Con un extenso pronunciamiento, emitido en la tarde del miércoles 24 de junio de 2026, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reconoció la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia; aunque ató ese saludo a una exigencia inmediata a su gestión: la necesidad de que se tomen “decisiones impostergables” en derechos humanos, por lo que hizo, si se quiere, un pliego de peticiones al mandatario.
Marín, que en su publicación también reconoció al vicepresidente José Manuel Restrepo, planteó que la próxima administración deberá “gobernar para todas las personas en Colombia”, con foco en la diversidad cultural, regional, étnica, política, religiosa, espiritual y de género. Con ello, sostuvo que el país demanda del presidente “garantías democráticas, respeto por los derechos humanos y protección de la Naturaleza”.
Así, Marín enumeró cuatro frentes de acción: desigualdad y exclusión, violencia armada, degradación ambiental y reforma rural integral. Eso sí, tras fijar esas exigencias, reafirmó que la entidad “colaborará armónicamente con el nuevo Gobierno en la defensa de los derechos”, en una especie de respaldo institucional con una agenda previa de obligaciones que, según su mensaje, deben traducirse en decisiones concretas.
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Las peticiones de la Defensoría del Pueblo a Abelardo de la Espriella
En el primer ítem expuesto en el mensaje dirigido a De la Espriella y la opinión pública, la defensora Marín se refirió al problema social como el eje de sus requerimientos, al pedir que se supere la desigualdad y la exclusión con políticas contra la pobreza y el hambre; al igual que se garantice el acceso efectivo a la salud, la educación y el cuidado, y que se proteja “el derecho al buen futuro de niñas, niños y jóvenes”.
A su vez, en materia de seguridad, pidió “prevenir y enfrentar la violencia armada con pleno respeto por los derechos humanos y el DIH reconocidos en la Constitución y los compromisos internacionales”. De esta forma no solo se refirió al marco normativo, sino que hizo un urgente llamado al gobernante a “superar el falso debate entre paz y seguridad” durante su administración, que empezará a partir del 7 de agosto.
Este aspecto expuesto por la defensora del Pueblo, que causó reacciones con su mensaje, fue complementado con la propuesta de tener una hoja de ruta más amplia. La defensora reclamó fortalecer la justicia y el desarrollo territorial, proteger a las víctimas y a la naturaleza, y avanzar en la implementación integral del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, vigente desde 2016.
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A su vez, Marín destacó un segundo bloque de urgencias vinculado al deterioro ambiental y al cambio climático. Pidió políticas que protejan el ambiente sano, los derechos de la naturaleza y a sus guardianes, además de fortalecer la gestión del riesgo de desastres; y agregó actividades específicas que, según su declaración, destruyen los territorios, como la deforestación y “otras economías” que afectan esas zonas.
Por ello, la mujer pidió enfrentarlas desde la política pública, para que se tomen medidas que respondan a estos asuntos. A su vez, en el plano agrario, la defensora reclamó avanzar en una reforma rural integral y, según expresó, esa agenda debe garantizar los derechos del campesinado y de los pueblos étnicos, que serán otros grupos poblacionales que pedirán la atención oportuna del Estado con su oferta institucional.
Por último, la funcionaria agregó que ese trabajo debe orientarse a que “la igualdad se materialice, todas las voces se escuchen en paz, se dignifique la vida en armonía con la Naturaleza y tengamos esperanza y confianza en un buen futuro común”. Objetivos cruciales de cara al próximo cuatrienio, que representará grandes desafíos para el entrante gobernante, que traerá consigo una ambiciosa agenda institucional.
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