Seis centros de pensamiento colombianos presentaron una hoja de ruta con propuestas concretas para enfrentar los principales desafíos económicos y sociales del país entre 2026 y 2030, en un documento que aborda temas como energía, salud, seguridad, competitividad e inclusión financiera.
La iniciativa, denominada Colombia Progresa 2630, reúne al Consejo Privado de Competitividad (CPC), ANIF, el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), Así Vamos en Salud, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe).
El documento, titulado “Estrategias para el desarrollo económico y social de Colombia: Recomendaciones para el periodo 2026-2030”, busca convertirse en una guía técnica para el próximo Gobierno nacional, con propuestas normativas y regulatorias que, según los autores, podrían implementarse desde el primer día de mandato.
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Una propuesta enfocada en la aplicación inmediata
De acuerdo con la alianza, el principal diferenciador de esta hoja de ruta es que no se limita a diagnósticos o recomendaciones generales. Cada propuesta incluye mecanismos normativos específicos, como leyes, decretos, resoluciones y ajustes regulatorios, orientados a facilitar su ejecución inmediata.
En la introducción del documento, los centros de pensamiento señalaron que el propósito es aportar insumos técnicos al debate político y económico del país, especialmente en medio de las discusiones sobre el rumbo que deberá tomar Colombia en el próximo cuatrienio.
Además, explicaron que las propuestas fueron construidas tras mesas técnicas con expertos y revisiones conjuntas entre las organizaciones participantes para garantizar consensos y viabilidad.
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Inclusión financiera y mercado de capitales: prioridad en inversión y formalización
El capítulo desarrollado por ANIF advierte que Colombia enfrenta un rezago en inversión privada frente al crecimiento del consumo y el gasto público, con efectos adversos para el empleo formal y la productividad. El informe revela que, aunque la economía mostró recuperación tras la pandemia, la inversión disminuyó un 5% respecto a los niveles de 2019 y solo el 35,5% de los adultos poseía un producto de crédito vigente en 2024.
Entre las propuestas, el documento sugiere ajustar el cálculo del Interés Bancario Corriente para facilitar el acceso al crédito formal y evitar la expansión de esquemas informales como el “gota a gota”, que afectan la seguridad económica de hogares y microempresas. Plantea, además, la necesidad de impulsar pagos digitales interoperables, desmontar gradualmente el Gravamen a los Movimientos Financieros y avanzar hacia un esquema integral de datos abiertos, incluyendo información de sectores como telecomunicaciones y servicios públicos.
Las recomendaciones incluyen fortalecer la educación financiera y la mentoría para microempresarios y jóvenes, ampliar el acceso a seguros simples, retomar la reforma al mercado de capitales, crear la licencia de asesor independiente y aumentar la participación de PYMEs en el mercado. El informe enfatiza que el sistema financiero y el mercado de capitales deben ser palancas para el desarrollo productivo y social, no barreras.
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Competitividad: simplificación normativa y eficiencia regulatoria
El análisis del Consejo Privado de Competitividad (CPC) señala que Colombia opera bajo un marco regulatorio complejo, fragmentado y costoso que desalienta la innovación y eleva los costos para empresas y ciudadanos. El documento plantea la urgencia de aligerar los procesos de permisos, fortalecer la supervisión basada en riesgos, consolidar ventanillas únicas interoperables y depurar más de 900 normas sin reglamentación.
Entre los principales ejes de reforma destacan la modernización de licencias sanitarias y alimentarias, homologación internacional de medicamentos, reforma aduanera basada en riesgos, digitalización de trámites inmobiliarios y la inclusión de fintechs y neobancos en el recaudo tributario. La alianza recomienda restablecer una Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y adoptar programas obligatorios de análisis de impacto normativo.
Energía: cobertura, estabilidad y transición energética
El Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) expone que el sistema energético colombiano presenta tensiones crecientes por estrechez de energía firme, disminución de reservas de gas y rezagos en transmisión. El documento propone universalizar el acceso a la energía, implementar subastas de nivel de servicio para seleccionar operadores eficientes y asegurar la expansión oportuna de la oferta mediante la declaración de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES).
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El diagnóstico advierte sobre cuellos de botella institucionales, demoras en permisos, déficit de gas y subsidios mal focalizados. Para enfrentar estos retos, el informe recomienda liberar el precio del diésel, sanear financieramente el sector, focalizar subsidios y promover la entrada de nuevos actores en generación y comercialización de energía. Además, enfatiza la necesidad de repensar la transición energética con metas realistas, electrificación eficiente y una política de adaptación climática que incorpore criterios de resiliencia ante eventos extremos.
Salud: estabilización y transformación institucional
El capítulo de Así Vamos en Salud advierte sobre una crisis financiera de magnitud considerable en el sistema de salud. El informe indica que la liquidez inmediata está comprometida, con deudas acumuladas y patrimonio negativo en las aseguradoras. Entre las estrategias inmediatas, se propone utilizar vigencias futuras, reasignar gastos y acelerar el reconocimiento de pagos del Presupuesto Máximo.
A mediano y largo plazo, la alianza recomienda mantener el modelo de aseguramiento, fortalecer la Atención Primaria en Salud, modernizar la infraestructura hospitalaria y dignificar el trabajo del talento humano. El informe subraya la importancia de avanzar hacia una historia clínica electrónica interoperable y la creación de un marco de priorización para el uso eficiente y sostenible de los recursos.
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Seguridad: agenda integral frente al crimen y la fragmentación institucional
El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) describe que Colombia enfrenta un ecosistema criminal fragmentado, con múltiples organizaciones delictivas especializadas en disputa por economías ilegales. El documento propone fortalecer las capacidades estatales, desmantelar el crimen organizado, modernizar la justicia, actualizar la política antidrogas, reorganizar la Policía Nacional y fortalecer la seguridad pública.
Entre las acciones sugeridas están la reactivación de personal retirado, incorporación acelerada de mujeres en la fuerza pública, creación de fuerzas de respuesta rápida y la opción de un impuesto temporal a la seguridad. Se plantea, además, la necesidad de una ley anticrimen, la modernización del sistema judicial y la descentralización de competencias a los gobiernos territoriales.
Modernización regulatoria: simplificación y adaptación institucional
La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) destaca la urgencia de simplificar y modernizar el marco normativo colombiano, eliminando duplicidades y promoviendo reglas claras. El informe identifica cinco dimensiones claves: seguridad jurídica, eficiencia institucional, legitimidad democrática, competitividad y modernización regulatoria. El objetivo es convertir el marco jurídico en una herramienta estratégica para la productividad y la confianza.
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