Habitantes de Río de Oro, en el departamento del Chocó, mostraron su preocupación al denunciar un nuevo ataque contra la estación de Policía del corregimiento de Santa Rita.
Por medio de una carta dirigida a la alcaldía municipal, fechada el 23 de mayo de 2026, organizaciones sociales y comunitarias repudiaron el hecho y acusaron al frente Cacique Calarcá del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de estar detrás de los ataques contra la fuerza pública.
En la misiva, la población sostiene que el grupo guerrillero utilizaría drones con explosivos que serían detonados cerca a la estación policial de esta zona del país, generando no solo daños materiales en viviendas cercanas sino impacto emocional a los residentes de esta cabecera municipal.
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“Dichas acciones han generado terror, zozobra e inseguridad en la población civil, ocasionando daños materiales en viviendas, afectaciones psicológicas, limitaciones a la movilidad de los habitantes e interferencias en sus actividades cotidianas. Además, han producido un grave daño moral y una injusta estigmatización derivada de un conflicto que no nos pertenece”, precisaron las organizaciones en el documento.
En ese sentido, las comunidades exigieron a la organización alzada en armas que se frenen las hostilidades en esa región de Colombia, en procura de los derechos de la ciudadanía.
“Solicitamos al E.L.N. el cese inmediato de las acciones bélicas y del lanzamiento de artefactos explosivos contra la estación de policía y la comunidad. Exigimos igualmente el respeto por la vida, la libertad, la seguridad, la tranquilidad, la honra, el derecho a la salud, al trabajo y al buen nombre de toda la población iroseña asentada en esta cabecera municipal”, puntualizaron.
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Este es el segundo ataque que se presenta en el mes de mayo. Previamente, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, había documentado seis ataques y cinco detonaciones contra la estación, por lo que había exigido una intervención urgente del Gobierno nacional y del Ministerio de Defensa para detener la violencia.
Uno de los ataques se presentó el 2 de mayo. Dos uniformados resultaron heridos; entre ellos el comandante de la estación, el mayor César Augusto Jerez Ballén, y el patrullero Heiler Chaverra Perea, que sufrieron traumatismos en el cuello y en una pierna, según El Colombiano.
“Las medidas ordinarias ya no dan abasto frente a esta arremetida criminal que pone en jaque la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía”, afirmó la gobernadora en sus redes sociales.
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El grupo guerrillero había notificado previamente un cese al fuego unilateral, que comenzará desde las 12:00 a. m. del 30 de mayo hasta las 12:00 a. m. del 2 de junio de 2026, con motivo de la jornada electoral presidencial del 31 de mayo en Colombia.
Cinco muertos dejaron combates entre Ejército y Clan del Golfo en Chocó
De otro lado, tropas de la Brigada 15 de la Séptima División del Ejército Nacional de Colombia sostuvieron enfrentamientos con integrantes del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, en zona rural del municipio de Sipí, departamento de Chocó.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, anunciaron la neutralización de cinco subversivos del grupo armado, adscritos a la subestructura Edwin Guzmán Martínez.
Así mismo, las unidades militares lograron la incautación de cuatro fusiles, 29 proveedores, municiones y material de intendencia perteneciente a esta organización ilegal.
Según el informe oficial, el combate de encuentro se prolongó durante varias horas del sábado 23 de mayo, mientras las tropas realizaban operaciones de control territorial en corredores estratégicos del departamento, donde tienen presencia grupos armados ilegales dedicados a actividades criminales.
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Del mismo modo, la institución castrense recalcó que este resultado operacional hace parte de los esfuerzos permanentes, con el que se busca debilitar las capacidades criminales de los grupos armados organizados que delinquen en el departamento y afectan la seguridad de las comunidades.
Por último, el Ejército Nacional de Colombia reiteró su compromiso para continuar con sus operaciones en el departamento colombiano, en aras de garantizar la estabilidad y fortalecer la presencia institucional en zonas consideradas estratégicas por las organizaciones ilegales.
El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente análisis.