Bogotá acumula más de 1,48 millones de expedientes policivos sin resolver, una cifra que vuelve a poner en discusión la capacidad de las inspecciones de Policía para responder a los conflictos cotidianos de convivencia. La alerta fue hecha por la Personería de Bogotá, que advirtió sobre una congestión estructural en la justicia policiva de la capital. Estas dependencias son claves para tramitar comportamientos contrarios a la convivencia y asuntos contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La información publicada por Revista Semana y Caracol Radio señala que, con corte a marzo de 2026, la ciudad tenía más de 1.487.000 procesos abiertos. El personero Andrés Castro explicó que el rezago está asociado a una brecha persistente entre la demanda ciudadana y la capacidad institucional de trámite, decisión y respuesta.
El dato más crítico está en el bajo nivel de avance real de los expedientes. De acuerdo con el monitoreo citado por el organismo de control, solo el 5,7 % registra actuaciones sustanciales, mientras que el 94,3 % no tiene actuaciones registradas o no ha superado las dos primeras fases de radicación y reparto.
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La mayoría de procesos no avanza de fondo
Los expedientes policivos están relacionados con conductas que impactan la convivencia ciudadana. Entre ellas aparecen el porte de armas cortopunzantes, riñas, disposición inadecuada de residuos, exceso de ruido, ocupación indebida del espacio público, evasión del pago en TransMilenio y consumo de sustancias psicoactivas en entornos educativos.
También se incluyen conflictos por tenencia de animales, quejas por obras y asuntos urbanísticos. Detrás de cada expediente hay una solicitud ciudadana que espera una decisión administrativa, pero el volumen acumulado muestra que el sistema avanza por debajo de la demanda.
“La Personería identifica un rezago estructural asociado a una brecha persistente entre la demanda ciudadana y la capacidad institucional de trámite y decisión, agravada por la finalización de estrategias transitorias de descongestión y por demoras en la consolidación de capacidades permanentes”, dijo Castro.
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Uno de los factores señalados por el organismo es el cierre de las inspecciones de descongestión. Entre abril de 2021 y junio de 2024 se cerraban, en promedio, 41.500 expedientes al mes. Después, entre julio de 2024 y octubre de 2025, el promedio cayó a 25.000 expedientes mensuales, una reducción del 39,7 % en la capacidad de cierre. Para la Personería, esa caída golpea la respuesta institucional.
Porte de armas y procesos antiguos
Uno de los temas que más preocupa a la Personería es la mora en los expedientes vinculados al porte ilegal de armas. Al 18 de marzo, Bogotá tenía 507.800 casos de ese tipo sin resolver. De ellos, 392.353 expedientes, equivalentes al 77 %, ni siquiera habían sido asignados a una dependencia para su trámite.
Las localidades con más expedientes activos son Ciudad Bolívar y Bosa, según el reporte citado. El dato muestra que el represamiento no se distribuye de manera uniforme en la ciudad y que algunas zonas de Bogotá enfrentan una presión mayor sobre las autoridades encargadas de atender conflictos de convivencia.
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El informe también revela la antigüedad de la mora. La Personería identificó 33.949 procesos iniciados antes de 2017 que siguen vigentes. Entre los casos más extremos aparecen un proceso por espacio público en Kennedy, abierto en 1985, y otro por cerramiento de parques en Puente Aranda, de 1986.
La alerta deja una conclusión clara: Bogotá no solo tiene más de 1,4 millones de expedientes represados, sino una baja capacidad para transformarlos en decisiones de fondo. Mientras los casos se acumulan, los ciudadanos siguen esperando respuestas frente a conflictos que afectan su vida diaria.