El gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella solicitó este lunes a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) abstenerse de suscribir un contrato interadministrativo por $10.500 millones con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo), cuyo objeto es la administración de los proyectos estratégicos Ranchería-San Juan y Triángulo del Tolima.
La petición fue dada a conocer mediante un comunicado de la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno entrante, en el que se señala que la solicitud busca que el contrato no sea firmado hasta que se verifique plenamente su legalidad, conveniencia y transparencia.
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En el mismo documento, el gobierno electo advirtió que, de mantenerse la celebración del convenio sin que se despejen las inquietudes planteadas, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, para que esas entidades actúen dentro del ámbito de sus competencias.
El contrato está destinado a la administración de dos proyectos estratégicos
Según el comunicado, el convenio corresponde a un contrato interadministrativo por $10.500 millones que sería suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural y Aldesarrollo para la administración de los proyectos estratégicos Ranchería-San Juan y Triángulo del Tolima.
La comunicación oficial no entrega información adicional sobre el estado del proceso contractual ni detalla las actividades específicas que desarrollaría Aldesarrollo en el marco del convenio. Tampoco explica las razones puntuales que motivaron las inquietudes expresadas por el gobierno electo, más allá de señalar la necesidad de verificar plenamente la legalidad, conveniencia y transparencia de la contratación.
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La solicitud fue dirigida directamente a la ADR, entidad encargada de adelantar el proceso, con el propósito de que la suscripción del contrato sea suspendida mientras se realiza la verificación anunciada por el equipo de transición.
Gobierno electo advierte que acudirá a los organismos de control
Uno de los apartados centrales del comunicado corresponde a la advertencia formulada por el gobierno del presidente electo frente a la eventual firma del contrato.
De acuerdo con el documento, si el proceso continúa y el convenio es suscrito sin que, a juicio del gobierno entrante, se hayan disipado las inquietudes existentes, los hechos serán puestos en conocimiento de los organismos de control y de investigación.
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“El Gobierno electo fue categórico en su advertencia de persistir la celebración de este contrato sin que se disipen las inquietudes existentes, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que adelanten las actuaciones preventivas e investigaciones que correspondan dentro de sus competencias”, señala el comunicado.
El documento precisa que la intención es que esas entidades adelanten las actuaciones preventivas y las investigaciones que consideren procedentes dentro de las competencias que les asigna la ley.
Hasta el contenido conocido del comunicado, el gobierno electo no informó si ya presentó alguna denuncia formal ni indicó que exista una investigación en curso relacionada con este contrato. La advertencia está condicionada a que el proceso contractual continúe sin que se atiendan las observaciones planteadas.
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La actuación hace parte del denominado “Empalme Anticorrupción”
El pronunciamiento también explica que esta actuación hace parte de las labores que el gobierno entrante ha denominado Empalme Anticorrupción, iniciativa desde la cual afirma estar haciendo seguimiento a las decisiones administrativas y contractuales adoptadas durante los últimos días del gobierno saliente.
Según el comunicado, este mecanismo tiene como propósito revisar actuaciones que, a juicio del equipo de transición, puedan comprometer el patrimonio público antes del cambio de administración.
“Esta actuación se enmarca en el compromiso del Empalme Anticorrupción de vigilar, alertar y frenar cualquier decisión contractual que pueda comprometer el patrimonio público en los últimos días del gobierno saliente”, indica el documento.
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El comunicado añade que la vigilancia sobre este tipo de procesos responde al compromiso del nuevo gobierno con la protección de los recursos públicos y la contratación estatal.
“La protección de los recursos públicos y la transparencia en la contratación estatal no son opcionales: son un deber ineludible del Estado. El Gobierno de la Patria Milagro lo ejercerá sin vacilaciones desde el primer día”, concluye el pronunciamiento divulgado por la Oficina de Prensa del Presidente Electo de la República de Colombia.
El comunicado no informa una respuesta de la ADR
La comunicación difundida por el gobierno electo está dirigida a la Agencia de Desarrollo Rural y expone la posición de la administración entrante frente al proceso contractual con Aldesarrollo.
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En el documento conocido este lunes no se hace referencia a una respuesta de la ADR sobre la solicitud de suspender la suscripción del contrato, ni se informa si la entidad modificará el cronograma previsto para la eventual celebración del convenio.
Tampoco se incluyen detalles adicionales sobre las observaciones que motivaron la petición, más allá de la necesidad de verificar la legalidad, conveniencia y transparencia del proceso, ni se hace referencia a pronunciamientos de Aldesarrollo respecto al contrato.
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