El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, comunicó que el exmagistrado, exministro de Defensa y actual embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez, estará al frente del Sistema Nacional Anticorrupción, uno de los pilares de su propuesta de gobierno.
“Nuestro compromiso es real y será eficaz: recuperar la ética pública, proteger los recursos de la Nación y devolverle a Colombia la confianza en sus instituciones”, afirmó Cepeda al presentar la iniciativa este 28 de mayo en Bogotá.
La propuesta coloca a Iván Velásquez Gómez como responsable de la creación y funcionamiento de la nueva entidad, que buscará enfrentar lo que el candidato describió como “macro corrupción”, un fenómeno que, según sus palabras, ha dejado de ser un hecho circunstancial para transformarse en un entramado organizado en amplios sectores del Estado colombiano.
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Cepeda definió la lucha contra la corrupción como prioridad y eje central de su eventual administración. “La lucha frontal y decidida contra la corrupción, y particularmente contra la macro corrupción que ha penetrado amplios sectores del Estado, será una prioridad absoluta y un eje central de nuestro gobierno”, expresó.
El candidato explicó que la desviación de recursos públicos se ha consolidado como una estructura que opera a través de redes políticas, burocráticas, económicas y criminales dentro del Estado, lo que obstaculiza objetivos como la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad social.
Frente a este panorama, Cepeda planteó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como primera medida para enfrentar la corrupción “convertida en sistema”.
Detalló que la entidad contará con un responsable en el alto gobierno, encargado de poner en marcha y supervisar su funcionamiento, papel que asumirá Iván Velásquez, quien se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Defensa y embajador.
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“La experiencia, la independencia y la trayectoria de Iván Velásquez en la lucha contra la corrupción y la parapolítica constituyen una garantía ética y política para avanzar en la construcción de un Estado al servicio de la ciudadanía y no de intereses ilegales o particulares”, resaltó Cepeda.
La labor de Velásquez como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia entre 2006 y 2012 fue destacada por su participación en procesos que permitieron desarticular redes criminales vinculadas a la parapolítica e infiltradas en la política nacional. Posteriormente, en 2013, asumió el liderazgo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Bajo su dirección, esta comisión impulsó investigaciones que identificaron una red de corrupción conocida como “La Línea”, cuyo descubrimiento derivó en la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y otros altos funcionarios guatemaltecos.
En virtud de esa experiencia, Velásquez será el encargado de coordinar acciones orientadas a desmantelar redes criminales y mafiosas que, según el comunicado, afectan los recursos públicos en diferentes niveles e instituciones del Estado.
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El Sistema Nacional Anticorrupción integrará funciones preventivas, con el objetivo de fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del gobierno, mejorar la interoperabilidad de datos públicos y aplicar modelos avanzados de inteligencia artificial en la analítica de la contratación estatal.
El comunicado detalló que se buscará trabajar en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para fortalecer la investigación penal, lo cual se plantea como un componente clave para el funcionamiento efectivo del sistema propuesto.
Como segunda medida, Cepeda anunció la presentación de la Ley Nacional Anticorrupción ante el Congreso de la República, con mensaje de urgencia. Esta normativa contemplará la tipificación de la corrupción como delito grave, el endurecimiento de las penas y su tratamiento como una forma de criminalidad organizada.
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“Los grandes corruptos no podrán tener reclusión domiciliaria ni beneficios judiciales especiales que burlen la justicia”, manifestó el candidato. Añadió que la persecución de responsables se realizará mediante métodos especializados en delitos de sistema, con sanciones severas para los jefes de organizaciones y la creación de incentivos para quienes colaboren con información que permita desmantelar estructuras ilegales y recuperar recursos.
Una tercera línea de acción incluye la promoción de la participación ciudadana y social en la política anticorrupción. El plan contempla la vigilancia, auditoría y control sobre los recursos públicos, la contratación y las obras públicas, incentivando la intervención de movimientos sociales, organizaciones comunitarias, academia y sector privado.
“Quien robe los recursos públicos de los colombianos tendrá que responder ante la justicia y devolver hasta el último peso apropiado ilegalmente. Nuestro compromiso es real y será eficaz: recuperar la ética pública, proteger los recursos de la Nación y devolverle a Colombia la confianza en sus instituciones”, concluyó Cepeda.
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