Comité ecologista anunció que acudirá a un tribunal para detener decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella que afectaría el páramo de Santurbán

El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán anunció nuevas acciones judiciales contra el Gobierno nacional y solicitará medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander para intentar frenar los efectos de la decisión que dejó sin vigencia la protección ambiental sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California.

La organización considera que la revocatoria representa un retroceso en la protección de un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua de millones de personas y busca que la jurisdicción administrativa intervenga mientras se resuelve de fondo la controversia sobre el área, según la información de Blu Radio.

La solicitud de medidas cautelares hace parte de una ofensiva jurídica más amplia que prepara el comité luego de que el Ministerio de Ambiente revocara la reserva definitiva establecida sobre los terrenos ubicados por fuera de los límites del páramo.

La organización sostiene que esa decisión no corresponde con el alcance del fallo judicial que ordenó rehacer parte del procedimiento.

Además de acudir al Tribunal Administrativo de Santander, el comité anunció una recusación contra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, por considerar que existen elementos que podrían comprometer su imparcialidad en las actuaciones relacionadas con Santurbán y el proyecto minero Soto Norte.

La recusación se fundamenta, según la organización, en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 y comprende actuaciones relacionadas con la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín, la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables y la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja.

Mayerling López, delegada del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, aseguró que el ministro no debería continuar tomando decisiones sobre estos asuntos mientras se resuelve el recurso.

La organización cuestiona además declaraciones previas de Arjona sobre la posibilidad de avanzar en procesos de formalización minera en el entorno del páramo y su referencia a Aris Mining.

El conflicto se concentra especialmente en las 1.499 hectáreas de la microcuenca de La Baja, un territorio ubicado en California y que, de acuerdo con el comité, coincide con el área donde se encuentra el título minero de Aris Mining.

Según estudios citados por la organización y atribuidos al Servicio Geológico Colombiano, estos terrenos tienen relevancia para el abastecimiento hídrico de cerca de dos millones de personas.

Otras estimaciones relacionadas con la controversia ubican en más de 2,5 millones el número de habitantes que dependen del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Bucaramanga.

La revocatoria quedó formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, con la que el Ministerio de Ambiente dejó sin vigencia la Resolución 0994 del 6 de agosto, que había establecido la reserva definitiva sobre la microcuenca de la quebrada La Baja.

La cartera explicó que la decisión respondió a un fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que ordenó reiniciar el trámite debido a presuntas irregularidades en el proceso de consulta pública y posibles afectaciones de derechos fundamentales.

El Ministerio ha defendido que la medida no significa renunciar a la protección ambiental de La Baja, sino retrotraer el procedimiento al momento en que deben garantizarse la participación efectiva de las comunidades y el debido proceso.

La entidad también anunció una nueva evaluación técnica y jurídica integral para determinar las medidas de protección que correspondan.

El ministro Arjona ha insistido en que la protección de Santurbán debe estar sustentada en criterios técnicos, transparencia, seguridad jurídica y participación de las comunidades involucradas.

Sin embargo, el comité sostiene que el fallo judicial no ordenaba eliminar la reserva ambiental, sino reabrir la etapa de participación ciudadana y permitir nuevamente el acceso de las comunidades al expediente del proceso. Por esa razón, considera que la revocatoria debe ser revisada por las autoridades judiciales.

La disputa se suma a un conflicto ambiental que lleva cerca de 15 años y que ha enfrentado a organizaciones sociales y ambientales con sectores interesados en el desarrollo de actividades mineras en el entorno de Santurbán.

A este escenario se suma la discusión pendiente sobre la delimitación definitiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín, proceso que debe incorporar la participación de las comunidades de municipios como Bucaramanga, Vetas y California.