Campaña Petro 2022: Comisión de Acusaciones recibió solicitud para investigar al presidente por posibles irregularidades en su campaña

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes enfrentaría una nueva controversia tras revelarse en la jornada del lunes 18 de mayo de 2026, a 81 días del final del mandato del presidente de la República, Gustavo Petro, un documento que solicitaría abrir una investigación formal contra el mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.

Según información revelada por Caracol Radio, el texto, conocido como salvamento de voto, fue elaborado por uno de los tres representantes investigadores -del que no se reveló su identidad- y buscaría evitar el archivo del expediente, al argumentar que existen elementos suficientes para avanzar en el proceso. En 60 páginas el parlamentario expondría cuatro hechos sobre las posibles violaciones.

Entre los puntos destacados sobre aparentes contravenciones a las normas electorales y penales, figuraría la presunta recepción de aportes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), organización que, conforme a la sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional, tiene prohibido realizar donaciones a las campañas presidenciales.

El salvamento revelado sostendría que se identificaron registros que vincularían a Fecode con la financiación de la campaña de Petro Presidente. A su vez, el segundo eje de la investigación se centra en la Unión Sindical Obrera (USO) y la aprobación de 600 millones de pesos durante la XX Asamblea Ordinaria Nacional efectuada en junio de 2022, que también fueron a dar a la campaña de Petro.

Los argumentos por los que se ordenaría investigación a la campaña Petro presidente

De acuerdo con el documento, estos recursos estaban destinados a reforzar la campaña en la segunda vuelta presidencial y el acta de la asamblea de la organización gremial es presentada como “prueba documental autónoma de un aporte proveniente de fuente prohibida”, por lo que se advirtió que dichos fondos no fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la contabilidad.

Del mismo modo, la tercera línea de investigación abordaría la superación de topes electorales mediante supuestas irregularidades en la facturación de servicios aeronáuticos. Según el análisis, la empresa Sadi S.A.S. habría emitido facturas originales por servicios de transporte aéreo que luego fueron sustituidas por otras de menor valor a través de notas de crédito; una situación irregular.

En ese sentido, una auditoría forense de la firma Nexia Montes & Asociados identificó en estos conceptos una diferencia de 1.249 millones de pesos en la primera vuelta y de $962 millones en la segunda, siendo estas cifras que, según el salvamento, que tampoco habrían sido reportadas correctamente al CNE, como se pide a los aspirantes presidenciales en estos procesos.

Y por último, el cuarto punto haría referencia a pagos irregulares a testigos electorales canalizados por Ingenial Media S.A.S. mediante empresas de giros postales. En este apartado, el texto detalla que se habrían pagado 932 millones de pesos a 30.256 testigos en la primera vuelta y $177 millones a 5.328 en la segunda, sin que estos montos fueran incluidos en las declaraciones de Cuentas Claras.

El representante investigador que elaboró el salvamento, de acuerdo con el citado medio, rechazaría la tesis de atipicidad propuesta en el proyecto de archivo, liderado por el oficialista Alirio Uribe, y sostendría que las conductas analizadas serían configurables dentro de delitos relacionados con financiación de campañas con fuentes prohibidas y violación de topes electorales en campaña.

Además, advertiría que la delegación de funciones financieras en integrantes de la campaña, como Ricardo Roa Barragán, que fue gerente de la campaña y hoy oficia como presidente de la estatal Ecopetrol, y otros responsables administrativos, “no excluye la responsabilidad penal del entonces candidato”; de esta manera plantearía la posibilidad de una responsabilidad por comisión por omisión.

Según reportó Caracol Radio, este salvamento de voto revelaría una clara división en la terna de la Comisión de Acusaciones, que está compuesta por Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wílmer Carrillo, del Partido de la U, responsables de adelantar la investigación sobre la campaña de Petro, que también ha sido objeto de decisiones por parte del CNE, que sancionó a miembros de su equipo.

En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a si el caso debe archivarse, como propone Uribe, o si existen suficientes elementos para tramitar la apertura formal del proceso contra el mandatario. Entre sus motivos, el congresista del Pacto ha argumentado la “ausencia total de dolo” y la “voluntad acreditada del investigado de actuar bajo el principio de transparencia y cumplimiento legal”.