El presidente de la República, Gustavo Petro, convocó el jueves 14 de mayo a las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a defender la jurisdicción agraria, en un momento en que la reglamentación para su implementación estaría en riesgo de naufragar en el Congreso, al no registrar avances en su tránsito por el Senado, en el que la discusión se ha visto truncada por la falta de cuórum.
En su mensaje en la red social X, el jefe de Estado advirtió que está en juego la posibilidad de volver a “la violencia de mediados del siglo XX”, en relación con lo que, según él, serían las trabas en la discusión del articulado, cuando faltan menos de cinco semanas para que venza el plazo legislativo previsto.
El proyecto de ley que reglamenta la jurisdicción agraria debe ser aprobado en las plenarias de Cámara de Representantes y Senado antes del próximo 20 de junio. De no lograrse, la normativa se archivará y los juzgados agrarios, creados por mandato constitucional y con apertura programada para 2027, no tendrán marco regulatorio; en medio de las diferencias sobre el alcance de dos puntos que resultan cruciales.
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La definición del alcance de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la protección de la propiedad privada son los puntos centrales del actual estancamiento. Con ese panorama, Petro indicó que “solo el pueblo decide si retrocedemos a la constitución de 1886, atrás incluso de la ley 200 de tierras de 1936 en la ‘Revolución en Marcha’”, impulsada por el expresidente liberal Alfonso López Pumarejo.
En su concepto, en caso de que no vea la luz, esta determinación dejará “la tierra en manos de terratenientes o se aplica el estado social de derecho de la Constitución de 1991 y el acuerdo humano de la ONU sobre los derechos campesinos a la propiedad de la tierra”. En ese orden de ideas, llamó a las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a coordinarse para una “gran lucha por la tierra”.
Advirtió que el actual curso del Congreso podría devolver al país a políticas de concentración de tierras y violencia rural. Y es que desde abril de 2026, la Ley Estatutaria 2570 estableció la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, mientras la Sentencia C-099 de la Corte Constitucional ordenó al Consejo Superior de la Judicatura implementar gradualmente los tribunales y juzgados agrarios.
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Sin embargo, el proyecto de ley, condición indispensable para que los jueces empiecen a operar, sigue bloqueado ante el Senado. La respuesta de Petro frente a esta situación sería la de legitimar por la vía social la agenda de reforma agraria, en una nueva movilización de la que no se conocen mayores detalles, pero que se adelantarían en medio de la campaña electoral, con miras a la primera vuelta presidencial.
El futuro de la propiedad rural, en manos del Congreso
En su mensaje, Petro fue enfático en la dicotomía entre el debate parlamentario y la historia de violencia rural en el país. “Demostraremos con la decisión del pueblo en las urnas, primer momento constituyente y con la gran movilización del pueblo de Colombia, segundo momento constituyente, que se deben cumplir las órdenes de la Constitución nacional vigente y de las sentencias de las cortes internacionales”, destacó.
A lo que se sumaría, de acuerdo con el gobernante, los tratados que Colombia ha suscrito sobre el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes a la tierra, la autonomía y la cultura y el derecho del campesinado a la tierra. Hasta el momento, la falta de cuórum que ha detenido el avance del debate, ante los señalamientos de los partidos opositores de que las facultades que se le entregarían a la ANT serían exclusivas de jueces y pueden traducirse en expropiaciones administrativas.
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Frente a esos señalamientos, el Gobierno nacional radicó un mensaje de urgencia para acelerar el alcance del proyecto ante un plazo perentorio. Los antecedentes normativos de la jurisdicción, como el Acto Legislativo 03 de 2023 y la Ley Estatutaria 2570 de 2026, ya consolidaron la existencia y estructura judicial de la jurisdicción, pero la ley de procedimientos se mantiene pendiente de aprobación.
“Espero las decisiones de la coordinación social frente a la terrible sentencia de amigos del poder terrateniente que hoy por hoy es un poder mafioso. Ya vemos cómo han ayudado a los banqueros a robarse el ahorro del pueblo trabajador y ahora, literalmente, queda en pie el robo del narcotráfico a las tierras de la nación que son del pueblo colombiano y fue la causa de la muerte de 200.000 personas”, afirmó Petro.