Procuraduría confirmó la primera suspensión de un funcionario público por presunta participación en política: de quién se trata

A pocos días de que se realicen las elecciones presidenciales en Colombia, la Procuraduría General de la Nación anunció las primeras medidas contra los funcionarios públicos que estarían involucrados en presunta participación indebida en política.

Según lo expresado por Gregorio Eljach Pacheco, titular del órgano de control, la primera funcionaria que fue suspendida fue Marta Cantillo Martínez, alcaldesa del municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre.

La medida disciplinaria se tomó tras hallarse pruebas suficientes de que la mandataria había difundido un video expresando su respaldo abierto a la campaña del sector del presidente Gustavo Petro en plena contienda electoral; sin embargo, el material fue eliminado de sus redes sociales.

De hecho, en su perfil de Instagram, había divulgado varias fotografías en la que se observa en la manifestación publica liderada por el presidente Gustavo Petro en Sincelejo (norte de Colombia).

“Acabamos de tomar una decisión con base en una prueba suficiente para suspender a la señora alcaldesa de un municipio de la costa, es de San Onofre (Sucre) porque estaba ahí incurriendo en indebida participación en política”, declaró Eljach en una rueda de prensa.

Así mismo, enfatizó que las sanciones deben aplicarse con prudencia, garantizando los derechos del disciplinable, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la doble conformidad en casos de elección popular.

“El día que haya que aplicar las normas disciplinarias, se aplica. No al querer de la gente que aun sabiendo que eso no se puede hacer, exige que se haga porque quisieran ver es sangre en la arena, como en las corridas de toros (...) No, tenemos que aplicar las normas con justicia, con prudencia, con garantía de los derechos del disciplinable, debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia y doble conformidad en los casos de elección popular”, declaró el jefe del Ministerio Público a los medios de comunicación.

Igualmente, el procurador manifestó su preocupación por quienes buscan una confrontación violenta durante la jornada electoral, pero hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la tranquilidad, la serenidad y a no dejarse provocar.

“El voto en Colombia es un secreto, es una garantía para que nadie pueda ser perturbado por cómo vota, si vota en blanco o por un candidato”, complementó.

Por último, el procurador Gregorio Eljach reiteró su compromiso para continuar con las medidas disciplinarias contra funcionarios que intervengan en actividades electorales prohibidas. “Vamos a cumplir el deber de sacar del servicio público a quienes no acaten el cuidado que deben tener”, advirtió.

Por el momento, la alcaldesa de San Onofre no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la decisión de la Procuraduría.

Abren investigación contra el Ministro de Salud

En días anteriores, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta participación indebida en política en época electoral.

El proceso comenzó tras la difusión de unas declaraciones emitidas por el funcionario en un evento oficial realizado en el municipio de Coyaima, en el departamento de Tolima, donde estuvo presente junto a comunidades indígenas y representantes del sector salud.

“Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas (sic)”, había expresado el jefe de cartera en su momento.

Aunque la intervención no mencionó de forma directa a un candidato o a un partido, la autoridad disciplinaria busca determinar si la invitación pública a votar constituyó una intervención indebida en política mientras ejercía el cargo.

La providencia, según la Procuraduría General de la Nación, no suspende de inmediato a Jaramillo y tampoco admite recurso contra la apertura del proceso. El expediente sí prevé la práctica de pruebas y la evaluación de posibles faltas disciplinarias, con sanciones que pueden incluir suspensión, inhabilidad para ejercer cargos públicos o multa.

A su vez, el ministro podrá rendir su versión de los hechos de manera verbal o escrita dentro del proceso disciplinario. La Procuraduría agregó que, si el funcionario acepta cargos o confiesa la presunta falta, las eventuales sanciones pueden reducirse hasta la mitad.

La base jurídica de esas investigaciones está en la Ley 734 de 2002, que prohíbe a los servidores públicos intervenir en actividades o debates de partidos, movimientos o controversias políticas. Dentro de esa prohibición caben conductas como hacer llamados públicos al voto, apoyar candidatos o partidos, usar el cargo para favorecer intereses electorales o participar en actos proselitistas durante el ejercicio de funciones oficiales.