Un operativo conjunto de las autoridades de Medellín y la Fiscalía General de la Nación logró desmantelar una estructura criminal que, durante años, controló la distribución de heroína en distintos barrios y municipios del Valle de Aburrá.
La investigación reveló que la banda operaba bajo el modelo de un centro de llamadas, utilizando líneas telefónicas, mensajes de WhatsApp y redes sociales para coordinar pedidos y entregas de droga, especialmente en inmediaciones de colegios, universidades y espacios públicos estratégicos.
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La operación, denominada “Andrómeda”, se desarrolló con 10 diligencias de allanamiento en Medellín, La Ceja (Oriente antioqueño) e Ipiales (Nariño). El resultado fue la captura de 10 integrantes de la organización, entre ellos su máximo cabecilla, Iván Darío Murillo López, alias Iván, también conocido como “Primo” o “Perro”.
Según fuentes policiales, alias Iván cuenta con más de once años de trayectoria criminal y había sido capturado en 2015 por transportar heroína, hecho que lo llevó a ser condenado. Tras recuperar su libertad, retomó sus actividades ilícitas y consolidó una red de distribución en barrios como Manrique, Santa Cruz, Prado, Villa Hermosa, Castilla, Florencia, Caribe y en municipios como Bello, Barbosa y Girardota.
La estructura, vinculada a la organización criminal La Terraza, no solo comercializaba heroína, sino también metadona, utilizada para mantener la dependencia de los consumidores y así garantizar la permanencia de su clientela. La Policía señaló que la metadona “actúa como catalizador para generar dependencia en los consumidores de heroína, por lo cual la distribución de este segundo fármaco les aseguraba la permanencia de sus clientes y la consolidación de las rentas”.
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Uno de los aspectos más graves de la investigación es que la organización distribuía heroína y metadona en entornos cercanos a instituciones educativas, centros médicos, estaciones del metro y parques con alta afluencia de personas, exponiendo a menores y estudiantes al contacto directo con estas sustancias.
“Esta operación demuestra que en Medellín no hay zonas vedadas para la acción del Estado. Con inteligencia, investigación judicial y trabajo articulado seguimos golpeando las finanzas y las estructuras que pretenden lucrarse destruyendo vidas mediante el tráfico de estupefacientes”, afirmó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.
En los allanamientos se incautaron más de 320 dosis de heroína, anfetaminas, metadona, un revólver con munición, 21 teléfonos celulares, computadores, una tableta electrónica y más de un millón de pesos en efectivo. Las autoridades establecieron que varios de los capturados, además de alias Iván, registran antecedentes por narcotráfico, hurto y otros delitos. Entre los detenidos también figura la madre del cabecilla, quien recibió medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que los otros nueve capturados fueron enviados a prisión.
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El secretario de Seguridad enfatizó: “Vamos tras quienes financian, coordinan y sostienen estas economías criminales. Medellín dejó de ser una zona de confort para las estructuras delincuenciales y seguirá fortaleciendo su capacidad para proteger a los ciudadanos y recuperar los territorios afectados por el narcotráfico”.
El call center desarticulado utilizaba una red de expendio que permitía el contacto inmediato con los compradores, facilitando la entrega a domicilio y garantizando la operación en sectores estratégicos donde la vigilancia policial resulta más compleja. Según la investigación, incluso menores de edad fueron utilizados para la comisión de delitos, agravando la lista de cargos contra los detenidos.
Los procesados deberán responder ante la justicia por delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de inmuebles, uso de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas. La ofensiva estatal fue catalogada como uno de los golpes más contundentes de los últimos años contra el mercado de heroína en Medellín.
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Las autoridades insisten en que continuarán fortaleciendo la inteligencia y la investigación judicial para desarticular economías criminales y proteger a la población, especialmente a los menores y estudiantes expuestos a este tipo de redes.
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