Firmantes de paz y familiares de excombatientes en Antioquia hicieron un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que mantenga abierto el diálogo y no detenga la implementación del Acuerdo Final de Paz de La Habana, cuando faltan pocos meses para que el pacto cumpla diez años.
Las voces conocidas desde el departamento reflejan preocupación por el futuro de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano con quienes dejaron las armas y comenzaron un proceso de reincorporación a la vida civil. Los testimonios también recogen inquietudes por la seguridad, la estigmatización y las condiciones de vida en los territorios rurales.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, una de las cartas fue enviada por Enith Moreno Úsuga, campesina, firmante del Acuerdo y defensora de derechos humanos. En su mensaje al presidente electo, pidió mantener el diálogo con los firmantes, proteger la vida de líderes sociales y garantizar que se cumpla lo pactado.
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Moreno sostuvo que la paz no se limita al fin de la confrontación armada, sino que también exige presencia efectiva del Estado, acceso a tierra, educación, salud, justicia, trabajo digno y oportunidades para comunidades que han sido históricamente excluidas.
Firmantes piden ser escuchados por el nuevo Gobierno
El mensaje de Enith Moreno plantea una solicitud directa al gobierno entrante: escuchar a quienes piensan distinto y evitar que la implementación del Acuerdo quede atrapada en disputas políticas. Para ella, gobernar Colombia implica proteger derechos fundamentales y generar confianza entre ciudadanos que han vivido la guerra desde los territorios.
A esa carta se suma un manuscrito de otro firmante de paz, quien relató su historia personal y explicó que ingresó a la antigua guerrilla siendo joven, motivado por las condiciones de pobreza y desigualdad que enfrentaba su familia. Según su testimonio, el proceso de paz le permitió imaginar una vida diferente junto a sus hijos.
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Sin embargo, el firmante aseguró que hoy siente preocupación por la situación de quienes cumplieron con el proceso de reincorporación. En su escrito afirmó que muchos siguen enfrentando estigmatización, amenazas y obstáculos para que se cumplan los compromisos del Acuerdo.
“Solo pedimos que se dialogue y no se nos trate como a quienes siguen armados”, se lee en una de las misivas conocidas por el medio.
El reclamo apunta a una diferencia que los firmantes consideran esencial: quienes dejaron las armas y permanecen en la legalidad piden no ser equiparados con estructuras que continúan activas en la ilegalidad. Su petición central es que el Estado mantenga las garantías acordadas y preserve los canales de participación.
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Familias defienden la reincorporación
También se conoció el testimonio de Jhoany Perea Cuesta, hija del excombatiente Erics Córdoba Pérez, quien relató cómo cambió la vida de su familia después de la firma del Acuerdo. Según dijo, la decisión de su padre de dejar las armas estuvo marcada por incertidumbre, pero también por esperanza.
Perea afirmó que las asignaciones económicas recibidas durante el proceso de reincorporación les permitieron cubrir necesidades básicas, planificar un futuro más estable y recuperar dignidad. Su testimonio muestra que la implementación no solo involucra a los firmantes, sino también a sus familias.
Los pronunciamientos se conocen en medio de la tensión entre el presidente electo y Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, exjefe de las extintas Farc. En días recientes, integrantes del último secretariado enviaron una carta a De la Espriella en la que manifestaron su disposición a dialogar sobre la implementación integral del Acuerdo Final, pese a las diferencias ideológicas.
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El documento fue divulgado después de que el presidente electo cuestionara el viaje de Londoño a España y anunciara una revisión de entidades vinculadas a la implementación del Acuerdo. En respuesta, los exintegrantes del secretariado recordaron que el Estado mantiene obligaciones constitucionales e internacionales frente a lo pactado.
Desde Antioquia, los firmantes “de a pie” buscan que su voz también sea escuchada. Su mensaje no se concentra en la disputa política nacional, sino en la vida cotidiana de quienes apostaron por la reincorporación y temen que los avances logrados queden en riesgo con el cambio de Gobierno.