La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cuestionó el mecanismo del cargo por confiabilidad en Colombia, que tiene 20 años de vigencia en el país. Esto, por el uso de billonarios recursos constantes de 2025 pagados por los usuarios. La entidad presentó un informe en el que concluyó que el mecanismo presenta limitaciones en su funcionamiento y recomendó revisar su diseño regulatorio, al señalar que desde 2006 los usuarios transfirieron $97,1 billones a las generadoras.
Con exactitud, el Observatorio de Servicios Públicos presentó una evaluación integral del mecanismo, creado en 2006 como una herramienta financiera para asegurar la disponibilidad de plantas en períodos de escasez hídrica asociados al fenómeno de El Niño.
Describió el cargo, que es un pago que se incluye dentro del costo de generación de la factura de energía eléctrica en Colombia y funciona como un seguro para remunerar a las plantas de respaldo (como las térmicas) y garantizar el suministro de electricidad durante épocas de escasez o sequías severas como el fenómeno de El Niño, es un “seguro” que los usuarios pagan en la factura de energía para que las generadoras mantengan sus plantas listas y disponibles ante esas contingencias.
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Según el análisis, de los $97,1 billones constantes de 2025 transferidos desde 2006, cerca del 62% remuneró plantas hídricas y aproximadamente el 37% plantas térmicas. Por territorios, Antioquia recibió $26,5 billones, Atlántico $15,8 billones y Cundinamarca-Meta $13,1 billones.
La Superintendencia también sostuvo que en 2025 el cargo representó el 21,5% de los ingresos del sector de generación y el 111% de sus utilidades.
Sobre la situación, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, cuestionó: “¿Cómo es posible que después de 20 años de un esquema de confiabilidad se hable de apagón cuando los usuarios del servicio de energía les han entregado $97 billones a las empresas de generación?”.
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Objeciones de la Superintendencia al diseño del mecanismo
El informe precisó que, aunque el cargo nació para mitigar riesgos de escasez de agua, el 48% de sus recursos se destina a plantas hídricas o a respaldar compromisos con otras plantas de la misma fuente. La crítica apunta a que se paga un “seguro contra la sequía” a una tecnología que también queda expuesta cuando llega un fenómeno de El Niño.
La evaluación agregó que, tras dos décadas de cobros, gran parte de los recursos continúa en plantas con entre 20 y 30 años de antigüedad. Según la entidad, eso todavía no se tradujo en un aumento real de la capacidad instalada del sistema.
Durán insistió en la necesidad de reorientar esos recursos. “Los planes de mejora deben ser permanentes y es importante orientar esos recursos realmente a aumentar la capacidad de energía para que podamos atender la demanda, incluso en fenómenos extremos como el que ya estamos viviendo”, dijo.
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La recomendación de la entidad es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía revisen el diseño regulatorio y la efectividad del mecanismo. La meta, según el documento, es incentivar la entrada de nuevas plantas más eficientes y de fuentes no convencionales de energía renovable.
Defensa de los gremios: cifras de racionamiento e inversión
Por supuesto, los gremios del sector reaccionaron al informe. El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, afirmó que la Superintendencia ha sido “muy poco técnica, politizada, sin argumentos, sin técnica regulatoria”. También rechazó que el cargo se describa como un seguro y sostuvo que se trata de un mecanismo de confiabilidad para un sistema eléctrico como el colombiano.
Según el dirigente, el principal error del informe está en afirmar que los usuarios pagaron cerca de $97 billones de pesos sin recibir beneficios. Aseguró que “han habido beneficios por cerca de ciento veinticinco billones de pesos en los últimos 20 años”.
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Explicó que el cálculo incluye el techo que el mecanismo pone a los precios de bolsa durante eventos extremos y los racionamientos que, a su juicio, evitó. Para sustentar ese punto, citó los fenómenos de El Niño de 2009-2010, 2015-2016 y 2023-2024. Según Castañeda, cada racionamiento habría costado cerca de dos puntos porcentuales del producto interno bruto, del orden de $40 billones por episodio, lo que multiplicado por tres da otros $120 billones.
El presidente ejecutivo de Andeg añadió que desde 2006 el cargo atrajo inversiones por más de $100 billones. Para entender el esquema, puntualizó que “con este mecanismo, es que Colombia no se ha apagado”.
Asimismo, sostuvo que, en el momento más crítico del fenómeno de El Niño, las plantas térmicas aportan el 50% de la energía. Insistió en que sin el Cargo por Confiabilidad esas plantas no existirían y el sistema quedaría expuesto en los momentos de mayor tensión.
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Inversiones y riesgos del sistema
La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, sostuvo que el país completa más de tres décadas sin apagón nacional y atribuyó parte de ese resultado al esquema cuestionado. También rechazó que se diga que los recursos recaudados no se han utilizado o que carezcan de contraprestación.
“El cargo por confiabilidad no es un pago gratuito a los generadores”, afirmó. Luego añadió que las empresas reciben ese respaldo porque deben entregar energía cuando el sistema más la necesita y demostrar que cuentan con los recursos para hacerlo.
Acolgen aseguró que el mecanismo permitió inversiones superiores a USD16.700 millones, equivalentes a cerca de $113 billones. Según el gremio, esos recursos respaldaron 11.078 megavatios de nueva capacidad en plantas hidráulicas, térmicas, solares, eólicas y de biogás.
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Gutiérrez sostuvo que toda esa infraestructura se financió con inversión privada y no con recursos del Presupuesto General de la Nación. “El país pudo fortalecer su sistema eléctrico sin dejar de destinar recursos a salud, educación, vías o programas sociales”, señaló.
La presidenta de Acolgen agregó que el cargo permitió enfrentar los fenómenos de El Niño de 2015-2016 y 2023-2024 sin apagón nacional, en un sistema donde cerca del 70% de la generación depende del agua. “Es precisamente en esas épocas cuando un sistema demuestra qué tan preparado está”, indicó. También recordó una advertencia de Fitch Ratings fechada el 21 de agosto de 2025.
Según Gutiérrez, el informe planteó que eliminar o debilitar el esquema podría desincentivar la inversión en el sector eléctrico y elevar el riesgo de desabastecimiento. En su diagnóstico sobre los próximos años, la dirigente atribuyó las tensiones del sistema a un menor margen de energía disponible, al crecimiento de la demanda por encima de los nuevos proyectos y a retrasos en obras de generación y transmisión.
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Sumó la menor disponibilidad de gas, la incertidumbre para nuevas inversiones y las obligaciones financieras de algunos comercializadores, aunque afirmó que las generadoras han seguido cumpliendo con el suministro.
Gutiérrez dijo que la subasta realizada este año garantizará el abastecimiento para 2029-2030, pero no resolverá las necesidades previstas para los años más próximos. Para el gremio, la discusión también se centra en las condiciones que necesita el sector para incorporar a tiempo la oferta eléctrica que exige la demanda futura.