Millones de hogares en Colombia con ingresos inferiores a un salario mínimo legal enfrentan dificultades para cubrir sus deudas y las consecuencias legales asociadas al impago. En muchos casos, estas obligaciones superan tres salarios mínimos, lo que incrementa la presión financiera y el riesgo de sanciones judiciales.
Si una persona no puede pagar una deuda en Colombia, existen alternativas legales como la negociación directa, la refinanciación, la reestructuración de la deuda o la insolvencia de persona natural no comerciante, alternativas que se deben tener en cuenta ante el proceso legal que puede incluir notificaciones, cobros judiciales, embargo de bienes y registros negativos en los centros de información financiera.
Además, es necesario tener en cuenta que hay límites y plazos establecidos para el embargo y la permanencia de reportes negativos, lo que fue explicado por la abogada Claudia García directora jurídica de Clave Judicial.
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La experta aseguró que el proceso comienza con el cobro prejurídico, donde el deudor recibe llamadas o notificaciones sobre el pago pendiente. Si no hay un acuerdo, el caso avanza a cobro jurídico y puede terminar en una demanda formal, lo que permite que un juez pueda ordenar el embargo de bienes o salarios.
Opciones para negociar y refinanciar deudas
Los ciudadanos que enfrentan deudas disponen de mecanismos legales para resolverlas sin llegar a instancias judiciales, debido a que pueden negociar acuerdos de pago, refinanciar, o reestructurar directamente con el acreedor.
También existe el procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante, que permite reorganizar obligaciones, congelar embargos y reestructurar pagos bajo supervisión. Este trámite se realiza ante centros de conciliación autorizados o en notarías habilitadas y se regula en el Código General del Proceso, de acuerdo con lo informado por García.
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Consecuencias legales del impago de deudas
En etapa judicial, la ley faculta al juez para ordenar el embargo de bienes, cuentas bancarias y hasta el 50% del valor que exceda el salario mínimo legal vigente. Esto ofrece un resguardo parcial para aquellos que solo cubren necesidades básicas.
Así lo explicó la experta: “La ley permite que un juez embargue bienes, cuentas bancarias y parte del salario. En materia salarial, solo es embargable hasta el 50% del valor que exceda el salario mínimo legal vigente, conforme a la legislación laboral y procesal colombiana y en el caso de cuentas bancarias que no exceda el límite de inembargabilidad que corresponde a un valor de $55.099.308, conforme a la Circular 058 de 2025 de la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente entre el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026”.
Del mismo modo, la abogada aseguró que los intereses por mora solo pueden cobrarse dentro de los límites fijados por la autoridad supervisora, y cualquier cobro superior es ilegal y puede denunciarse.
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Prescripción de deudas y reportes en Datacrédito
El periodo de prescripción de las deudas, según el tipo de obligación y respaldos legales, varía generalmente entre 3 y 5 años. En cuanto a los reportes negativos en centros de información financiera como Datacrédito, la Ley 2157 de 2021 establece que permanecerán el doble del tiempo en mora y hasta un máximo de cuatro años una vez cancelada la obligación.
“El reporte negativo caduca en un plazo máximo de 8 años contados desde la fecha de la mora, independientemente de si la obligación fue pagada o no”, explicó, lo que se respalda con la Ley de Borrón y Cuenta Nueva.
Preguntas frecuentes sobre deudas impagas
En Colombia, está prohibida la cárcel por deudas civiles, salvo en casos de incumplimiento de obligaciones alimentarias, que pueden constituir delito.
Cuando una persona fallece con deudas pendientes, estas se incluyen en la sucesión y se pagan con los bienes del fallecido. Los herederos solo responden con su patrimonio si aceptan la herencia sin inventario o sin reserva.
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Es fundamental buscar vías legales de negociación antes de que las deudas lleguen al embargo, ya que existen opciones para regularizar la situación y proteger el patrimonio.