El presidente Gustavo Petro arremetió contra Enrique Vargas Lleras, director adjunto del partido Cambio Radical, luego de que este enviara una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicitó mantener las medidas restrictivas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra el mandatario colombiano y miembros de su familia.
A través de su cuenta en la red social X, Petro aseguró que la petición de Vargas Lleras tendría como objetivo apartarlo del país para evitar “responsabilidad” por el desfalco relacionadas con la Nueva EPS, entidad que ha estado en el centro de una fuerte controversia política y judicial durante su Gobierno.
“Vargas Lleras quiere apartarme del país para ver si evade su responsabilidad en el robo de la Nueva EPS. Cinco millones de facturas escondidas bajo su administración y el presidente de la EPS preso”, escribió el jefe de Estado.
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El mandatario agregó que, según su versión, la falta de entrega de una auditoría forense protegería al exdirectivo. “Lástima que no entregan la auditoría forense protegiéndolo”, afirmó Petro.
Además, cuestionó la posibilidad de una eventual extradición y aseguró que no existe un proceso judicial en Estados Unidos que permita una medida de ese tipo.
“¿Y cómo me extraditan si no hay un caso judicial contra mí en los EE. UU.? ¿Por decisiones gubernamentales?”, manifestó el presidente.
La carta de Vargas Lleras a Marco Rubio y la solicitud sobre la lista OFAC
La respuesta de Petro ocurrió después de que Enrique Vargas Lleras enviara una carta fechada el 6 de julio de 2026 al secretario de Estado estadounidense, en la que pidió que Estados Unidos mantenga las restricciones contra el presidente colombiano y su núcleo familiar hasta que avancen las investigaciones en curso.
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En el documento, Vargas Lleras aseguró que la solicitud no responde a intereses partidistas, sino a lo que calificó como “la gravedad objetiva de los hechos” ocurridos durante la administración Petro.
El dirigente político afirmó que durante el Gobierno se han presentado denuncias relacionadas con presuntos desfalcos al patrimonio público, irregularidades en el manejo de recursos estatales y afectaciones a la institucionalidad colombiana.
También cuestionó el uso de recursos públicos para contratar una firma en Estados Unidos con el propósito de atender asuntos relacionados con la situación del presidente frente a la OFAC.
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En la misiva, Vargas Lleras pidió que las medidas internacionales permanezcan vigentes hasta que concluyan los procesos de transición gubernamental y avancen las investigaciones nacionales e internacionales.
Petro y Vargas Lleras mantienen una disputa por la Nueva EPS desde 2024
La confrontación entre Gustavo Petro y Enrique Vargas Lleras por la situación financiera de la Nueva EPS no es nueva. Desde mayo de 2024 el presidente empezó a señalar públicamente a la familia Vargas Lleras por la administración de la entidad.
El 28 y 29 de mayo de ese año, tras la crisis generada por la salida de varias EPS del sistema de salud, Petro afirmó que la Nueva EPS había sido manejada por sectores relacionados con la familia Vargas Lleras y los responsabilizó políticamente por problemas financieros y presuntos faltantes de recursos.
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Estas declaraciones generaron una reacción judicial. El 29 de julio de 2024, Enrique Vargas Lleras presentó una acción de tutela contra el presidente, argumentando que sus afirmaciones afectaban su honra y buen nombre.
Posteriormente, el Consejo de Estado falló a favor de Vargas Lleras y determinó que el mandatario no había presentado pruebas judiciales que demostraran una responsabilidad directa de la familia en las acusaciones realizadas.
El alto tribunal ordenó una rectificación, la cual Petro realizó dentro del plazo establecido.
Nuevas acusaciones y fallos judiciales en 2025
La disputa continuó en 2025. El 2 de enero de ese año, Petro publicó nuevamente mensajes en los que relacionó a Vargas Lleras con un supuesto ocultamiento de obligaciones financieras de la Nueva EPS, mencionando cifras cercanas a los cinco billones de pesos.
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Tras esa publicación, se abrió un nuevo proceso judicial. El 14 de mayo de 2025, el Consejo de Estado volvió a proteger los derechos de Enrique Vargas Lleras y ordenó una nueva rectificación.
El presidente cumplió la decisión el 12 de junio de 2025, cuando publicó un mensaje aclarando que no existían condenas penales definitivas contra el exdirectivo por estos hechos.
Posteriormente, el 1 de septiembre de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo confirmó en segunda instancia la decisión judicial y reiteró que se habían vulnerado los derechos fundamentales del demandante.
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Además, las denuncias derivadas de estos enfrentamientos llevaron a que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abriera una investigación contra Petro en septiembre de 2025 por las acusaciones realizadas contra Vargas Lleras.