La implementación de un nuevo software de georreferenciación en la Unidad Nacional de Protección (UNP) generó objeciones entre sindicatos de escoltas y organizaciones sociales en Colombia. Representantes de estos sectores advirtieron sobre riesgos de vigilancia y posibles afectaciones laborales tras conocer detalles preliminares de la herramienta tecnológica.
En diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Gallo, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada (Analtraseg), expresó que hace dos días la UNP citó a gerentes y operadores a una reunión para socializar el funcionamiento del nuevo sistema.
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Gallo señaló que desconocen el origen y el desarrollador del software, y recordó que la última aplicación implementada, la línea 103, fue desarrollada por una empresa israelí. El dirigente sindical advirtió que el nuevo sistema crea un “cerco georreferenciado” que obliga a escoltas y personas protegidas a reportar su ubicación dos veces al día, con lo que se rastrea la posición exacta de los beneficiarios de la protección estatal.
Gallo cuestionó la necesidad de esa geolocalización. “Para poder hacer esto hay que cogerlos con un GPS y acercarlos, y van a saber siempre dónde va a estar el protegido. ¿Quién nos garantiza a nosotros que ese programa no puede ser manipulado, que no van a poder ingresar, que no le pueden desarrollar otras opciones, como ver dónde está el protegido, cuántas veces ellos quieran abrir cámaras, abrir audios, abrir video?”.
El presidente de Analtraseg indicó que considera que el esquema plantea riesgos de “seguimiento ilegal digital” y evocó episodios pasados de interceptaciones vinculadas al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
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También en diálogo con Infobae Colombia, Otoniel Díaz Bonilla, director nacional de la Unidad Nacional de Líderes Sociales, organización que agrupa a más de 4.000 personas, manifestó su preocupación por el uso de herramientas tecnológicas en el Sistema Nacional de Protección.
“La protección no puede empezar a confundirse con vigilancia. Y en un país con antecedentes tan graves como lo ocurrido con el DAS en la historia reciente, resulta apenas legítimo que nosotros, los liderazgos sociales, los mismos periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, expresen la preocupación frente a herramientas que implican georreferenciación, acceso a dispositivos móviles o capacidades similares”.
El dirigente de líderes sociales planteó la necesidad de que toda herramienta de este tipo cuente con transparencia, socialización y control independiente.
Gallo criticó la decisión de establecer una tarifa única, pues sostiene que las empresas privadas determinarán los salarios de los escoltas, desplazando una práctica de dieciocho años en la que la UNP fijaba esos valores conforme al salario mínimo.
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El presidente de Analtraseg advirtió: “Ahora estas empresas seguramente van a bajar los salarios para recibir mayores dividendos y vamos para atrás, este programa va es para atrás”.
UNP se pronunció
Ante la filtración de información sobre el software, la Unidad Nacional de Protección emitió un comunicado en el que lamentó que detalles técnicos preliminares divulgados a operadores privados se hayan presentado en forma “fragmentada y tergiversada”, lo que, según la entidad, busca generar pánico entre los beneficiarios y desinformar a la opinión pública. La UNP recordó que las empresas contratistas y sus representantes tienen obligaciones legales de confidencialidad y reserva institucional.
La administración actual de la UNP señaló que continuará los procesos de formalización y dignificación laboral de los escoltas, corrigiendo distorsiones de modelos de tercerización y fortaleciendo sus capacidades institucionales.
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“La modernización tecnológica, la transparencia y el control del gasto público no pueden convertirse en objeto de ataques o campañas de desinformación por parte de sectores que pretenden mantener espacios de opacidad o impedir la implementación de herramientas indispensables para combatir irregularidades y proteger el erario”, es parte del pronunciamiento que hizo la UNP; además, fue convocada una mesa técnica con la participación de organizaciones sociales y la entidd para discutir el alcance y las garantías de este tipo de innovaciones en el sistema de protección.
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