamblados.
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Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, el grupo liderado por Estupiñán Bravo gestionó desembolsos por 25.375 millones de pesos, a pesar de que los carrotanques seguían incompletos.
El análisis contractual y contable expuso sobrecostos por 11.114 millones de pesos, monto del cual el exgerente de ventas y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de 4.330 millones, mientras que terceros recibieron 6.784 millones de pesos.
La investigación, coordinada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, evidenció que la documentación presentada para el contrato se basaba en una supuesta alianza comercial inexistente. El proceso reveló que los recursos públicos no solo fueron desviados, sino que los beneficiarios incluyeron tanto funcionarios como personas externas a la corporación.
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El exrepresentante de ventas Francisco Javier Estupiñán Bravo aceptó los cargos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, así como interés indebido en la celebración de contratos, lo que permitió el avance en las etapas judiciales y la posterior confirmación de la condena.
Consecuencias penales y principio de oportunidad
La condena incluye una inhabilidad de 119,9 meses para ejercer funciones públicas y dos multas: una por 5.000 millones de pesos y otra equivalente a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Además, el procesado suscribió un principio de oportunidad con la Fiscalía, comprometiéndose a aportar información relevante sobre otros involucrados, reparar económicamente los daños y construir obras de infraestructura conmemorativas para las comunidades afectadas.
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Como resultado de este acuerdo, la acción penal por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado y falsedad en documento privado cesa parcialmente. La Fiscalía mantiene la acusación sobre estos puntos, aunque la colaboración del exfuncionario podría influir en futuras decisiones judiciales.
En marzo de 2026, un juez penal de conocimiento de Bogotá ya había impuesto una condena inicial de 16 años, siete meses y seis días de prisión a Estupiñán Bravo. Sin embargo, la aceptación de los cargos y la colaboración con la justicia redujeron la pena a la cifra definitiva actual.
El escándalo de corrupción en la Ungrd no se limita a Estupiñán Bravo. El Juzgado 11 Penal con función de conocimiento de Bogotá también confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien permanece prófugo de la justicia. La orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol siguen vigentes, debido al riesgo de evasión procesal identificado por la autoridad judicial.
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Las investigaciones continúan abiertas para identificar a otros beneficiarios y responsables del esquema de corrupción. La Fiscalía General de la Nación ha reiterado que los recursos legales siguen disponibles para los condenados y que el proceso judicial podría ampliarse a medida que avance la colaboración de los implicados.
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