Policía desmanteló una red de tusi en Bucaramanga que movía más de $100 millones al mes: un abogado y un docente serían los cabecillas

Durante un operativo de las autoridades en Bucaramanga (Santander) dejó como resultado la captura de 10 integrantes de un grupo ilegal conocido como Los Francachela, señalado por la Fiscalía General de la Nación de dominar el tráfico de drogas en la región.

Un abogado y docente universitario que presuntamente dirigía la organización delictiva está entre los detenidos. El caso ha causado impacto por el perfil académico del señalado cabecilla, quien, según las investigaciones, utilizaba su prestigio profesional para encubrir actividades ilícitas.

La investigación que condujo a estas detenciones incluyó 32 operaciones encubiertas en las que agentes del CTI simularon ser compradores para obtener tusi, una de las sustancias distribuidas por la organización. Además de tusi, la banda también distribuía marihuana y cocaína en Bucaramanga y su área metropolitana.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general William Quintero Salazar, detalló: “Esta estructura distribuía tusi y derivados de la cocaína en el área metropolitana de Bucaramanga. Estos sujetos comercializaban los estupefacientes en fiestas realizadas en fincas y apartamentos, donde incluso preparaban las sustancias en el mismo lugar mientras se desarrollaban reuniones sociales y de consumo de licor”.

Entre los lugares más afectados por la red se encuentran Cuadra Play, principal zona de rumba de la ciudad, entornos deportivos, conjuntos residenciales e instituciones universitarias. La actividad ilegal, además de estar focalizada en fiestas, alcanzaba establecimientos nocturnos y zonas de recreación frecuentadas por jóvenes y adultos.

Durante el operativo, las autoridades ejecutaron seis allanamientos que permitieron las capturas por orden judicial bajo los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado. En los registros, fueron decomisadas dosis de tusi, cocaína, marihuana, anfetaminas y 100 mililitros de ketamina.

Además, se incautaron seis grameras, una licuadora, dos molinos pulverizadores eléctricos y once teléfonos celulares, elementos que serán fundamentales como pruebas en el proceso.

La operación, coordinada entre la Policía Metropolitana, el CTI de la Fiscalía, la Sijin, SEPRO y el Ejército, destapó la capacidad logística y la diversificación de los puntos de venta de la banda.

Cómo operaba la red y quiénes están implicados

Las autoridades iniciaron la ofensiva final tras recibir información de una fuente que detalló la forma en que Los Francachela usaban WhatsApp para tomar pedidos de estupefacientes, que luego eran entregados directamente a domicilio.

Esta modalidad permitió a la banda operar de manera discreta desde 2022, según consta en el expediente judicial.

Entre los capturados destaca Darío Fernando Gutiérrez, conocido como “Pacho”, un exasesor del consultorio jurídico de una universidad local, a quien se señala como coordinador de la estructura. Junto a él fueron detenidos otros hombres con alias como Chewis, John F, Jorgito, Camilo, El Paisa, Mogol, Andrei, Doctor, El Gordo y Breiner. Para uno de los implicados, que actualmente se encuentra fuera del país, las autoridades solicitaron circular de Interpol.

La red también contaba con vehículos y una motocicleta empleados para movilizar las sustancias y facilitar la distribución en distintos sectores de la ciudad. Estos bienes fueron incautados con fines de comiso, conforme a los procedimientos judiciales establecidos.

Según los informes policiales, la organización Francachela obtenía ganancias mensuales cercanas a 108 millones de pesos por la venta de unas 1.800 dosis de drogas sintéticas y estupefacientes. El operativo concluye una investigación de 18 meses que permitió identificar los principales eslabones del grupo y los métodos empleados para evadir la acción de las autoridades.

Las capturas se realizaron en Bucaramanga, Girón y Floridablanca, gracias a la colaboración de la Quinta Brigada del Ejército Nacional y el grupo Sepro de la Policía. El operativo incluyó la incautación de evidencia relevante para el proceso judicial, como anfetaminas, saborizantes, jeringas, un automóvil, una motocicleta y tres iPhone.