Continúan los problemas legales para Víctor Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva, por una denuncia en poder de las autoridades de una heredera del sector constructor, respaldada por grabaciones y testimonios, que desató una tormenta judicial y política en el municipio. El caso, centrado en la construcción de un palacete valuado en USD 6.000.000, llevó a la captura del mandatario local y a la apertura de investigaciones por corrupción en esta población histórica de Boyacá.
María Victoria Solarte Daza, heredera de una reconocida familia constructora, declaró que el alcalde Víctor Gamboa Chaparro le solicitó un pago a cambio de agilizar la licencia para su proyecto en el predio San Cayetano. Según la empresaria, la exigencia implicaba entregar un porcentaje del valor de la obra y presentó grabaciones y documentos que sustentan su denuncia.
“El alcalde me llama y me dice que lo de la licencia ya estaba listo (...) y me pidió un porcentaje para uno y un porcentaje para otro. La verdad, me dejó fría porque no tenía ni idea de por qué estaba haciendo eso. Yo le dije: ‘Voy a pensarlo y te llamo después’, porque no sabía qué responder o hacer. Creo que era un 20 por ciento: 10 para el que me dijo que estaba preocupado porque quería renunciar, el de planeación; creo que mencionó Corpoboyacá. No me acuerdo cuáles otros; eran como tres o cuatro. Eso fue en febrero o marzo”, detalló Solarte Daza en su relato revelado por El Tiempo.
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La empresaria afirmó que, tras negarse a pagar, decidió dejar constancia de las conversaciones con el alcalde mediante grabaciones. Estas fueron parte del material con el que la Fiscalía General de la Nación impulsó la investigación, que culminó el 7 de mayo de 2025 con la detención del alcalde Gamboa Chaparro, acusado de concusión y prevaricato por acción.
Audios y testimonio sobre el supuesto soborno
En una de las grabaciones, Solarte le expuso a Víctor Gamboa Chaparro su incomodidad por la solicitud: “Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Estuve dándole muchas vueltas a lo que conversamos ayer y no me siento cómoda, no estoy tranquila. Es que siento que va en contra de mis valores, de lo que me enseñaron mis papás; no me estoy sintiendo cómoda, entonces no quiero que procedamos así”.
El alcalde de Villa de Leyva respondió: “Ok, doc., yo te entiendo perfectamente y quiero que tú también me entiendas a mí (...) Lo único que nosotros hemos pretendido hacer es resolver ese problema; si fuera otro, dijera: dejemos eso así y ya. Entiendo tu posición, pero espero me entiendas a mí porque tampoco es fácil para mí eso, pero no veo otro camino que bregar a ayudar al equipo (...) yo estoy es en una posición de ‘razonero’”.
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Solarte relató que el mandatario local le indicó vincular a un tercero, identificado como Juan Camilo Sánchez Torres, con el fin de tener control sobre la obra como condición para avanzar en el trámite administrativo. Para la denunciante, la suma solicitada representaba una “cuota inicial” destinada, según ella, a varios funcionarios municipales y regionales, explicó el medio citado.
Consecuencias tras negarse al pago y reacción de las autoridades
Solarte Daza describió una persecución institucional después de rechazar el pago, “nos llegó una notificación para demoler las obras de inmediato”, expresó la empresaria. Paralelamente, un inspector municipal impuso una multa inicial de $30.000.000.000, que fue reducida a $232.000.000 tras una revisión legal.
El proceso penal se sostiene en los audios y mensajes que la defensa de Solarte entregó como originales y sin alteraciones. Por su parte, el equipo jurídico de Víctor Gamboa Chaparro sostuvo que las grabaciones podrían haber sido modificadas, incluso por medios tecnológicos avanzados, y argumentó que hubo “entrampamiento”.
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Ambas partes presentaron peritajes técnicos: la defensa de la empresaria recurrió a la consultora internacional Control Risk, que certificó la autenticidad de las pruebas. El abogado del alcalde de Villa de Leyva, José Ricardo Burgos, insistió en la legalidad de los audios, lo que añadió complejidad al caso. La Fiscalía incautó celulares de funcionarios relevantes para revisar el flujo de comunicaciones entre los actores involucrados.