Los capos colombianos que fueron extraditados a Estados Unidos y, después de cumplir condena, recuperaron la libertad y afrontan un nuevo peligro: una oleada de citaciones judiciales para resolver su estatus migratorio, que podría desembocar en deportaciones a su país natal o, en escenarios alternativos, a destinos tan hostiles como prisiones en El Salvador, países del sudeste asiático o África.
Fuentes cercanas a los exconvictos explicaron a Semana sobre las graves amenazas que los aguardan en Colombia: muchos dejaron cuentas pendientes con antiguos rivales del narcotráfico, y cargarían además el estigma de haber colaborado con la justicia estadounidense como condición para obtener rebajas sustanciales en sus condenas.
Uno de los elementos diferenciadores de esta situación es que varios narcotraficantes de alto perfil, como Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, y Mauricio López Cardona, alias Yiyo, ya han sido recluidos en el South Florida Detention Facility, conocido en el ámbito penitenciario como Alligator Alcatraz. Esta prisión para migrantes funciona en el estado de Florida y representa el destino inmediato para quienes atienden la citación migratoria y no logran evitar la detención. Ellos quedaron bajo custodia tras presentarse ante las autoridades en busca de una resolución de su estatus migratorio.
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El núcleo del conflicto se encuentra en la decisión sobre el futuro de estos excapos: podrían ser enviados a Colombia, donde su vida corre peligro, o deportados a terceros países, opción que, según el abogado Michell Pineda —representante del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna—, puede incluir el sudeste asiático, África o Costa Rica, por lo que plantearon pedir ayuda al gobierno estadounidense.
Pineda explicó al medio citado: “Es la alternativa que la justicia americana les da a estas personas para que no sean asesinadas en su país de origen, pero quién va a querer ir a un país en el que no conoce sus costumbres, no maneja su idioma, no está cerca de su familia, nadie quisiera estar en el destierro”.
El proceso de deportación se encuentra a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), agencia con la que los abogados de los excapos mantienen negociaciones para intentar evitar la expulsión.
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Los abogados buscan evitar deportaciones a zonas de alto riesgo
Los excapos más notorios, como Javier Calle Serna, alias Comba, y Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, se movilizaron rápidamente junto a sus representantes legales para impedir la intervención del ICE. Según Semana, estos intentan frenar cualquier procedimiento que pudiera concluir con su deportación, sea a Colombia o cualquier tercer país decidido por las autoridades estadounidenses.
Es importante aclarar que el gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, ha considerado la posibilidad de enviar a los excapos incluso a países con regímenes carcelarios sumamente estrictos, como El Salvador.
Esta estrategia de defensa no garantiza el éxito. El proceso migratorio incluye comparecencias ante cortes americanas en las que se determina el destino final de cada individuo. Quienes acuden a esas citaciones sin haber logrado una solución legal suelen terminar en centros de detención, escenario que los propios excapos buscan eludir a toda costa.
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El caso Rogelio: cooperación con la justicia y temor al retorno
Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, exjefe de la Fiscalía en Medellín, cabecilla de La Oficina y de los bloques paramilitares Héroes de Granada y Cacique Nutibara, ejemplifica el dilema. Tras ser capturado y extraditado, Rogelio decidió colaborar con autoridades estadounidenses y testificó en contra de otros capos, como el general retirado Mauricio Santoyo, exjefe de Seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y Luis Fernando Castaño, alias Botija. Ambos tuvieron destinos distintos: Santoyo regresó a Colombia, Castaño fue asesinado en Medellín en enero de 2018.
“Rogelio”, por su parte, busca evitar el mismo destino. De acuerdo con Semana, mantiene un equipo de abogados que explora todas las vías posibles para postergar su comparecencia ante el ICE o prolongar el proceso judicial. Fuentes consultadas por la revista creen que alias Rogelio podría estar refugiado en un pequeño poblado de Estados Unidos; otras sugieren que estaría oculto en México bajo protección de antiguos aliados del narcotráfico.
En Colombia aguarda una orden de captura en su contra, relacionada con el asesinato de investigadores del CTI a manos del paramilitarismo, así como el reclamo de justicia por parte de las víctimas. Para el abogado Pineda, la ausencia de garantías para la vida y los derechos de estos excapos representa el principal obstáculo para una repatriación eficaz.
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El defensor Pineda señaló: “Si Colombia tomara en serio la necesidad de una normatividad de repatriación de la verdad, como lo hemos pedido en el caso de Diego Fernando Murillo, donde se brinden garantías reales en la vida y en los derechos de esas personas que puedan venir a aportarles en verdad a las víctimas del país, y con eso amainar el conflicto, otro sería el camino”.