La Contraloría General de la República (CGR) emitió una alerta sobre el alto riesgo de desabastecimiento de agua potable y energía eléctrica en Colombia, ante un probable fenómeno de El Niño de tipo intenso. El organismo demandó decisiones inmediatas al Gobierno nacional, luego confirmarse que la probabilidad de ocurrencia del evento aumentó del 62% al 82% para el periodo de mayo a julio de 2026.
La advertencia responde a la preocupación por el aumento inusual en la probabilidad de un fenómeno de El Niño de alta intensidad, el incremento de temperaturas extremas, el descenso en los niveles de embalses y ríos y el agravamiento de la sequía. La entidad señala que estos factores podrían comprometer servicios esenciales y la economía nacional.
Y es que Colombia enfrenta este peligro porque el sistema eléctrico depende en gran medida del agua como fuente. Entre el 65% y el 70% de la generación eléctrica nacional proviene de hidroeléctricas, lo que hace al país muy vulnerable frente a alteraciones climáticas y déficit de lluvias.
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Según la entidad, “la combinación de un fenómeno de El Niño de intensidad alta o muy alta, más el actual déficit de energía eléctrica en firme, más los retrasos en la ejecución y entrada en operación de proyectos de generación y más la elevada deuda del Gobierno nacional con los actores del sector eléctrico del país, estimada en $ 8,2 billones, sin duda va a configurar una crisis severa y de carácter estructural al sistema eléctrico del país”.
Riesgos para el abastecimiento de agua y energía eléctrica
Las proyecciones detallan que la sequía podría agravarse, así como el riesgo de olas de calor con temperaturas récord. En ciudades como Valledupar se alcanzaron 38,4 ℃ (101,12 ℉) y en Santa Marta 37,2 ℃ (98,96 ℉); San Andrés también superó los máximos históricos.
Dichas condiciones extremas, sumadas a la reducción de lluvias y al descenso de los embalses, comprometen tanto el suministro de agua como la estabilidad de la red eléctrica. El Niño suele provocar déficit de recursos hídricos, lo que afecta directamente la producción de energía y la distribución de agua potable a millones de usuarios.
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Asimismo, la entidad subraya que la dependencia estructural del agua hace que cualquier alteración en la pluviometría impacte “de manera directa y significativa la capacidad de generación, comprometiendo la confiabilidad y suficiencia del suministro energético”.
Deudas acumuladas, déficit y vulnerabilidad financiera del sector eléctrico
La situación financiera del sector eléctrico es un riesgo adicional. La Contraloría General sostiene que “la deuda del Gobierno Nacional con los actores del sector eléctrico del país, estimada en $8,2 billones, afectaría enormemente la capacidad financiera de las empresas del sector”. Este monto se distribuye en aproximadamente:
- $4 billones vinculados a subsidios, contribuciones y opción tarifaria no pagados.
- $1,5 billones en otras deudas estatales.
- $2,7 billones a una deuda específica de la empresa Air-e.
La suma de deudas limita la capacidad de respuesta financiera ante emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño. Además, se proyecta para 2026 un déficit de suministro de gas natural cercano a 200 millones de pies cúbicos diarios, es decir, aproximadamente el 20% de la demanda nacional. Ya se recurre a importaciones para cubrir en torno al 21% del consumo, encareciendo aún más la generación eléctrica.
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Niveles críticos de embalses y retraso en proyectos eléctricos
El nivel de los embalses agrava la situación. Según XM, el operador del sistema eléctrico, el nivel agregado de los 23 embalses principales está en 71,35%, por debajo del umbral mínimo de seguridad recomendado, que es del 80%. Además, 14 de los embalses se ubican por debajo de la referencia, y diez ni siquiera llegan al 70 % de llenado. Dentro de los más afectados sobresalen:
- Esmeralda: 47,95%.
- Alto Anchicayá: 51,45%.
- El Quimbo: 56,19%.
A la escasez hídrica se une el retraso en la puesta en marcha de nuevos proyectos energéticos. La entidad lamentó que en los últimos seis años solo se incorporó el 28% de la capacidad energética prevista. Para 2026, de los 4.475 megavatios (MW) proyectados, únicamente 291 MW están operativos, equivalente al 6,5% de la meta. La insuficiencia de nueva Energía Firme deja a Colombia desprotegida ante aumentos de demanda o sequías extremas.
Recomendaciones y exigencias urgentes de la Contraloría
La Contraloría General de la República urgió al Gobierno a revisar y ajustar los instrumentos regulatorios vinculados al manejo de embalses, con énfasis en maximizar el almacenamiento de agua sin descuidar el caudal ecológico solicitado a ríos y comunidades río abajo. “Es urgente la adopción de acciones integrales prontas y eficaces por parte del Gobierno Nacional y de las autoridades territoriales”, enfatizó la entidad.
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Entre otras acciones, recomendó:
- Agilizar el pago de deudas al sector.
- Facilitar la entrada en operación de proyectos energéticos en curso.
- Activar centrales térmicas.
- Lanzar campañas amplias de ahorro y consumo responsable de agua y energía en toda la población.
Remarcó la entidad la importancia de un monitoreo riguroso y que las respuestas oficiales sean “suficientes, coordinadas y adecuadas para mitigar los riesgos de un desabastecimiento de agua potable y energía eléctrica”.
Incertidumbre regulatoria y caso Hidroituango
La incertidumbre jurídica derivada de recientes decretos en materia de gestión energética representa otro desafío. Dichos decretos permiten a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) modificar licencias ambientales o exigir manejo operativo en embalses, lo que puede afectar la capacidad de almacenamiento en momentos clave.
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Particularmente, sobre la central hidroeléctrica Hidroituango, se mantiene la obligación, establecida desde 2019, de igualar el caudal aguas abajo al caudal de entrada durante el estiaje. Dicha medida dificulta el aumento de reservas antes de posibles sequías prolongadas, limitando el margen de maniobra del mayor proyecto hidroeléctrico del país.
La entidad resaltó que, con cuatro turbinas en operación en Hidroituango, el caudal ecológico está asegurado, y que podría aplicarse un ajuste temporal elevando la cota útil del embalse casi 11 metros para fortalecer la capacidad operativa frente a El Niño. Además, la Contraloría General solicitó que los instrumentos regulatorios puedan ser revisados al menos “mientras duran los efectos” del fenómeno.