Dos modelos para una crisis: Las visiones económicas de De la Espriella y Cepeda y sus propuestas para atraer votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Aunque ambos candidatos reconocen la importancia del complejo momento económico y la urgencia de impulsar una transformación estructural del modelo, difieren en la hoja de ruta que implementarían en el periodo 2026-2030 y las prioridades que proponen para responder a las demandas

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda expusieron al país dos modelos distintos en el ámbito económico, que representan en sí sus posturas ideológicas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dos caminos, un mismo propósito: la consolidación de la economía en un país que enfrenta constantes desafíos, como la inflación, el desempeño fiscal, la estimulación del sector productivo y la inversión y, no menos importante, la aún dependencia del petróleo y el carbón. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda afrontan uno de los aspectos cruciales de la propuesta programática que los colombianos escogerán en las urnas.

Con el índice de desempleo ubicado en un 8,8% de acuerdo con el registro del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), al corte del 30 de abril, el registro que causa cierta preocupación es el alto nivel de informalidad, por el 55,3%. Esto se debería, en gran medida, a los altos costos laborales y tributarios que enfrentan las microempresas para formalizarse, en un contexto en que el mercado formal afronta amenazas.

Aunque ambas campañas son conscientes de la gravedad del déficit fiscal y reconocen la urgencia de combatir la desigualdad y la necesidad de una transformación productiva, los métodos y, sobre todo, el orden de las prioridades son diametralmente distintos. Esto solo es una muestra de una marcada polarización ideológica, pues a medidas drásticas de uno y otro, el ambiente de incertidumbre solo sería una consecuencia natural.

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En las urnas, los colombianos elegirán por dos modelos económicos opuestos, pues mientras uno prioriza la inversión privada, el otro apunta al fortalecimiento de la estructura estatal - crédito Sela

En líneas generales: así ven De la Espriella y Cepeda la economía colombiana

Para el autodenominado “Tigre”, su diagnóstico es claro: Colombia atraviesa una produnda insostenibilidad del gasto público, al señalar que el Estado gasta 545 billones de pesos y recauda solo $300 billones, lo que ha incrementado la deuda pública y ha obligado a la administración de Gustavo Petro a adquirir préstamos a tasas de interés altas; en otras palabras, a ‘abrir un hueco’ para ‘tapar otro’, según el aspirante de la oposición.

En esa línea, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo —quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque—, ha hecho énfasis en la necesidad de frenar este endeudamiento y, con ello, restaurar el equilibrio fiscal como condición para el crecimiento. Esto plantea, asimismo, la reducción del tamaño del Estado, lo que permite el control del déficit y la defensa de la empresa privada como estimulante del sector productivo.

Por su parte, Cepeda, que delegará este aspecto al papel que cumplan la senadora Clara López, es un convencido que un modelo económico viable debe priorizar la vida, la justicia social y la sostenibilidad. De esta forma, es un crítico férreo del que considera es el sistema neoliberal, la privatización de derechos y el papel residual del Estado, que desde su perspectiva es el que ha generado pobreza y precarización.

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Así pues, mientras el abogado de ultraderecha está enfocado en hacer una estructuración del aparataje estatal, con el fin de limitar el impacto burocrático y reinvertir los recursos en otros sectores, como el de la salud, el senador oficialista apostaría a un cambio estructural hacia un sistema con fuerte intervención estatal. La “patria milagro” versus la “revolución agraria” se convierten en los polos opuestos en la agenda.

La informalidad laboral en Colombia supone uno de los grandes desafíos del nuevo presidente de la Repùblica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reducción del gasto público vs. inversión social: el gran dilema

En materia de ajuste fiscal, De la Espriella plantea un recorte del 25% del gasto estatal para 2030, apoyado en la eliminación de burocracia y la reducción de entidades como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y las diferentes superintendencias.

El objetivo, según ha explicado tanto en su conciso programa de gobierno como en sus diferentes intervenciones en medios de comunicación, es lograr que el dinero que entra sea mayor al que sale, sin contar las deudas, y con ello fortalecer el comité autónomo de regla fiscal. Este plan incluye la revisión de subsidios para que estos dejen de beneficiar a los que más tienen y lleguen a los que realmente necesitan.

A su vez, apuesta a la modernización de la Dian mediante inteligencia artificial a fin de reducir la evasión, para un recaudo inicial de $70 billones de pesos por estos conceptos. Esto dista de lo que tiene en mente el congresista de Gobierno, que apunta a un gran gasto social que concentre recursos en grandes programas y aproveche la infraestructura institucional existente para continuar con programas que siguen su curso.

Quien debe apretarse el cinturón es el gobierno, no el pueblo”, afirmó Cepeda, que defiende la continuidad y expansión de iniciativas basadas en transferencias como Renta Ciudadana, Renta Joven y Colombia Mayor, las cuales espera financiar por nuevos ingresos tributarios y alianzas público-privadas. Esta es, en sí, una importante diferencia, pues De la Espriella prevé una revisión de fondo al modelo asistencialista.

Para Abelardo de la Espriella, es necesaria la modernización de la Dian para disminuir los índices de evasión - crédito Colprensa

Política tributaria, estructura impositiva y empresa privada: qué proponen Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

En este rango, la propuesta de De la Espriella descarta otra reforma tributaria que incremente la carga fiscal sobre las empresas. El plan económico está enfocado en reducir la carga impositiva, bajar costos de energía y eliminar el impuesto 4x1.000 de forma gradual, con el objetivo de incentivar la formalización y el uso del sistema financiero. La base tributaria debe ser consecuencia del crecimiento, no de más impuestos.

En contraste, Cepeda propone una justicia fiscal más progresiva, con mecanismos de trazabilidad de recursos públicos, fortalecimiento de la vigilancia ciudadana y la reducción del salario de altos funcionarios, entre ellos el suyo. Aunque ambos programas coincidirían en el concepto de mayores ingresos provenientes de una economía productiva fortalecida, el congresista del Pacto Histórico propone gravar grandes fortunas.

En lo que respecta a la empresa privada, el eje del modelo del abogado es la confianza a este sector productivo como motor de desarrollo. Para ello establecería lo que bautizó el ‘plan destrabe’, con la eliminación de trámites y regulaciones, el estímulo al emprendimiento y la desregulación de sectores estratégicos; en una propuesta ambiciosa que pretende que el Estado se vuelva socio del emprendedor.

De esta forma, la política “una entra y dos salen” busca eliminar el doble de regulaciones por cada nueva, y que de esta forma se facilite la operación de empresas y se promueva la inversión nacional y extranjera. El plan incluye incentivos para la industria 4.0, licenciamientos exprés, energías renovables y turismo sostenible, en un variado portafolio de acciones que van encaminados a eliminar las trabas burocráticas.

En tanto, su contendor propone el fortalecimiento de la economía popular y campesina. Sus medidas priorizan la democratización de la tierra, la compra estatal de productos agrícolas, el acceso a microcréditos y la eliminación de la intermediación que empobrece a los productores rurales. El modelo productivo girará hacia la reindustrialización, con la sustitución de importaciones e incentivos fiscales y crediticios a sectores clave.

La apuesta de Ivàn Cepeda a adelantar la reforma agraria provee darle un impulso a la economía popular - crédito Andina

¿Qué ideas tienen en la política energética y la transición ecológica?

En este ámbito, es quizá en el que se pueden ver marcadas diferencias. De la Espriella propone devolverle la grandeza a Ecopetrol mediante gobierno corporativo y técnicos, reactivar contratos de exploración de gas y petróleo, incluido el fracking, y enviar señales de confianza a los mercados internacionales. Frente a la controversia que ha causado esta propuesta, adelantó que respetará zonas protegidas como los páramos.

Aunque en su plan de gobierno promueve energías renovables, la matriz energética del ‘Tigre’ seguiría dependiendo de los hidrocarburos como fuente principal de ingresos fiscales; a diferencia de lo que ha sido la gestión actual e, incluso, la que avizora su contradictor, en la que se ha remarcado la necesidad de abandonar las fuentes de energías fósiles y, de esta manera, implementar una transición energética acelerada.

En efecto, Cepeda busca migrar de los hidrocarburos a las energías limpias y la reducción de gases de efecto invernadero. El plan contempla inversiones directas para frenar la deforestación y combatir la minería ilegal, así como la protección de territorios indígenas y rurales, con un claro objetivo: la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de acuerdos internacionales sobre cambio climático suscritos por Colombia.

Esta es la visión de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en subsidios, protección social y educación

En el ámbito social, el candidato opositor respeta la entrega de subsidios, la continuidad de programas sociales y el sostenimiento del salario mínimo; aunque sí ejercerá un mayor control en su asignación, al limitarse el presupuesto público. Asimismo, confirmó que garantizará la matrícula cero en educación superior pública, pues esta es una política implementada por Restrepo durante su gestión como ministro.

El sector vivienda es otro de los frentes en los que el nuevo gobernante tendrá que hacer espacial énfasis, tras una fase de estancamiento - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Quizá en este aspecto su propuesta más promisoria es la de fomentar un “país de propietarios” para facilitar el acceso a la vivienda. Para ello prevé eliminar la cuota inicial, lo que permitirá en su análisis que más familias inicien su proceso de compra sin ahorros previos. El plan se apoya en créditos baratos con plazos de hasta 30 años e intereses mínimos, del 2%, para que las cuotas mensuales sean similares a un arriendo.

En cambio, Cepeda sitúa la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad como prioridades. El plan social busca fortalecer el sistema nacional del cuidado, garantizar la inclusión de las mujeres en todos los programas y ampliar la cobertura de salud y pensiones en zonas rurales. En su propuesta, apuesta por un modelo mixto de salud bajo estricto control estatal, con presencia privada, pero con regulaciones rigurosas.

A su vez, en materia de transparencia y control del gasto, ambas propuestas incluyen mecanismos de vigilancia, aunque con enfoques distintos. En el caso de De la Espriella, el abogado apunta por la modernización tecnológica de la Dian para reducir la evasión y el fortalecimiento del comité autónomo de regla fiscal, quitarle los subsidios a los que tienen dinero suficiente y así optimizar el aparato estatal, con una “gran revolución de desregulación”.

El objetivo: romper el ciclo de la escasez para dar paso a una era de abundancia real, al proyectar un crecimiento sostenido del 7 % anual que transforme por completo el panorama del país, como parte de su promesa de ‘país milagro’. El plan de crecimiento busca generar tres millones de puestos de trabajo en cuatro años y, para lograrlo, el país potenciará tres áreas clave: el agro, el turismo y las herramientas digitales.

En paralelo, Cepeda plasmó en su documento una lucha frontal contra la corrupción, con un equipo especializado bajo supervisión presidencial, la estimulación de la meritocracia en la administración y, del mismo modo, la eliminación de la contratación directa con regalías. El plan busca robustecer la participación ciudadana en la vigilancia del gasto público y asegurar que los recursos lleguen a la población, sin intermediación.

Aunque ambas campañas coinciden en la gravedad de la corrupción estatal y su impacto en materia fiscal, tendrían diferencias en la manera de enfrentarla - crédito Adobe - Luisa González/REUTERS

Qué proponen en desarrollo, perspectiva de género y equidad territorial de De la Espriella y Cepeda: a grandes rasgos

De esta forma, la estrategia internacional del abogado de ultraderecha se orienta a tranquilizar a los mercados, mejorar la calificación de riesgo país y atraer inversión extranjera, con Restrepo como interlocutor ante organismos multilaterales y el sector financiero global. El objetivo declarado es ubicar a Colombia entre las 25 naciones más prósperas y democráticas del mundo, en un ambicioso plan de acción.

En las toldas oficialistas, el candidato priorizaría la cooperación internacional para el desarrollo rural, la transición energética y la defensa de los derechos humanos. Es claro que en política exterior, en medio de la campaña, ha buscado alianzas con organismos multilaterales y gobiernos aliados para impulsar la transformación productiva y social del país, con énfasis en la justicia ambiental y la soberanía alimentaria.

Asimismo, en términos de equidad, el senador Cepeda otorgó un papel central a combatir la pobreza y la desigualdad de género, al promover de manera decidida la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales, en especial en el sector rural. El plan del candidato contempla medidas para reducir la brecha entre campo y ciudad y fortalecer la economía familiar y comunitaria.

Por su lado, De la Espriella, si bien como se mencionaba mantendrá programas sociales y de subsidios, sujetos a estricto control en la asignación, no ha dado a conocer un enfoque diferenciado en materia de género, aunque sí propone fortalecer la descentralización territorial y la eficiencia en la asignación de recursos públicos por medio de la nueva ley del Sistema General de Participación (SGP), con participación de departamentos y municipios.