En agosto de 2024, en La Calera, Cundinamarca, una sequía obligó a la población local a enfrentar severos racionamientos. Mientras los habitantes solo contaban con agua durante algunas horas al día y debían comprar la restante para sus necesidades, se denunció que una planta de la empresa Coca-Cola continuó extrayendo el líquido sin restricciones, amparada en una concesión vigente desde 1983.
La indignación creció al revelarse que la compañía pagaba tarifas considerablemente menores a las de las familias y que, en algunos periodos, la empresa habría superado los límites de extracción establecidos. Esto motivó la movilización de organizaciones ambientales y sociales, que iniciaron acciones jurídicas y protestas públicas para exigir que se priorizara el consumo humano.
En mayo de 2025 se realizó la primera audiencia pública en Colombia dentro del trámite de renovación de una concesión de agua. Finalmente, en abril de 2026, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) resolvió renovar la concesión, pero con condiciones más estrictas: reducción del caudal permitido, el cierre de tres de los siete manantiales habilitados y la obligación de suspender la extracción en caso de sequía.
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Piden que la CAR termine el acuerdo con la empresa estadounidense
A través de un comunicado, el Centro de Litigio Estratégico Nacional e Internacional (Celeni) de la Universidad Militar Nueva Granada solicitó que la CAR suspenda de manera definitiva la concesión que existe con Coca-Cola en La Calera, que se ha mantenido a pesar de la alerta roja de desabastecimiento de agua que existe en la zona.
El centro educativo anunció que interpuso un recurso ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para solicitar la suspensión definitiva de la concesión, argumentando que existe un estrés hídrico en la región advertido por la ONU y la alerta del fenómeno de El Niño para el segundo semestre de 2026.
Además, resaltó que el Ideam y el Ministerio del Medio Ambiente han destacado cómo la extracción del agua impacta directamente a la población de La Calera. Según el recurso, el acueducto municipal solo cuenta con 600 metros cúbicos de los 2.700 requeridos, lo que representa un déficit y pérdidas técnicas del 38%.
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El Celeni y la universidad mencionada expusieron que los siete manantiales de los predios San José y Los Cerritos, de donde se extrae el agua, se encuentran ubicados en zona de páramo dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, y que la Resolución 710 de 2016 establece que en estas áreas la protección debe ser absoluta y no admite excepciones.
El documento señala que la Resolución 347 de 2026, que prorroga la concesión, no se encuentra en firme y permite que continúe la captación en los siete manantiales de forma indefinida, situación que incrementa el riesgo hídrico ante el fenómeno de El Niño.
En el recurso se advierte que la CAR realizó estudios propios que evidencian baja capacidad adaptativa del sistema, incompatibles con la prórroga otorgada. También se menciona la ausencia de un balance hídrico integral y de un caudal ecológico mínimo, lo que genera incertidumbre científica sobre los impactos ambientales y la sostenibilidad de la concesión.
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“Esta omisión fue constatada en el Informe Técnico DRBC N.° 1686 del 16 de diciembre de 2024, el cual indica que la prórroga se adoptó sin considerar escenarios de cambio climático, en contravía del principio de precaución, prevención y de los estándares internacionales del artículo 7 del Acuerdo de París y la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte IDH. Por lo anterior, el CELENI solicita a la CAR de Cundinamarca negar totalmente la concesión, priorizar el acceso al agua para consumo humano y garantizar la protección del páramo, la comunidad de La Calera y su identidad cultural", es parte del documento.