La denuncia de Alejandro Lopera, que fue jefe de prensa de la campaña presidencial del general retirado Gustavo Matamoros, encendió las alertas el jueves 14 de mayo de 2026 sobre la manera en que el exoficial habría adelantado su aspiración al primer cargo de la Nación. El exoficial es señalado de no hacer los pagos acordados con su equipo colaborador y de no cumplir con requisitos legales de su aspiración.
La veracidad del testimonio del comunicador fue corroborada por Infobae Colombia por otra persona vinculada a la estructura de la campaña, que pidió reserva de su identidad, y por los documentos en los que el exmiembro del Ejército Nacional sería señalado de no honrar ni con los honorarios de los que le prestaron servicios a su campaña, ni de designar a los encargados de llevar la contabilidad de la misma.
Esta fuente señaló que el incumplimiento de los compromisos contractuales ha afectado de manera grave la estabilidad financiera de quienes fueron vinculados a esta empresa, que fueron desvinculados bajo la promesa de un pago inminente que nunca llegó. Este asunto causó una fuerte molestia al interior de la colectividad, que conminó al candidato a ofrecer respuestas frente al escándalo que sacude sus bases.
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En su exposición de motivos, hecha en redes sociales, Lopera aseguró haber renunciado a un cargo anterior tras recibir la oferta de un salario superior a 15 millones de pesos, pero tanto él como otros trece colaboradores afirman que, a la fecha, no han recibido ningún pago por su trabajo en la campaña, quedando expuestos a deudas e impactos en su vida crediticia. Una denuncia que quedó consignada por escrito.
Partido Ecologista Colombiano advirtió “grave omisión” y sanciones inminentes a Matamoros
En uno de los documentos conocidos por Infobae Colombia, el partido Ecologista dejó claro su distanciamiento de la campaña de Matamoros, pues no ha designado dos figuras que son claves para darle visos de legalidad a su campaña. Así quedó expuesto en el requerimiento que le fue remitido el 12 de mayo, en el que la junta directiva de la colectividad recordó sobre la necesidad de cumplir con los requisitos legales.
“Usted no ha procedido formalmente con el nombramiento de contador público ni de auditor interno para la campaña. Le recordamos que estos cargos no son opcionales; son requisitos esenciales exigidos por la Ley 1475 de 2011 para garantizar la transparencia en el origen, manejo y destino de los recursos”, se precisó en la comunicación, conocida a menos de tres semanas de que se efectúe la contienda electoral.
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El partido aportó un soporte del aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), documento que “evidencia la ausencia de registros de su actividad contable”. Gregorio Navarro, representante legal del partido, indicó que “la falta de registro en tiempo real de los ingresos y gastos constituye una falta gravísima que puede derivar en sanciones y administrativas severas tanto para usted como para nuestra colectividad”.
En el mismo requerimiento, la colectividad política informó haber recibido, el 11 de mayo, una comunicación de asesores que presentaron una alerta formal sobre las obligaciones pendientes de la campaña. Para la organización política, el aval otorgado fue de “naturaleza estrictamente política” y recalcó que “la gestión, contratación y liquidación de cualquier obligación económica recae exclusivamente” en Matamoros.
Ante la gravedad de las denuncias recibidas, la representatividad anticipó consecuencias. “De persistir el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley 1475 de 2011 y los estatutos internos, el Partido Ecologista Colombiano calificará su conducta como renuente. Esta declaratoria activará de inmediato los protocolos de sanción interna y el traslado de su expediente ante el Consejo Nacional Electoral”, agregó.
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Proveedores alertaron mora de cuatro meses: tomaron medidas contra Gustavo Matamoros
El pronunciamiento del Partido Ecologista Colombia se conoció luego de que el grupo asesor de campaña denunció el retraso en los pagos ante la secretaría general de esta estructura política. Según el documento, “se adeudan cuatro meses de honorarios correspondientes a servicios estratégicos y operativos ejecutados desde enero de 2026″, y detalló que, pese al cumplimiento de las obligaciones, “el pago ha sido inexistente”.
En su denuncia, los afectados afirmaron que la intermediaria International Market Consultant SAS formalizó la contratación de los servicios; pero pese a ello, la prestación directa favoreció al candidato Matamoros y a su plataforma, por lo que alegaron que era obligación del candidato y su hijo, Gustavo Matamoros Galvis, que lo acompaña en esta aspiración, pactar los deberes en materia de salarios con sus colaboradores.
“El retraso en los pagos ha derivado en perjuicios económicos colaterales, tales como el cobro de intereses de mora en obligaciones bancarias personales y afectaciones al historial crediticio. Estos sobrecostos financieros son responsabilidad directa del contratante y serán incluidos en cualquier acción legal de cobro como indemnización de perjuicios”, se acotó en la comunicación, también conocida por Infobae Colombia.
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El grupo de asesores anunció que solicitarán la intervención de la veeduría del partido y, de persistir la inacción, escalarán el tema a instancias judiciales y administrativas. El hecho en mención ya desembocó en una queja ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y estaría en camino de abrir investigaciones para que se adelante la verificación de la estructura administrativa, financiera y contractual de la campaña presidencial.
En el desarrollo de este artículo, Infobae Colombia intentó obtener la versión del candidato Gustavo Matamoros sobre los hechos denunciados, a través de servicio de mensajería Whatsapp y con llamada telefónica a su número registrado. Hasta el momento de la publicación, no fue posible obtener respuesta oficial por parte del aspirante, que es hoy blanco de fuertes acusaciones.